¿ES GOBERNABLE LA EDUCACIÓN EN ESPAÑA? (IV)

La dimensión cuantitativa del colectivo del profesorado, su vinculación estatutaria funcionarial con la Administración Pública y la naturaleza interpersonal de la actividad educativa complican extraordinariamente la toma de decisiones para  lograr una buena educación o una educación de calidad, como es moda decir, cuando la misma idea de calidad no cuenta con criterio unánime de aceptación ni entre los agentes educativos institucionales ni entre las familias.

El número de profesores del sector público de los niveles no universitarios se acerca a los cincuenta mil en la Comunidad Valenciana y al medio millón en todo el Estado. Todo un ejército difícil de gobernar y más si se tiene en cuenta el imperativo constitucional del artículo 27.7 que establece: «Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca». Basta con  que una fracción de esta fuerza de choque se sienta molesta, discrepe, haga ruido mediático o directamente declare la guerra para que naufrague cualquier propuesta de reforma y se malbarate y frustre la carrera política del Conseller o Ministro de turno. En fin, la educativa no es una empresa cualquiera de producción industrial, por más que el economicismo rampante haya dado carta de naturaleza al vocablo empresa y a otros del mismo tenor como competitividad, estándares de aprendizaje, niveles de logro y otras escorias de la jerga pedagógica.

En el año 1999 ─hace ya 16 años─ el entonces catedrático de Sociología de la Educación de la Universidad de Salamanca, Mariano Fernández Enguita, escribió en Cuadernos de Pedagogía un artículo titulado ‘¿Es pública la escuela pública?’, que produjo el efecto de una pedrada sobre un avispero. La tesis del catedrático era que la escuela pública no era pública, sino estatal; que estaba supeditada a los intereses particulares y corporativos de los profesores; que éstos ceñían sus preocupaciones al intento de reducir el calendario escolar y el horario de trabajo en el centro y a convertir  su autonomía profesional en tiempo libre retribuido. De la situación del profesorado culpaba a tres hechos: la feminización de la docencia, la pérdida de la vocacionalidad y la responsabilidad acomodaticia de los sindicatos.

Aun reconociendo que los fenómenos incisivamente criticados por Fernández Enguita siguen teniendo vigencia, nos parece, ahora como en el momento de la aparición del célebre artículo, que su orientación es desenfocada. El profesorado es un elemento sistémico (del sistema escolar) y centrar en él en exclusiva o aisladamente la responsabilidad de todos los males (cuando acaso sean los profesores más víctimas que causantes) es científicamente incorrecto y, como estrategia de una posible política reformista, un camino que conduce al fracaso.

La cuestión es si con el actual régimen jurídico de los profesores la educación puede ser bien gobernada. Un Estatuto jurídico del Profesorado comprende la formación inicial, su naturaleza funcionarial (o laboral, en su caso), los Cuerpos docentes afectados (nada menos que doce, si contamos el Cuerpo de Inspectores de Educación), las funciones de cada Cuerpo, los derechos y deberes de los profesores, las plantillas o relaciones de puestos de trabajo, los sistemas de selección e ingreso, la estructura retributiva, la carrera docente o promoción interna, la provisión de plazas, la redistribución y reasignación de efectivos... En fin, la regulación de toda la vida del docente desde que accede a la formación inicial hasta que se extingue por jubilación, muerte o cualquier otra circunstancia reglada.

El único Estatuto formal de que tenemos noticia data del año 1947, el Estatuto del Magisterio Nacional. De entonces hasta aquí no se ha podido elaborar y aprobar un cuerpo orgánico y sistemático que recoja la profusa normativa dispersa en disposiciones de distinto rango. En el marco de la LOE, el gobierno socialista llegó a completar un borrador de ley orgánica sobre el Estatuto del Profesorado, que se frustró al llegar el PP al poder con el propósito, que cumplió, de implantar una nueva ley, la LOMCE.

Pues bien, el informal régimen jurídico de los profesores vigente en la actualidad hace pensar que los intereses de éstos pesan demasiado en la configuración de todo el sistema, en el que los intereses de los alumnos deberían anteponerse. Tiene uno la impresión de que la gestión  del personal docente y la propia actividad auto organizativa de la Administración consumen la mayor parte de las energías del sistema que habrían de ir directamente a la actividad de las aulas. Concursos de traslados anuales, bolsas de interinos que crean la curiosa figura del interino indefinido, permanente o de por vida, inestabilidad de las plantillas que impide el establecimiento de vínculos imprescindibles con la comunidad, entre otras innumerables disfunciones, son muestras de un nudo intrincado de ineficiencias propias de un sistema enfermo de una patología terrible, la burocratización de la enseñanza.

Como  los profesores son determinantes en el funcionamiento de la educación, es fácil caer en la tentación de responsabilizarlos de los fracasos y de acusarlos de haber patrimonializado la escuela pública. Resulta una estrategia equivocada e injusta, de la misma forma que lo es la de intentar realizar reformas radicales y totales, que al final devienen imposibles. Hay que seleccionar elementos neurálgicos del sistema y proceder a modificarlos sin grandes alharacas, paso a paso. En este sentido, cambiar esencialmente la formación inicial de los docentes (hoy muy deficiente, en manos de profesores de Universidad), previa la fijación de una alta nota de corte para acceder  a ella, sería un avance histórico, casi revolucionario.

EL BAGAJE DE LA SEÑORA BONIG

Con ese estilo directo, decidido y autosuficiente que gusta mostrar la nueva Presidenta Regional del PP valenciano en sus intervenciones públicas, pontificaba recientemente la ex alcaldesa vallera afirmando ante sus conmilitones que, efectivamente, los políticos estaban mal pagados «porque llegan a la política gentes sin trayectoria profesional en la sociedad civil y sin ningún tipo de bagaje».

No podemos saber si la dirigente popular se refería al joven Vicent Marzá, promovido sorprendentemente por el Bloc a la Consellerria de Educación en el gobierno bipartito,  o pensaba en algún otro espécimen de su propio Partido, en el que tanto han abundado buscavidas y aprovechados en veinte años de poder hegemónico. De lo que sí estamos seguros es de que la señora Bonig no se refería a ella misma, que debe considerarse protagonista de una brillante trayectoria profesional y un bagaje (piénsese en el sentido militar del término) pletórico de méritos, que son los que le aseguraron el éxito en la política.

Adentrémonos, pues, en el currículum vitae de la dirigente popular con la ilusión de descubrir excelencias y la precaución de no dejarnos deslumbrar por tanta presupuesta maravilla. Sabemos de la señora Bonig que estudió la carrera de Derecho en la UJI con Premio Extraordinario y no seré yo quien diga que la memoria es la inteligencia de los tontos, que eso lo dicen quienes no tienen memoria, pero tampoco procede olvidar que se puede poseer una gran memoria y carecer de toda sindéresis. En las biografías de nuestra lideresa se dice que es abogada, sin que nadie le conozca ejercicio de la abogacía como profesión liberal. El primer trabajo que nos consta de la señora Bonig es  el de funcionaria interina o eventual en el Ayuntamiento de Villafranca del Cid, regido a la sazón por el socialista Oscar Tena (tengamos in mente que la familia Bonig es de tradición socialista). Sin embargo, algo extraño ocurre por ese tiempo que desencadena el big bang de su conversión ideológica y, como no queremos hacer psicologismo y mucho menos moralismo, nos limitaremos a hablar simplemente del fenómeno típico del desclasamiento.

En el año 2002, nuevo capítulo de su vida conversa, aparece como jefa del Servicio de Personal del Ayuntamiento de la Vall d’Uixó. El alcalde es el popular Aparici, personaje célebre por contar con una condena en firme por alzamiento de bienes y algún otro delito conexo. El puesto de la señora Bonig es eventual, de confianza, y, con la Ley de la Función Pública en la mano, ilegal. Cuando en 2003 accede a la alcaldía de la Vall d’Uixó el socialista Josep Tur,  nuestra amiga es rescatada por Alejandro Font de Mora, Conseller de Presidencia, el cual, al ser desplazado a la Conselleria de Educación,  se la lleva también en calidad de asesora. Durante estos años parece ser que la hoy lideresa del PP  intenta obtener una plaza en la Administración de la Generalitat  y concurre a las Oposiciones sin éxito. Como resulta palmario, su trayectoria profesional se reduce, pues, a la ocupación de puestos eventuales o de confianza en las Administraciones Públicas, esos puestos que utilizan los partidos políticos ganadores en las periódicas elecciones para alimentar a su clientela y para la realización de trabajo político en la organización del Partido a cargo de los presupuestos públicos, en la pura versión del  spoil sytem.

Y a buen seguro que la asesora del Conseller Font de Mora hizo excelente trabajo políticopartidario. Presidió una Plataforma por el Futuro de la Vall d’Uixó, lideró la reivindicación de un Hospital para la ciudad (que nunca se construyó) y adquirió notoriedad suficiente para que el Gran Cacique provincial, don Carlos Fabra, hoy en la cárcel, la designase en 2007 candidata a la alcaldía. A partir de aquí, la ex alcaldesa y ex consejera ha ido de éxito en éxito hasta la derrota final del PP en las últimas elecciones locales y autonómicas.

Ya hemos comprobado lo que da de sí su bagaje previo a la entrada en política. Ahora bien, con la vara de mando de alcaldesa en la mano, es otra cosa: entró en el edificio municipal con una carpeta y un listado gritando «todos estos funcionarios rojos han de ir a la calle»; y, en compensación, como ultracatólica confesa, hizo alcaldes honorarios a todos los miembros de la Corte Celestial, y dio muestras inequívocas de su odio a funcionarios y sindicalistas. «¿Qué gran causa hubiera triunfado bajo la bandera del consenso?», escribió la señora Thatcher. Pues ese es el mundo de la Thatcher vallera: un mundo poblado de funcionarios, sindicalistas, rojos y ateos a los que odiar.

    ¿Nos extrañará que quien entró en política sin haber hecho nada en la vida civil tenga la desfachatez de responsabilizar a quienes lo hacen como ella (sin trayectoria, sin bagaje) de los bajos sueldos de los políticos, si esta misma persona, que acaba de abandonar los despachos del gobierno autonómico, donde tardará bastante en desaparecer el hedor de la corrupción, da muestra diarias en su labor opositora de ser ajena a la ruina de la Comunidad que dejaron los suyos en veinte años calamitosos?  No nos extrañará en quien carece de lo que Santo Tomás llamaba scintilla rationis o sindéresis, esa facultad humana intelectiva inmediata de los primeros principios del bien y del mal. Y en sus principios están, entre otras perlas, Aparici y Fabra, el malo.

¿ES GOBERNABLE LA EDUCACIÓN EN ESPAÑA? (III)

Junto a la lucha ideológica fijada en el campo de la educación y los continuos cambios legislativos, existe una tercera causa o factor que contribuye en grado importante a dificultar un ambiente favorable al buen gobierno de las instituciones educativas. Nos referimos a la tensión conflictiva entre el Centro y la Periferia, el Gobierno de Madrid y los Gobiernos Autonómicos, el nacionalismo español y los nacionalismos independentistas. La cuestión no va de una disputa administrativa por más o menos competencias; el asunto se refiere a una pugna persistente e irrenunciable encaminada a superar hitos conducentes a la detentación de competencias exclusivas sinónimas de las de un Estado independiente.

La Constitución Española de 1978, en su art. 149.1.30ª, establece que el Estado tiene competencia exclusiva en el desarrollo de la legislación básica de su artículo 27,  a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en materia de educación. Los Estatutos de la primera generación solían ceñirse a competencias plenas o, todo más, compartidas con el Estado. Pero de entonces a hoy se ha producido un deslizamiento terminológico y semántico no casual de manera que los Estatutos vigentes expresan sus competencias educativas en términos de exclusividad, en el marco, apenas insinuado,  del art. 149.1.30ª.  El Estatuto de Cataluña de 2006 ─de tan infausto recuerdo, hoy más que nunca─ es buen ejemplo de la vis expansiva  del poder público catalán, que encuentra, justo es reconocerlo, adecuada respuesta en la vis expansiva  (o retractiva) del poder del Estado español.  

El Estatuto catalán muestra una preocupación casi neurótica por la lengua catalana y a ella dedica los artículos 6, 32, 33, 34, 35 y 50, pero además el artículo 131, titulado ‘Educación’, recoge la exclusividad competencial en ciertas enseñanzas posobligatorias, en la determinación de los contenidos educativos del Primer Ciclo de Educación Infantil, en la inspección y evaluación interna de la enseñanza, etc.  Y lo mismo ocurre en el Estatuto de la Comunidad Valenciana, que en su artículo 53 dice que es de competencia exclusiva de la Generalitat Valenciana la regulación y ordenación de la enseñanza....   

Conviene precisar que el Estado no es que dé adecuada respuesta al afán de exclusividad competencial de algunas Autonomías, es que, a su vez, utiliza desaforadamente la legislación básica como rejón que penetra sin complejos en territorio ajeno, de forma y manera que no se sabe muy bien quién fue primero, si el huevo o la gallina, tratándose como se trata de dos nacionalismos, el español y el catalán.

La revisión comparativa de las leyes educativas debidas al PSOE, por un lado, y al PP, por otro,  nos pone de relieve que mientras las primeras han contado con el consenso de otras fuerzas políticas, incluidas las nacionalistas, las infortunadas leyes del PP, la LOCE y la LOMCE, se aprobaron, sobre todo la última, en solitario y con el rechazo clamoroso de la derechas nacionalistas vasca y catalana por invadir, dicen, un terreno competencial que les es propio. Así que hétenos aquí que la educación en España padece, junto al enfrentamiento político izquierda/derecha, la distorsión de otro eje de oposición entre nacionalismos, el español y los periféricos vasco y catalán, sin olvidar otros no tan explícitos como el gallego, o larvados, minoritarios y sintomáticos como el valenciano que se alienta en el ideal Els Països Catalans.

El conflicto consiste, por ceñirnos al caso catalán ─al día de hoy a la espera de los resultados electorales del 27 de septiembre para la declaración unilateral de la independencia─ en que mientras el ex ministro Wert pretendía españolizar a los niños catalanes, el President de la Generalitat, señor Más, y su antecesor el señor Pujol, llevan décadas tratando de formar niños en el espíritu nacional catalán. La Nación necesita en términos generales un Territorio, una Lengua, una Religión, una Historia particular y una Cultura diferenciada. Sobre todo, la Lengua y la Escuela. La Escuela es el espacio de socialización por excelencia, después de la familia. Dadme la Escuela y en su fragua moldearé a los jóvenes reclutas y construiré una Nación. Dejadme el Boletín Oficial, contrataca el españolismo del PP, y aprobaré Reales Decretos con los currículos detallados de lo que los niños catalanes, como todos los niños españoles, deben aprender de geografía, de historia y de lengua castellana y ayudaré a universalizar el espíritu nacional español entre todos los hombres  y tierras de España.

Llegados al punto en que estamos ─ya hemos hecho referencia a la hoja de ruta del soberanismo catalán, que amenaza con una inminente declaración de independencia─ las posibilidades de articular el sistema escolar general con los subsistemas escolares autonómicos son nulas. La estabilidad, la coordinación y la cooperación, tan necesarias para una buena gobernanza de las instituciones educativas, brillan por su ausencia.

El Presidente del Gobierno, el señor Rajoy, intenta en las últimas semanas  amedrentar al personal  con la llegada del caos si no le votamos a él en las elecciones generales de fin de año. A él, paradigma de la estabilidad y de la seguridad, que, al margen de recortes económicos y otras pequeñas inclemencias sufridas por las clases desfavorecidas bajo su mandato ─lo que ya es dejar al margen─,  ha conducido a España a la crisis territorial más grave desde la democracia, sin mover más dedo que el indicador de la ley, ejemplificando al político más pasivo e inútil que pudiéramos imaginar. Una crisis separatista que, como la historia nos muestra, si no se hace de acuerdo entre las partes, se resuelve siempre por medios violentos. La derecha, la derecha ultraconservadora que encarna el señor Rajoy como biotipo perfecto, conoce esta lección de la historia. En términos de ultima ratio la derecha no tiene nada que perder. Por eso Rajoy está más tranquilo que nosotros.

¿ES GOBERNABLE LA EDUCACIÓN EN ESPAÑA? (II)

La segunda causa de la difícil gobernanza de la educación en España ─que a la vez es efecto de la secular guerra ideológica─ proviene del incesante cambio en las grandes leyes educativas. A partir de la Constitución de 1978, el partido de Adolfo Suárez, la UCD, con la oposición de todas las fuerzas de izquierda, aprobó la Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares, la LOECE (1980), ley que, en cuanto llegó al poder el PSOE en 1982, sucumbió ante la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, la LODE (1985).  Fueron años de intensos debates y acaloradas controversias: la libertad de enseñanza (gran mantra de la derecha), el derecho a la elección del modelo de educación y de Centro (ideario, decían entonces los clericales)...; escuela público-comunitaria, laica, plural ad intra, libertad de cátedra de los profesores (se defendía desde la izquierda). ¿Quién venció en esta gran batalla? El ministro Maravall hizo lo que pudo, pero la LODE supuso el reconocimiento de los conciertos a los centros privados, que resolverían problemas de escolarización, que eran muchos y acuciantes, y la palabra ‘ideario’ fue sustituida por la expresión ‘carácter propio’. Un sarcasmo. Con el tiempo se demostró que carácter propio equivalía a confesionalidad católica y las necesidades de escolarización se interpretaron como conciertos para todo centro que lo solicitase... ¿Pudo hacer otra cosa la izquierda? Cuando se plantean futuribles sobre la Transición yo siempre me acuerdo del 23F de 1981.

En 1990 el PSOE patrocinó la Ley Orgánica General del Sistema Escolar, la célebre LOGSE, la ley más desaforadamente criticada por la derecha y sectores pseudoprogresistas de sesgo corporativo, pero que amplió la escolaridad obligatoria hasta los 16 años, lo cual no era pequeña muestra de progresismo. De esta ley se dijo de todo: desde ser la responsable del mayor fracaso escolar de la historia (qué poca historia se supone que sabemos los españoles) hasta de ser causante del más grande paro y más temprano abandono escolar de Europa (como si la crisis económica, burbuja inmobiliaria incluida, fuesen creaciones de ciencia ficción). Cinco años más tarde, en 1995,  la Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes (LOPEGCE) vino a poner ciertos límites a las alegrías idealistas de que la LOGSE sin duda adolecía. El título es revelador: con excusa de regular la participación, se recreó el Cuerpo de Inspectores de Educación, declarado a extinguir por la Ley de Medidas de la Reforma de la Función Pública del año 1984 (una decisión nefasta, propia del infantilismo y la demagogia en que la izquierda suele caer al llegar al gobierno).

Y llegó el PP al poder. Su objetivo: erradicar la LOGSE y cualquier vestigio de la misma. El trabajo ideológico de desgaste estaba hecho, la demolición se preveía inminente. Sin embargo, desde el año 1996 hasta la aprobación de la ley educativa del PP, la Ley Orgánica de la Calidad de la Educación (LOCE), en 2002, pasó un largo tiempo de debate y enfrentamientos sobre los temas de siempre, que la ministra del ramo, Pilar del Castillo, trató de camuflar tras el manto mítico del concepto calidad, el más falaz e ideológico de los constructos mentales, incorporado al mismo título de la ley. Triste destino el de la LOCE, que no llegó a aplicarse, y vanos y penosos los esfuerzos de la ministra Pilar del Castillo, una excomunista reconvertida al radicalismo neoliberal...

En 2006 el PSOE ya había aprobado una nueva ley, la Ley Orgánica de la Educación (LOE). Con buen sentido, se hizo desaparecer del título de la ley del PP la ‘c’ de la calidad, auténtico burladero ideológico, y se intentó salvar lo máximo posible de la LOCE, pero no fue suficiente para que el PP, ya en el poder a finales de 2011, renunciase a aprobar su propia ley,  inspirada y cocinada en la factoría FAES. Aprobada con toda la oposición en contra y conjurada para derogarla en cuanto cambiase la mayoría parlamentaria, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE) nació muerta y hoy, cuando escribimos esto, las doce Comunidades Autónomas que no son del PP están ya intentando retrasar su aplicación o bloquearla para ganar tiempo antes de hacerla desaparecer en el próximo ejercicio parlamentario.

Desde 1980  hemos producido siete grandes Leyes de Educación, si bien una de ellas, la LODE, ha pervivido con ligeros retoques desde 1985, pues no en balde sentó las bases de los conciertos educativos en unas condiciones nada desfavorables para el sector privado confesional católico. Sintéticamente, el fondo del debate derecha / izquierda gira sobre estos ejes: educación humanística, al servicio del hombre / educación para la producción y la economía; educación servicio público, derecho ciudadano / educación mercancía que se compra en el mercado; educación comprensiva, compensatoria / educación selectiva, jerarquizadora; escuela pública comunitaria / escuela privada concertada; escuela laica / escuela confesional; educación para la ciudadanía /  educación en valores religiosos.

Mientras no se alcance un pacto a medio camino entre los polos de las anteriores antinomias y se desplace la guerra ideológica y política desde el ámbito de la escuela a otros ámbitos sociales e institucionales, la educación seguirá siendo difícilmente gobernable. Y más si el responsable político carece de formación, experiencia y sentido de la realidad compleja que tiene en sus manos. Por ejemplo, en esta Comunidad Valenciana en poco más de un mes el Conseller de Educación ha abierto todos los frentes de la vieja guerra: la lengua, la religión y los conciertos educativos. Y todo ello sin haber tomado ninguna medida de cierto calado; todo ello por simples (simplonas, inmaduras...) declaraciones sobre lo que piensa o lo que hará en el futuro. Como si el electorado no conociese el programa educativo de Compromís, como si el más elemental sentido común no aconsejase coger los huevos del gallinero antes de alarmar gratuitamente a las gallinas... Oyendo al treintañero Conseller de Educación es como si casi cuarenta años hubiesen transcurrido en vano.

LA SEÑORA BONIG Y LA REGENERACIÓN DEL PP

La ex alcaldesa de la Vall d’Uixò ha sido elevada al liderazgo del PP valenciano por la Central de Madrid, que ha valorado el carácter aguerrido e intrépido y la claridad de ideas en la más pura línea thacheriana de la señora Bonig. «Debemos hacer una revolución muy ambiciosa que no destruya, sino que construya y para eso hacen falta los valores y principios que tenemos en el PP», así arengaba recientemente a sus compañeros la nueva lideresa. Revolución ambiciosa que no destruye... Inefable discurso.

Vayamos a los valores y principios de esta señora. En democracia hay un valor clave que es el respeto a las leyes, el principio de legalidad. Frente al Derecho del Antiguo Régimen, conjunto de derechos subjetivos (‘cosmos de privilegios’, en expresión de Max Weber), cuya fuente de poder radicaba en el Soberano, el Derecho Público moderno, en el marco de la Revolución Francesa, nace como reacción a las maneras o técnicas del absolutismo. La Ley es la forma legítima de expresión de la voluntad general. La Ley funda y asegura la ‘libertad del ciudadano’, la libertad que corta las cadenas de su condición de súbdito pasivo. De modo que la voluntad de la Ley es la voluntad del pueblo formado por ciudadanos. El imperio la Ley de es el imperio de la voluntad general.

Por otra parte, la Ley es la forma contractual del pacto social. En el contexto del contractualismo contemporáneo la Ley es la bóveda maestra que sostiene toda la arquitectura democrática. Burlar la Ley, hacer uso fraudulento de ella, incumplirla al fin, es socavar, quebrar, romper, corromper el edificio de la convivencia pacífica.

Un repaso a los años de I. Bonig como alcaldesa de la Vall d’Uixò nos ofrece perspectiva suficiente para hacernos idea de cómo la flamante lideresa del PP  valenciano se relacionaba con la Ley en el campo acotado de la gestión del personal. Los contenciosos por causa de la Selección y Administración del Personal fueron continuos: presencia en las Comisiones de Selección de personas inhábiles, denuncias por acoso laboral, etc. Cierto que no todos los litigios los perdió el Ayuntamiento, unos los ganó, otros los perdió y algunos yacen litispendientes en el TSJ para zozobra de las personas interesadas... En resumen, una gestión desastrosa, sectaria, revanchista, guiada por una fobia a los Sindicatos (en especial a los de clase) que la  señora Thatcher aplaudiría desde su tumba.

Pero, al margen de contenciosos ganados y perdidos, de inquinas sectarias y vendettas partidistas, existe un hecho incontrovertible: la señora Bonig se empeñó –todo un carácter– en situar como Presidente de todos los Tribunales de Selección  a su Jefe de Personal, un funcionario interino.

El artículo 60.2 de la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público reza así: «El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección». No estamos ante un concepto jurídico indeterminado (que el examinador sea ‘capaz’, ‘responsable’ o ‘competente’...,  son realidades no bien delimitadas). Estamos ante un concepto jurídico delimitado y preciso: se es interino o no se es. Y un funcionario interino no puede formar parte de un Tribunal de Selección. Esto lo puede entender muy bien una Licenciada en Derecho como la señora Bonig.

Esta señora se empeñó, convocatoria tras convocatoria,  en colocar a su interino de confianza como Presidente de todos los Tribunales, produciendo estragos en la política de Personal, con daños colaterales de tipo moral y económico a los interesados que participaron con éxito o sin él en los concursos-oposición.

La  noticia del encumbramiento de la señora Bonig al liderazgo del PP me ha traído a la memoria sus antecedentes como alcaldesa, los cuales hacen que me pregunte, y pregunte al público en general: ¿puede una política que de tal guisa despreció la Ley encarnar la regeneración de un partido sumido en el abismo de la corrupción? Porque aquí no estamos ante una Antígona que se rebela contra Creonte, invocando ‘leyes divinas’, incontaminadas y preexistentes a las leyes positivas, para dar honrosa sepultura a su hermano Polinice. Aquí nos encontramos ante una heredera a beneficio de inventario de  ‘los valores y principios del PP’.  Una heroína que amenaza con hacer una oposición a muerte al actual gobierno de la Generalitat Valenciana. Una thatcheriana, salvadas las distancias con la inglesa, claro,  que predica a los suyos una revolución que no destruya, que construya. Menuda revolucionaria.

¿ES GOBERNABLE LA EDUCACION EN ESPAÑA? (I)

La pregunta  es retórica, pensará el posible lector: en quien interroga seguramente hay muchos años de experiencia y reflexión sobre la realidad de la educación española y hay asimismo una opinión pesimista preformada. Efectivamente, así es. La pregunta nace de la frustración de haber vivido profesionalmente incontables controversias e intentos reformadores, detrás de los cuales no quedó más que el fondo pétreo e inmutable de un sistema escolar inestable e ineficiente.

Sírvame de introducción una anécdota menor referida al nuevo Conseller de Educación de la GV. Leo en la prensa: «El STEPV tilda de insatisfactoria la reforma del currículo LOMCE que acometerá Marzà. Pide que se palíe el recorte de Dibujo y Tecnología y que en la línea de valenciano de ESO no se imponga más castellano». Los profesores de Matemáticas piden más horas, y los de Filosofía, y los de Latín (!pobres!) y los de Música... No es posible satisfacer a todos. Pues empieza bien el señor Conseller... Si no es capaz de satisfacer a los suyos, ¿qué solución tendrá cuando concurran competitivamente otros agentes que no sean su sindicato, la Escola Valenciana o el Belén de la Pigà?

Ironías al margen, la cuestión es ésta. ¿Existe un político o administrador capaz de gestionar  la educación, con unos parámetros aceptables de racionalidad y eficiencia, dada la dialéctica bélica escuela pública / privada concertada, el régimen  estatutario del personal docente y la complejidad jurídico-formal que rige un sistema escolar burocratizado hasta límites inconcebibles?

Es nuestro propósito analizar y comentar las causas de la presunta ingobernabilidad de la educación española, tarea que, deo volente, haremos en varias entregas.

La primera y más radical causa de la ingobernabilidad de la educación es de naturaleza ideológica, política y, en última instancia, proselitista y electoral. A diferencia de otros países de similar estándar civilizatorio, entre nosotros la educación es el campo donde se libra la madre de todas las batallas entre la derecha y la izquierda por conseguir la hegemonía política. Y la Iglesia siempre presente, al lado de la derecha. Desde la liberal Constitución de 1812  ─en la que se imponía la enseñanza del Catecismo en todas las escuelas de la Monarquía─, pasando por la década ominosa ─durante la cual se ejecutó al maestro Cayetano Ripoll por no ir a misa y no saludar al Santo Viático─ , y por el Concordato de 1851 que otorgaba a la Iglesia la potestad de inspeccionar todas las instituciones educativas en lo tocante a la fe católica y las buenas costumbres, continuando con el sorprendente fenómeno de los institucionalistas que se ven forzados a crear un entidad de derecho privado, la ILE, para garantizarse la libertad de enseñanza (entendida como libertad de cátedra y no en el sentido falaz de libre elección de modelo y centro educativo... hasta el día de hoy en que la LOMCE del PP corre el riesgo de ser inaplicada por las fuerzas de la oposición recién instaladas en Autonomías y Ayuntamientos, la Iglesia ha estado y está presente, beligerante, en toda la historia de nuestra educación.  Y no se entiende nada sin esta omnipresencia.

La dicotomía escuela pública / privada concertada es una pugna por la hegemonía ideológica, política y electoral. El más superficial observador sabe que la escuela privada concertada es un granero de votos para la derecha, por razones de evidencia palmaria. Es por lo que el PP allí donde ha gobernado, Madrid y Valencia, por ejemplo, ha logrado corregir a favor de la enseñanza concertada la relación cuantitativa. De 1/3 ha alcanzado y aún superado el 50% en las capitales nombradas. La derecha se juega mucho electoralmente y la Iglesia, en tiempos de secularización acelerada, es muy consciente de que su supervivencia, al menos como burocracia, está en la permanencia de la religión en la escuela, en base al Concordato de 1953 modificado por los Acuerdos sobre Enseñanza y Asuntos Culturales de 1979.

Sic rebus stantibus, oír al nuevo Conseller de Educación que «potenciará la escuela pública» y relegará a la concertada a una función subsidiaria y complementaria me produce la misma melancolía que un niño en la playa con su cubito tratando de vaciar el mar. Potenciar, fortalecer, impulsar, promover, propiciar... son verbos de los programas electorales. Del que ya gobierna se espera algún detalle. Bien está negarse a suprimir puestos escolares en el sector público, pero si la demanda no disminuye en los centros concertados (por causas tan conocidas como irreductibles), ¿cómo se cohonestará la razón económica con la que llaman libre elección de las familias?

La guerra escolar no ha terminado entre nosotros y ésta es la primera causa de la ingobernabilidad de la educación y de que cada partido que consigue apoderarse del Boletín Oficial dicte su Ley educativa. Del carácter efímero de las grandes leyes de educación escribiremos próximamente.

APUNTES BUROCRÁTICOS DEL NUEVO GOBIERNO VALENCIANO

Cada día trae su afán y cada gobierno viene con su burocracia. Idealmente no debiera ser así. La burocracia moderna, de raíz weberiana, fundada en los principios de igualdad, mérito, racionalidad y legalidad, habría de permanecer estable, al pairo de cambios de gobierno. Lo que ocurre entre nosotros, sin embargo, es que la llegada de un nuevo gobierno altera profundamente desde el número de Ministerios o Consejerías, su denominación y competencias, hasta la base misma de la pirámide donde se ubica el más irrelevante negociado. Nos somos los únicos. En todas partes, incluido el norte, cuecen habas. En la exitosa serie de la televisión danesa Borgen se nos muestra cómo la líder del Partido Moderado en un momento de la negociación concede un Ministerio más al representante del Partido Ecologista («Que sea un Ministerio de Cooperación Internacional», ofrece rauda la Presidencia in pectore del gobierno danés. «Sea», contesta el antagonista), y el pacto queda cerrado. ¿Será por un ministerio más? Los que sean necesarios para cerrar el pacto.

Por Decreto 103/2015 del Consell se establece la estructura orgánica básica de la Presidencia de la Generalitat y de las Consellerías. No podrá decirse que las denominaciones de las Consellerías y sus órganos directivos no son creativas, bien intencionadas, teleológicas y voluntaristas: Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, Dirección General de Diversidad Funcional, Dirección General de Planificación, Ordenación, Evaluación y Calidad; Dirección General de Reformas Democráticas, Dirección General de no sé qué e Internalización, Dirección General de no sé cuántos y Emprendimiento... La cima de este desafuero burocratizante (allí donde no exista contenido competencial la denominación del órgano creará la función) se halla en la Consellería que ostenta el rimbombante y poco ahorrativo título de ‘Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación’. Personalmente echo a faltar una Consellería del Amor, con dos Direcciones Generales, una para el Amor Divino y otra para el Amor Profano. Y no estaría de más una Consellería para el Desarrollo del Pensamiento Crítico, con una Dirección General para la Critica de la Razón Pura y una segunda para la Razón Práctica.

Un segundo apunte que me permito hacer se refiere a un cierto sesgo en el reparto de Consellerías entre el PSPV y Compromís. Hay unas consellerías de carácter instrumental, encargadas de la intendencia, del cuidado y mantenimiento del territorio (las carreteras, las emergencias, los incendios); del orden, de la policía administrativa y de la otra..., y, consecuentemente,  responsables del aprovisionamiento de recursos a los otros Departamentos que se dedican a proporcionar servicios, subvencionar actividades o necesidades vitales, generar ideología, interactuar con el público y propagar  ‘el mensaje’. Pues bien, al PSPV, globalmente, han ido a parar las Consellerías instrumentales, de acción interna, y a Compromis las de acción externa. (Al respecto será oportuno precisar que regir la Consellería de Hacienda en situación de quiebra, lejos de ser ocasión para el ejercicio del poder, es aceptar la condena a un padecimiento  incomprendido y frustrante por no tener remedio).

En sendos Decretos del Consell, el 104 y el 105, cesan de una tacada 60 Directores Generales y se nombran otros tantos. Pareciera que estamos ante la cesantía decimonónica que con tanto verismo retrata Pérez Galdós en su novela Miau. Pero no. Las Direcciones Generales y Altos Cargos asimilados no  son puestos funcionariales y cada gobierno los ocupa diligentemente, en la mejor  versión  del spoil system, el botín de guerra que se reparte entre la clientela. La buena idea de profesionalizar los cargos directivos de las Administraciones Públicas, desde Subsecretarías hacia abajo, es una idea arrumbada en el cajón de las reformas pendientes, como la de la educación y la justicia. Así nos va. Cada gobierno adviene con su tropa , de entre la cual engalona a decenas de  militantes (militares) haciéndoles  generales, personajes en buena proporción ayunos de experiencia en las Administraciones Públicas, carentes de técnicas directivas y sin ninguna noción de Derecho Administrativo, fuera del cual nada se puede hacer en el ámbito competencial de lo público.

Bueno será terminar con un último apunte.  Por Resolución de 1 de Julio de 2015 el Conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación nombra como asesora de prensa a una señora. Se dice: En atención a la naturaleza de la tarea y bla, bla, bla...«se establece la retribución correspondiente a asesora de gabinete de conseller». En similares nombramientos de personal eventual se sigue idéntico discurso tautológico: el asesor de asuntos generales cobrará la retribución correspondiente al asesor de asuntos generales; el asesor de asuntos parlamentarios percibirá lo correspondiente al asesor de asuntos parlamentarios... Impresionante monumento a la TAUTOLOGÍA y a la TRANSPARENCIA.

   Pues, ¿no será cierto que hay tarea suficiente para la Consellería de Transparencia y demás imperativos éticos que enfatiza su título?