El tambor
mediático redobla en estos días por las desgracias que asolan a la Agencia
Estatal Tributaria. ¿Qué pasa en este organismo público tan crucial? Aparecen
hechos sospechosos de injerencia
gubernamental: al margen de la amnistía fiscal ─que tiene la marca de ser pro Bárcenas─
están las fincas “erróneamente” atribuidas a la infanta Cristina, el caso Noos,
la convalidación de facturas previamente rechazadas y ─la gota que ha colmado el vaso del
escándalo─ ahora el expediente
sancionador de la empresa Cemex, que se ha llevado por delante a la Inspectora
de Hacienda actuaria, junto con otros ceses y dimisiones de altos cargos de la
Agencia.
No hay
injerencias políticas, dice el ministro del ramo. Pero los ceses y dimisiones
son innegables, están en el BOE. Por causa de reestructuraciones derivadas del
cambio reciente del Director General de la AEAT, explica la Vicepresidenta del
Gobierno. Porque la cúpula de la Agencia era un nido de “socialistas”, se
sincera el señor Montoro.
Los
Inspectores de Hacienda en general, y especialmente los adscritos al
Departamento de grandes empresas, instruyen expedientes sancionadores de una
enorme complejidad contable, financiera y jurídica, de la que la razón técnica
no siempre es capaz de dar una explicación unívoca e incontrovertible.
Criterios dispares se contraponen en el proceso contradictorio y, al final, por
el cauce reglamentario ─en la Administración rige el principio de jerarquía─
acaba por imponerse el acuerdo de propuesta de resolución sancionadora, con los
recursos correspondientes en vía administrativa previos a la jurisdicción
contenciosa. Sin embargo, es este carácter poliédrico y controvertible de los expedientes fiscales el que da pie
precisamente a la entrada de la razón política, que como credencial presenta la
ética de la responsabilidad frente a la ética de los principios. ¿Habrá sido,
pues, la imposición de la ética de la responsabilidad sobre la ética de los
principios la causante de la escandalosa minoración de la sanción a la empresa
Cemex?
Aceptemos,
por tanto, que las discrepancias en la aplicación de criterios y en las
propuestas de resolución de los expedientes fiscales no tienen carácter
excepcional. Lo excepcional es que las lógicas controversias terminen en ceses
fulminantes y en dimisiones solidarias de los Inspectores actuarios. Esto es lo
inquietante y de ahí la alarma social. Pues, ¿quiénes son los Inspectores de
Hacienda?, ¿acaso este Cuerpo Superior de la Administración está dominado por
“rojos” y pro-socialistas proclives a poner zancadillas a los gobiernos de
derechas?
Los
Inspectores de Hacienda son reclutados mediante una oposición muy rigurosa que
exige amplios conocimientos jurídicos, económicos, fiscales y contables. No hay
sistema selectivo que garantice el posterior rendimiento profesional, pero este
tipo de concurrencia competitiva asegura de entrada unas cualidades personales
altamente meritorias: capacidad de estudio, fuerza de voluntad, constancia,
disciplina, autocontrol, carácter,
tolerancia a la frustración, etc.
Sociológicamente, es de evidencia palmaria, los Inspectores de Hacienda
no son extraídos de las clases trabajadoras, no son individuos que movidos por
un resentimiento de clase intenten hacer la revolución social desde la Agencia
Tributaria.
Pero los
Inspectores, Subinspectores y demás trabajadores de la AEAT sí son funcionarios
competentes, disciplinados y honestos. Dudo mucho ─y conozco muy bien la
idiosincrasia de las Administraciones Públicas, tras más de 45 años de empleado
público─ , dudo mucho, digo, que exista un sector de funcionarios, con todas
las excepciones del caso que se quiera, que cumpla más fielmente con los deberes,
principios éticos y de conducta señalados en el articulo 52 y siguientes del
Estatuto del Empleado Público: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad,
confidencialidad, dedicación al servicio público, discreción…
Como fruto de
la profesionalidad y buen hacer del funcionariado de la AEAT, ésta, a pesar de
su cometido “temible” para el contribuyente, gozaba de una excelente imagen
pública. Los obligados tributarios teníamos la convicción de que la máquina
burocrática no hacía distingos, no discriminaba, no admitía recomendaciones ni
peticiones de favores, al margen de que las leyes tributarias nos pareciesen
más o menos justas y equitativas. Mas esa no era responsabilidad de los
funcionarios; estos nos proporcionaban certidumbre de una aplicación objetiva e
imparcial por su parte.
El caso Cemex
está a punto de arrasar con valores tan esenciales para la democracia como es
el de una Función Pública profesional e
independiente de la política partidista. Otra institución básica de Estado a
punto de ser devorada por las fauces de un gobierno empeñado en la misión “marxista” de la desaparición
del Estado, que no nos lleva al perfecto estado socialista, por cierto,
superada la dictadura del proletariado, sino que nos retrotrae a tiempos
pasados…
En el derecho romano, y también en las leyes castellanas del medioevo,
el fisco integraba los bienes privados del emperador o soberano. El erario
público se refería a los bienes del pueblo. Con el tiempo, y conforme el pueblo
conquistó la titularidad de la soberanía, el fisco y el erario público se
fundieron constituyendo la hacienda pública, depósito de los bienes comunes.
Hoy, en España, parece que el fisco haya vuelto a manos del soberano, que no es
rey o emperador, sino el partido gobernante que ha hecho de la AEAT una
propiedad privada, al servicio de intereses privados. Y contra esto están los
funcionarios honestos, sea cual sea su inclinación política.
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