La entrega anterior sobre el futuro de la escuela pública nos llevó a
la conclusión de que el título del escrito contradecía a su contenido: más que
incerteza lo que asomaba en el horizonte era la certeza de su ocaso y
marginación.
Entonces, ¿qué hacemos los que creemos en el superior valor social de
la escuela pública? ¿Nos conformamos y dejamos que los vientos nos lleven
adonde “naturalmente” nos arrastran? La respuesta debe ir precedida de una
reflexión previa: ¿hay alguna posibilidad de torcer el rumbo de las cosas? ¿O
el vendaval privatizador es tan fuerte que no hay voluntad humana que lo pueda
domeñar? Antes de desistir y renunciar o combatir y resistir conviene tener en
presente que el futuro de la escuela pública va uncido al de la izquierda, de
forma que si no hay izquierda, no hay escuela pública posible, y si ésta no
existe, la izquierda carece de toda posibilidad de gobernar. Por tanto, desde
una posición de izquierdas ─en la que me
sitúo─, la defensa de la escuela pública, sean cuales sean los obstáculos, me resulta insoslayable.
Esta defensa cabe plantearla desde dos escenarios alternativos: un
primer escenario es el que supone la continuidad de los gobiernos neoliberales
conservadores de la Unión Europea. Y el
otro escenario contaría con el recambio de gobiernos socialdemócratas y
progresistas proclives a lo público.
En el primer escenario las posibilidades de acción en pro de la escuela
pública son escasas, limitándose a las movilizaciones callejeras del tipo
“marea verde”. No había que renunciar a estas lícitas acciones
extraparlamentarias, pero a sabiendas del riesgo que implican: el malestar en
la comunidad educativa pública, y especialmente entre los principales protagonistas,
los profesores, se convierte en un elemento aversivo para las familias, que
acaban buscando refugio en la tranquilidad de los centros concertados. De modo
que esta alternativa nos coloca en un diabólico círculo vicioso.
El segundo escenario es más esperanzador. En el supuesto de que, aquí
en España, por ejemplo, volviese a gobernar el Partido Socialista solo o en
alianza con otras fuerzas progresistas, la escuela pública podría empezar a
recuperarse a condición de que se pusiesen en marcha radicales e inmediatas
reformas en el sentido que a continuación se indica:
En primer lugar, la escuela pública, hija de la ideología de la
Ilustración y de la Revolución Francesa e instrumento integrador de los
estados-nación del siglo XIX, deberá
actualizar sus rasgos definitorios: será universal, gratuita, accesible a
todos, común, obligatoria desde los 3
a los 16 años; será objetiva, científica, garantizadora
de la libertad de cátedra y de método de los profesores; laica, incompatible
con intromisiones de cualquier confesión religiosa, lo que supone denunciar los
Acuerdos con la Santa Sede; cívica y moral, empeñada en la formación de
ciudadanos “capaces de saber elegir” en democracia lo que les conviene; responsable de la función de integración
europea e internacional, una vez superado el marco de integración nacional
decimonónico; participativa, a partir del diálogo directo y personal de la
familia con el profesor de aula o tutor, para ascender desde ésta base firme a
otros superiores órganos de representación… (el modelo actual de los consejos
escolares ha de ser reformado por la elemental razón de que no funciona y no
puede defenderse en la teoría algo que no funciona en la práctica).
En segundo término, y una vez redefinidos los objetivos y funciones de
la escuela pública, habría que tomar medidas del tenor siguiente:
1.
Proclamación política y determinación legal de la
prioridad de la escuela pública, reservando para la privada-concertada un papel
complementario y subsidiario.
2.
Revisión de todos los conciertos actuales bajo el criterio de que sólo deben mantenerse los
que resuelven problemas de escolarización.
En tercer lugar, habrían de
implementarse reformas en esta triple dirección:
1. Desburocratización. De la gestión administrativa, por supuesto, pero,
sobre todo, del núcleo mismo del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues la
burocracia se ha inoculado en la entraña de la relación educativa
maestro-alumno. No es tarea fácil. Un primer paso de carácter instrumental, si
se me permite la aparente extravagancia:
reducir a un tercio el contingente de profesores, psicólogos y
psicopedagogos destinados en la burocracia de las Consejerías de Educación que
subliman su verdadero sentido profesional de enseñantes a través de un
hiperactivismo en la producción de legislación pedagógica , la cual cae como una nube tóxica sobre los profesores
a pie de obra.
2. Autonomía de Centros y Profesores. El lema a imponer es éste:
señores directores y profesores, aquí tienen este Centro educativo, estos
recursos y estos objetivos a conseguir. Al final serán evaluados los
resultados. Hasta ahora lo acostumbrado es proclamar enfáticamente la autonomía
para, acto seguido, inundar los Diarios Oficiales de leyes y reglamentos
explicativos de las estrictas formas en que los protagonistas pueden se
autónomos.
3. Acción sobre el profesorado. Es cierto el tópico de que el
profesorado es el factor principal de la calidad de la educación. Dicho lo
cual, el reformador educativo, con el Boletín Oficial como guadaña en ristre,
se lanza sobre el intrincado campo normativo y no deja títere con cabeza.
Cambia estructuras, modifica terminologías ( lo que antes era capacidad de
aplicar conocimientos ahora es “competencia”; atención se llama hoy lo que ayer
se denominaba educación personalizada…), reordena contenidos, impone mecanismos
nuevos de evaluación, etc. Del profesorados se vocean las cuatro adulaciones de
rigor (trascendencia de su misión, exigible consideración social, prestigio…) y
se añaden, con categoría de ley, otros imperativos que no son m´´as que meras
recomendaciones morales.
Y, sin embargo, como tenemos bien sabido, toda reforma que no empiece y
termine por el profesorado es letra muerta.
La reforma del profesorado debe
ser integral y referirse a su formación inicial, sistema de selección y acceso
a la función pública docente y a su estatuto profesional y régimen jurídico.
El porvenir de la escuela pública en España va a depender de estas
reformas apuntadas. Sólo pueden se acometidas por gobiernos socialdemócratas y
progresistas. Otra cosa es que sean capaces, en su caso, de sobreponerse a un
impedimento: la resistencia corporativa y gremial de aquellos sectores de la
comunidad educativa pública con cuyo concurso se accedió al poder. Si, llegado
el caso, el Partido socialista no se atreviese, como en otras ocasiones, a
redefinir las funciones y objetivos de la escuela pública del siglo XXI, ésta
ya no tendría futuro alguno para nuestra desgracia.
