EL ABORTO Y EL CHOQUE DE CIVILIZACIONES

No es fácil en la aprobación de las leyes importantes evitar la personalización, por más que los Anteproyectos sean aprobados colegiadamente por los gobiernos.  Así ha ocurrido con la  ley de  educación, LOMCE, denominada Ley Wert, y así va a suceder con la ley del aborto, conocida ya como Ley Gallardón; y si la ley de seguridad ciudadana no toma el nombre del ministro del Interior es por su apellido demasiado común… En el caso de la Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada (el título se las trae, sobre todo en la segunda parte del enunciado), la personalización la busca el propio ministro de Justicia al declarar que la exclusión de las malformaciones del feto como supuesto para la interrupción de un embarazo está motivada en una “convicción personal”.

Las convicciones personales son en principio respetables y las conductas coherentes con ellas merecen reconocimiento. Pero cuando una persona actúa en el campo de lo público y trata de gobernar al resto de los ciudadanos ─en este caso, el cuerpo de la mitad de la población, las mujeres─ desde una moral particular ubicada extramuros de la ciudadela de los valores comunes de la ciudadanía, esa persona se convierte en un peligro social.

No nos llamamos a engaño. El señor Gallardón no está solo: detrás de él está la jerarquía eclesiástica, un entramado de asociaciones del catolicismo fundamentalista, minorías etnocéntricas y el mismo presidente del gobierno, que deja hacer como si el “asunto” no fuese con él. Gallardón y Rajoy, Rajoy y Gallardón, dos personalidades políticas mendaces, hipócritas e impostoras, que tras un camuflaje de moderación y retórica leguleya esconden un integrismo derechista en el fondo inhumano.

Si nos fuese familiar la imagen del ministro de Justicia, del presidente de la Conferencia Episcopal y de las asociaciones defensoras de la vida y antiabortistas encabezando manifestaciones, protagonizando encierros, clamando a favor de los desheredados de la tierra, de los que tienen hambre y sed, de los sin techo, y, aún más, haciendo escraches contra los usurpadores de la mayor parte de los bienes del planeta, entones sí nos creeríamos que su defensa de la vida, la del concebido y la del nacido, iba en serio. No es así. Todo es una descomunal impostura.

Las motivaciones verdaderas, conscientes o inconscientes, de los movimientos compulsivos antiabortistas habrá que buscarlos por otros derroteros.  A finales del siglo pasado, Samuel Huntinghon sostuvo la tesis, con importante eco mediático, de que, superadas las guerras entre naciones y pueblos, los conflictos ideológicos entre comunismo, fascismo, nazismo, la Guerra Fría  y el triunfo de la democracia liberal, en el futuro los conflictos surgirán en los límites de ruptura de las civilizaciones; es el llamado “choque de civilizaciones”. Hablaba Huntinghon de la civilización occidental, con sus dos variantes (europea y estadounidense), la confuciana, japonesa, islámica, hindú, eslava, etc. Con NS Naipoul concedía a la civilización occidental el carácter de universalidad y la consideraba  la más conveniente a todos los hombres. El choque más probable aparecía entre las civilizaciones occidental e islámica y el terrorismo yihadista de los últimos tiempos no ha hecho más que convencer a los convencidos de una profecía que se autocumple, pasando por alto el esquematismo y falta de rigor científico de la tesis de Huntinghon.

Por otra parte, en el mundo occidental existe  un clamor de los líderes religiosos  contra la secularización o descristianización de la sociedad. Se abomina del relativismo moral y Rouco Varela  acaba de hacerlo del alcohol, las drogas y el sexo salvaje (sic). La descristianización de Europa es una denuncia que viene de lejos y los ideólogos culpables han recibido ya cumplida estigmatización de malditismo. Carlos Marx, que rebajó el cielo trascendente a la terrenalidad inmanente y alertó al pueblo de la función opiácea de la religión; Freud, que describió el sentido neurótico del fenómeno religioso; Nietzsche, que responsabilizó a la moral esclava del cristianismo de reprimir las energías más nobles y vigorosas del ser humano y de entristecer la civilización occidental.

Hay otros hechos además que preocupan a la minoría blanca, religiosa y bienpensante. Los escenarios demográficos no aseguran la continuidad de la clientela de  las iglesias. Si los movimientos migratorios siguen y se acrecientan, como es lo previsible, si magrebíes, saharianos, subsaharianos, indios, pakistaníes y chinos invaden las metrópolis europeas, si el aborto se liberaliza entre los autóctonos y la tasa de natalidad no alcanza la tasa de reposición, es cuestión de tiempo que se invierta la relación cuantitativa entre la población blanca-cristiana-nativa y la población oscura-no cristiana-advenida. En Cataluña, donde existen comarcas altamente pobladas por familias magrebíes muy fecundas, hace tiempo que los dirigentes nacionalistas vienen echando cuentas y lucubrando para preservar la pureza de la sangre y del aire que emana del Monasterio de Ripoll.

Acaso, pues, no sea el puro amor a la vida lo que mueve a los antiabortistas  en general. Hay razones que explican mejor el porqué es “moral”  incrementar la prole cristiana: la clientela disminuye y sin clientes no hay burocracia que subsista, sea civil o religiosa. Se necesitan angelitos para el cielo que les espera…, este perro mundo.

CESANTÍA Y LIBRE DESIGNACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS

El presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda ha evocado la cesantía  propia del turnismo de la Restauración (léase al respecto la magnífica novela ‘Miau’ de Pérez Galdós) para describir la limpieza étnica que el Ministro de Hacienda está llevando a cabo en la Agencia Estatal Tributaria. Ha aprovechado la ocasión también para hacer pública una reivindicación vieja del Cuerpo de Inspectores: la reducción drástica del  número de puestos que se cubren por el sistema de la libre designación.

Excluidos los puestos del personal eventual para asesores y asimilados, que no pueden exceder de un número determinado y cuya cobertura no requiere más requisito que la confianza del que tiene la capacidad de designar, el resto de la relación de puestos de trabajo de las Administraciones Públicas se cubre por el sistema de concurso o el de libre designación. El concurso evalúa los méritos objetivos y la Comisión Evaluadora propone el nombramiento del funcionario o funcionarios de mayor puntuación. La Administración viene obligada a nombrar a los funcionarios propuestos, que a partir de ese momento son inamovibles, salvo en las circunstancias y supuestos establecidos reglamentariamente. La inamovilidad de estos funcionarios no es un privilegio, sino la garantía de la independencia e imparcialidad de la Administración Pública, bien protegido constitucionalmente.

El otro sistema de cobertura de los puestos es “la libre designación con convocatoria pública, consistente en la apreciación discrecional por el órgano competente de la idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto” (artículo 80 del Estatuto del Empleado Público). Y en el punto 4 del mismo articulo se dice: “Los titulares de los puestos de libre designación con convocatoria pública podrán ser cesados discrecionalmente…”

Dos cuestiones queremos destacar en la libre designación. Se refiere la primera a la relación cuantitativa entre puestos de concurso y puestos de libre designación. El mismo Estatuto obliga a las distintas Administraciones a establecer los criterios para determinar los puestos de libre designación en atención a su especial responsabilidad y confianza. Los políticos del gobierno de turno tienden a incrementar los puestos de libre designación reduciendo los de concurso, en contra de la profesionalización de las Administraciones. Podría asentarse este principio: a más puestos de libre designación menos neutralidad, menos independencia y menos profesionalización.

La segunda cuestión alude al concepto jurídico de la discrecionalidad, en base al cual se hacen los nombramientos y los ceses del sistema de libre designación. No deja de sorprenderme el que, incluso licenciados en derecho, entiendan de forma vulgar el término discrecional como sinónimo de arbitrario. Sin embargo, la discrecionalidad no significa ausencia de derecho, sino que debe atenerse a lo que Tomás R Fernández llama test de la razonabilidad.  La arbitrariedad es antijurídica y de ella nos defiende la propia Constitución en su art. 9.3.

A mi entender, el cese de los funcionarios en puestos de libre designación no puede hacerse sin motivación, so pena de incurrir en arbitrariedad por parte del órgano que decide el cese. La jurisdicción contenciosa tendría mucho que decir en muchos casos en que, sin más motivo que la excusa de la pérdida de confianza (política) se remueve de sus puestos a funcionarios competentes y honestos.

El presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda, recogiendo el sentir mayoritario del Cuerpo, se queja de que en la AET la práctica totalidad de los puestos reservados a los Inspectores son de libre designación. A partir del puesto de entrada, que es el de Jefe de Unidad, todos los demás son de libre designación. Esta situación es la que ha permitido cesar fulminantemente a una Inspectora que sostuvo una sanción de 450 millones de euros contra los 15 que ha impuesto el gobierno.

Esta es la situación que nos aboca a la cesantía de los funcionarios del siglo XIX.

EL FISCO VUELVE A MANOS DEL SOBERANO

El tambor mediático redobla en estos días por las desgracias que asolan a la Agencia Estatal Tributaria. ¿Qué pasa en este organismo público tan crucial? Aparecen hechos sospechosos de injerencia  gubernamental: al margen de la amnistía fiscal  ─que tiene la marca de ser pro Bárcenas─ están las fincas “erróneamente” atribuidas a la infanta Cristina, el caso Noos, la convalidación de facturas previamente rechazadas  y ─la gota que ha colmado el vaso del escándalo─  ahora el expediente sancionador de la empresa Cemex, que se ha llevado por delante a la Inspectora de Hacienda actuaria, junto con otros ceses y dimisiones de altos cargos de la Agencia.

No hay injerencias políticas, dice el ministro del ramo. Pero los ceses y dimisiones son innegables, están en el BOE. Por causa de reestructuraciones derivadas del cambio reciente del Director General de la AEAT, explica la Vicepresidenta del Gobierno. Porque la cúpula de la Agencia era un nido de “socialistas”, se sincera el señor Montoro.

Los Inspectores de Hacienda en general, y especialmente los adscritos al Departamento de grandes empresas, instruyen expedientes sancionadores de una enorme complejidad contable, financiera y jurídica, de la que la razón técnica no siempre es capaz de dar una explicación unívoca e incontrovertible. Criterios dispares se contraponen en el proceso contradictorio y, al final, por el cauce reglamentario ─en la Administración rige el principio de jerarquía─ acaba por imponerse el acuerdo de propuesta de resolución sancionadora, con los recursos correspondientes en vía administrativa previos a la jurisdicción contenciosa. Sin embargo, es este carácter poliédrico y controvertible  de los expedientes fiscales el que da pie precisamente a la entrada de la razón política, que como credencial presenta la ética de la responsabilidad frente a la ética de los principios. ¿Habrá sido, pues, la imposición de la ética de la responsabilidad sobre la ética de los principios la causante de la escandalosa minoración de la sanción a la empresa Cemex?

Aceptemos, por tanto, que las discrepancias en la aplicación de criterios y en las propuestas de resolución de los expedientes fiscales no tienen carácter excepcional. Lo excepcional es que las lógicas controversias terminen en ceses fulminantes y en dimisiones solidarias de los Inspectores actuarios. Esto es lo inquietante y de ahí la alarma social. Pues, ¿quiénes son los Inspectores de Hacienda?, ¿acaso este Cuerpo Superior de la Administración está dominado por “rojos” y pro-socialistas proclives a poner zancadillas a los gobiernos de derechas?

Los Inspectores de Hacienda son reclutados mediante una oposición muy rigurosa que exige amplios conocimientos jurídicos, económicos, fiscales y contables. No hay sistema selectivo que garantice el posterior rendimiento profesional, pero este tipo de concurrencia competitiva asegura de entrada unas cualidades personales altamente meritorias: capacidad de estudio, fuerza de voluntad, constancia, disciplina, autocontrol,  carácter, tolerancia a la frustración, etc.  Sociológicamente, es de evidencia palmaria, los Inspectores de Hacienda no son extraídos de las clases trabajadoras, no son individuos que movidos por un resentimiento de clase intenten hacer la revolución social desde la Agencia Tributaria.

Pero los Inspectores, Subinspectores y demás trabajadores de la AEAT sí son funcionarios competentes, disciplinados y honestos. Dudo mucho ─y conozco muy bien la idiosincrasia de las Administraciones Públicas, tras más de 45 años de empleado público─ , dudo mucho, digo, que exista un sector de funcionarios, con todas las excepciones del caso que se quiera, que cumpla más fielmente con los deberes, principios éticos y de conducta señalados en el articulo 52 y siguientes del Estatuto del Empleado Público: objetividad, integridad,  neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, discreción…

Como fruto de la profesionalidad y buen hacer del funcionariado de la AEAT, ésta, a pesar de su cometido “temible” para el contribuyente, gozaba de una excelente imagen pública. Los obligados tributarios teníamos la convicción de que la máquina burocrática no hacía distingos, no discriminaba, no admitía recomendaciones ni peticiones de favores, al margen de que las leyes tributarias nos pareciesen más o menos justas y equitativas. Mas esa no era responsabilidad de los funcionarios; estos nos proporcionaban certidumbre de una aplicación objetiva e imparcial por su parte.

El caso Cemex está a punto de arrasar con valores tan esenciales para la democracia como es el de una Función Pública  profesional e independiente de la política partidista. Otra institución básica de Estado a punto de ser devorada por las fauces de un gobierno empeñado  en la misión “marxista” de la desaparición del Estado, que no nos lleva al perfecto estado socialista, por cierto, superada la dictadura del proletariado, sino que nos retrotrae a tiempos pasados…

En el derecho romano, y también en las leyes castellanas del medioevo, el fisco integraba los bienes privados del emperador o soberano. El erario público se refería a los bienes del pueblo. Con el tiempo, y conforme el pueblo conquistó la titularidad de la soberanía, el fisco y el erario público se fundieron constituyendo la hacienda pública, depósito de los bienes comunes. Hoy, en España, parece que el fisco haya vuelto a manos del soberano, que no es rey o emperador, sino el partido gobernante que ha hecho de la AEAT una propiedad privada, al servicio de intereses privados. Y contra esto están los funcionarios honestos, sea cual sea su inclinación política.

PISA, REFORMAS EDUCATIVAS Y OTRAS ESTULTICIAS

En la presentación del último Informe Pisa se oye al ministro de Educación apostar porque en 2016 los presentadores del Informe tendrán ocasión entonces de congratularse de los progresos obtenidos, gracias ─se sobreentiende─ a su ley “para la mejora de la calidad educativa” (LOMCE). Sonríe el ministro como sugiriendo la suerte de su sucesor o sucesores que recogerán el fruto de su siembra…

Que un ministro de Educación, tenido por erudito y sabihondo, pretenda convencer a sus conciudadanos de que una ley, que en tres años no habrá dado apenas pasos, si es que alguno da, tendrá una influencia taumatúrgica en los resultados escolares, como si del bálsamo de Fierabrás se tratase, es un propósito tan descabellado que de su autor solo procede pensar que nos toma por estúpidos o que él lo es.

Está visto que PISA, en manos de los malos políticos, vale igual para un roto que para un descosido. Se ha convertido en un instrumento de manipulación de la opinión pública que se maneja de forma burda y grosera intelectualmente.

¿Quién que conozca el abecé del fenómeno educativo cree que una ley, una reforma educativa, con dos o tres años de vigencia influye para bien o para mal en los resultados académicos? Las reformas educativas que o no amplían el tramo de la educación básica obligatoria o no inciden en el estatuto jurídico de los profesores (acceso a los Centros de Formación, contenidos y estructura de la formación inicial (rasgos curriculares, organización de las prácticas, requisitos del personal docente de los Centros formadores del profesorado), sistemas de acceso a la enseñanza, carrera docente, retribuciones, perfeccionamiento profesional en ejercicio, etc., estas reformas, decimos, empaquetadas en flamantes Leyes Orgánicas, más allá del ruido mediático provocado por la recepción crítica de sectores de la comunidad educativa que se consideran perjudicados, apenas altera el quehacer pedagógico de profesores y alumnos en las aulas. En general, solo los equipos directivos leen la nueva normativa con la ayuda de la Inspección educativa, rebajada a simple órgano de intermediación administrativa, mientras el profesorado a pie de obra vive en perturbación permanente ante la catarata de modificaciones, que en el fondo no son otra cosa que innovaciones terminológicas, jergas recayentes sobre las ya existentes, envejecidas éstas antes de haberse estrenado en la práctica.

Recientemente, entre nosotros, a raíz de PISA, que evalúa “competencias”, se ha puesto de moda el imperativo de enseñar por competencias. Permítaseme la siguiente anécdota: al final de una charla sobre el tema impartida por uno de esos expertos pedagogos, predicadores de la buena nueva, que puntualmente surgen ad-hoc, la directora de un CEFIRE, con no poco agobio afirmó más que preguntó: “Entonces, con esto de las competencias, ¿tenemos ahora que empezar de nuevo, no?” Sin embargo, el buen profesor siempre ha dirigido su actividad docente a que sus alumnos fuesen capaces de utilizar lo aprendido en la vida práctica. J. Dewey ya nos dejó el conocido principio del  “learning by doing”. Es cierto que los profesores de corte tradicional han seguido la rutina didáctica de: motivar, exponer, explicar, ejercitar y, al final, aplicar lo aprendido.  Pero también es verdad que los buenos maestros han invertido la secuencia y han iniciado el proceso por el final, es decir, por el planteamiento de una situación problemática práctica de la vida cotidiana que hay que resolver, y a partir de aquí han trabajado para que los alumnos adquiriesen los conocimientos, las capacidades, las destrezas y técnicas para ser competentes en la solución del problema.

Si el programa de evaluación PISA supusiese sólo la modificación del enfoque didáctico que acabamos de indicar  (enseñar por competencias), poca objeción cabría hacerle. Sin embargo, en PISA subyace otro fondo ideológico que conviene desvelar.

En primer lugar, la “empresa” responsable de PISA se llama Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), cuyo objetivo es la promoción de políticas diseñadas para:

-    “Alcanzar el empleo y el crecimiento económico sostenible más alto y un nivel de vida creciente en los países miembros, a la vez que se mantenga la estabilidad financiera, contribuyéndose de ese modo al desarrollo de la economía mundial.

-   Contribuir a la expansión económica sólidamente fundamentada en el proceso de desarrollo, tanto en los países miembros como en los países que no lo son.

-  Contribuir a la expansión del comercio internacional de modo multilateral y no discriminatorio de acuerdo con las obligaciones internacionales.”

Pues bien, en el seno de una organización como ésta de sentido tan economicista es donde nace el Proyecto Internacional para la Producción de Indicadores de Rendimiento de los Alumnos (PISA). Los marcos conceptuales de la evaluación del Proyecto PISA  describen “qué se evalúa” y “cómo han sido elaboradas” las pruebas  por equipos de expertos para la lectura, las matemáticas y las ciencias. Las demás áreas del currículo no entran, no interesan al aparato productivo. Esta visión reductora proyecta un hombre unidimensional dirigido en exclusiva a la producción y al consumo. Los ideólogos de la OCDE se suelen preguntar: ¿Hasta qué punto los jóvenes están preparados para enfrentarse a los “retos del futuro”? La pregunta debiera ser: ¿Hasta qué punto los jóvenes están preparados para decidir y determinar qué retos del futuro merecen la pena desde el punto de vista humano? Porque el hombre es algo más que un ser para la economía. Más bien la economía se debe al servicio del hombre.

En efecto, ciñéndonos a la inteligencia ni siquiera es ésta una entidad unívoca. Ya a principios del siglo pasado Spearman formuló la teoría bifactorial de la inteligencia, según la cual se daba un factor G  (general) y un factor S (específico: verbal, numérico, visual…). Y más tarde  (1938), Thurstone, utilizando el análisis factorial, describió diversas dimensiones de la inteligencia: fluidez verbal, comprensión verbal, espacial, perceptivo, lógico, numérico, memoria… No hace mucho (1983) Howard Gardner planteó su teoría de las inteligencias múltiples: lingüístico-verbal, lógico-matemática, espacial, musical, corporal-kinestésica, intrapersonal, interpersonal, naturalista. 

Esto que dicen los científicos de la psicología forma parte del saber empírico de la gente común.  Nadie es inteligente total. Ni siquiera los genios lo son para todo y en todo. Tampoco hay incapaces absolutos. En cada hombre siempre hay algún talento a descubrir y a alentar por los buenos maestros. Pero para PISA solo existe la lengua, las matemáticas y las ciencias. Ni los músicos ni los filósofos importan. Par producir y consumir incluso estorban, distraen.

En segundo lugar, y en un plano más técnico que ideológico, la clasificación jerárquica de los países participantes en la evaluación por el número de puntos obtenidos no es para tomársela como si estuviese grabada en roca. El saber (información, conocimiento, sabiduría) es bastante refractario a la medición. La traducción del saber de un alumno a una dimensión cuantitativa (número de puntos) presenta problemas epistemológicos de envergadura que las sofisticaciones estadísticas no resuelven. Por otra parte, los países objeto de comparación son tan diversos por el volumen de población, la homogeneidad o heterogeneidad de ésta, su tradición ilustrada o reaccionaria, su nivel socioeconómico, etc. que requieren una lectura de sus resultados en clave relativista y autoreferenciada.

Todo lo hasta aquí dicho nos conduce a dos conclusiones:

Primera. El fenómeno PISA necesita ser desmitificado y los resultados de las evaluaciones trianuales han de ser leídos en su contexto, siendo siempre datos muy relativos, nada absolutos.

Segunda. Se debe hacer oídos sordos a las estulticias que los malos políticos ─analfabetos funcionales muchos de ellos en temas de educación─ suelen decir al interpretar los resultados de PISA. Porque oír que el paro en España se debe a la maldad de la LOGSE, por ejemplo, no hay tímpano humano que lo soporte. Cuando miles de jóvenes sobradamente preparados tienen que exiliarse, ¿cómo se puede vomitar tamaña majadería? Pues con todo el descaro del mundo lo han hecho, entre otros políticos del PP, la señora Cospedal y la señora Esperanza Aguirre, dos lumbreras.

EL MIEDO, ESA EMOCIÓN FURTIVA

Después de la sentencia recaída sobre Carlos Fabra, dos consecuencias a modo de corolarios se han planteado en forma de interpelación pública: porqué sigue de Secretario General de la Cámara de Comercio y, en cuanto tal, como vocal del Consejo de Administración de Port Castelló, y, en segundo término, qué administración o institución paga a los escoltas que hoy por hoy continúan acompañándolo a todas partes.

¿Debería el señor Fabra cesar en su cargo de Secretario General de la Cámara? Veamos. Las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación son corporaciones de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar. Tienen por objeto defender y promover los intereses de los comerciantes y empresarios agrupados en ellas y, a fin de cuentas, son órganos consultivos y de colaboración de las Administraciones Públicas. Se financian con las cuotas de los adscritos y también de subvenciones de la Unión Europea.  El Secretario General es seleccionado mediante convocatoria pública, su estatuto es de régimen laboral, vela por la legalidad de los acuerdos de los distintos órganos, en los que tiene voz, pero no voto. Si no fuera por su carácter laboral, diríamos  que es un cuasi-funcionario; en todo caso se acerca bastante a la función de un empleado público. Por  otra parte, este secretario no es un secretario cualquiera. Es el factótum, el todopoderoso  dispensador de favores, aquél que dio existencia  a todos los que le rodean o al menos permitió que existiesen. Desde la Presidente al último empleado de la Cámara, de una forma u otra todos están obligados al ex-Presidente de la Diputación.

Claro que debería cesar en su puesto el Secretario General. La imagen del empresariado de la Cámara lo exige. Nadie moverá un dedo. Acaso algunos de los beneficiados ─así es la condición humana─  se sientan incómodos y hasta resentidos contra el que, desde su podio de poder, los humilló, los empequeñeció, los obligó a la genuflexión o, simplemente, les recuerda su tiempo de menesterosidad. Y, si hablamos de responsables del gobierno valenciano, la conclusión es la misma. Qué puede decir la Consellera de Infraestructuras, señora Bonig,  sino indocumentadas excusas. Y el otro Fabra, el M.H. President de la Generalitat, cachorro de la misma camada, qué  “puede” hacer. Nada.

La segunda cuestión se refería al enigma de los escoltas: ¿Quién les retribuye su salario? Una tras otra Administraciones e Instituciones han negado ser ellas las pagadoras.  La prensa y el resto de medios de comunicación en su afán indagatorio han deducido que  el condenado no podía correr con ese gasto, pues, según propia confesión, carecía de dinero para pagar la multa de Hacienda. Conclusión precipitada, por cierto: el dinero es maleable y sus circuitos poco transparentes; se puede tener dinero para algunas cosas y no tenerlo para otras. Hay otra hipótesis posible: que los escoltas trabajen gratis et amore, movidos por el carisma del líder. A veces la devoción y el fervor que provocan algunos seres superiores son tales que su proximidad, su roce, el formar parte de su mismo paisaje supone gratificación suficiente para los servidores. En fin, sea lo que sea, el tiempo acabará corriendo el velo del secreto.

Para mí, sin embargo, este asunto de los escoltas tiene otra perspectiva más radical, más interesante desde el punto de vista humano: porqué, para qué necesita el señor Fabra (don Carlos) llevar un par de escoltas a todas partes;  a qué o a quiénes tiene miedo, si ETA ya no mata.

El condenado declaró en rueda de prensa que no temía entrar en la cárcel y hace bien, pues yo también creo que no irá a ese lugar tan impropio de su estirpe. Explicó su valentía en base a un hecho: él hace muchos años que se afeita, como un machote. Ah, pero el miedo es una emoción subrepticia y furtiva que en ocasiones nos ocupa sin nosotros saberlo. Como el agua, aprovecha la mínima porosidad para penetrarnos y humedecer nuestros huesos. A lo peor es lo que le ocurre a nuestro carismático líder: que después de tantos años  protegido y blindado por guardaespaldas ─piel de su piel, carne de su carne─ tiene pánico a salir solo a la calle, una especie de agorafobia  extraña en un hombre hecho a vivir en olor de multitudes.

¿Veremos los castellonenses algún día a don Carlos Fabra deambulando por las calles de Castellón como un ciudadano más,  sin escoltas que lo protejan de no se sabe qué peligro? Ya se sabe, la gran mayoría de la gente lo quiere, lo adora y le está agradecida por tantas buenas obras hechas y, en síntesis, por haber puesto a la provincia en el mapa del mundo. Solo ante el peligro lo queremos ver.