lunes, 10 de marzo de 2014

INCIERTO PORVENIR DE LA ESCUELA PÚBLICA (y III)




La entrega anterior sobre el futuro de la escuela pública nos llevó a la conclusión de que el título del escrito contradecía a su contenido: más que incerteza lo que asomaba en el horizonte era la certeza de su ocaso y marginación.
Entonces, ¿qué hacemos los que creemos en el superior valor social de la escuela pública? ¿Nos conformamos y dejamos que los vientos nos lleven adonde “naturalmente” nos arrastran? La respuesta debe ir precedida de una reflexión previa: ¿hay alguna posibilidad de torcer el rumbo de las cosas? ¿O el vendaval privatizador es tan fuerte que no hay voluntad humana que lo pueda domeñar? Antes de desistir y renunciar o combatir y resistir conviene tener en presente que el futuro de la escuela pública va uncido al de la izquierda, de forma que si no hay izquierda, no hay escuela pública posible, y si ésta no existe, la izquierda carece de toda posibilidad de gobernar. Por tanto, desde una posición de izquierdas  ─en la que me sitúo─, la defensa de la escuela pública, sean cuales sean los obstáculos,  me resulta insoslayable.
Esta defensa cabe plantearla desde dos escenarios alternativos: un primer escenario es el que supone la continuidad de los gobiernos neoliberales conservadores  de la Unión Europea. Y el otro escenario contaría con el recambio de gobiernos socialdemócratas y progresistas proclives a lo público.
En el primer escenario las posibilidades de acción en pro de la escuela pública son escasas, limitándose a las movilizaciones callejeras del tipo “marea verde”. No había que renunciar a estas lícitas acciones extraparlamentarias, pero a sabiendas del riesgo que implican: el malestar en la comunidad educativa pública, y especialmente entre los principales protagonistas, los profesores, se convierte en un elemento aversivo para las familias, que acaban buscando refugio en la tranquilidad de los centros concertados. De modo que esta alternativa nos coloca en un diabólico círculo vicioso.
El segundo escenario es más esperanzador. En el supuesto de que, aquí en España, por ejemplo, volviese a gobernar el Partido Socialista solo o en alianza con otras fuerzas progresistas, la escuela pública podría empezar a recuperarse a condición de que se pusiesen en marcha radicales e inmediatas reformas en el sentido que a continuación se indica:
En primer lugar, la escuela pública, hija de la ideología de la Ilustración y de la Revolución Francesa e instrumento integrador de los estados-nación del siglo XIX,  deberá actualizar sus rasgos definitorios: será universal, gratuita, accesible a todos, común, obligatoria desde los 3 a los 16 años; será objetiva, científica, garantizadora de la libertad de cátedra y de método de los profesores; laica, incompatible con intromisiones de cualquier confesión religiosa, lo que supone denunciar los Acuerdos con la Santa Sede; cívica y moral, empeñada en la formación de ciudadanos “capaces de saber elegir” en democracia lo que les conviene;  responsable de la función de integración europea e internacional, una vez superado el marco de integración nacional decimonónico; participativa, a partir del diálogo directo y personal de la familia con el profesor de aula o tutor, para ascender desde ésta base firme a otros superiores órganos de representación… (el modelo actual de los consejos escolares ha de ser reformado por la elemental razón de que no funciona y no puede defenderse en la teoría algo que no funciona en la práctica).
En segundo término, y una vez redefinidos los objetivos y funciones de la escuela pública, habría que tomar medidas del tenor siguiente:
1.           Proclamación política y determinación legal de la prioridad de la escuela pública, reservando para la privada-concertada un papel complementario y subsidiario.
2.           Revisión de todos los conciertos actuales bajo  el criterio de que sólo deben mantenerse los que resuelven problemas de escolarización.
En tercer lugar, habrían de implementarse reformas en esta triple dirección:
1. Desburocratización. De la gestión administrativa, por supuesto, pero, sobre todo, del núcleo mismo del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues la burocracia se ha inoculado en la entraña de la relación educativa maestro-alumno. No es tarea fácil. Un primer paso de carácter instrumental, si se me permite la aparente extravagancia:  reducir a un tercio el contingente de profesores, psicólogos y psicopedagogos destinados en la burocracia de las Consejerías de Educación que subliman su verdadero sentido profesional de enseñantes a través de un hiperactivismo en la producción de legislación pedagógica , la cual  cae como una nube tóxica sobre los profesores a pie de obra.
2. Autonomía de Centros y Profesores. El lema a imponer es éste: señores directores y profesores, aquí tienen este Centro educativo, estos recursos y estos objetivos a conseguir. Al final serán evaluados los resultados. Hasta ahora lo acostumbrado es proclamar enfáticamente la autonomía para, acto seguido, inundar los Diarios Oficiales de leyes y reglamentos explicativos de las estrictas formas en que los protagonistas pueden se autónomos.
3. Acción sobre el profesorado. Es cierto el tópico de que el profesorado es el factor principal de la calidad de la educación. Dicho lo cual, el reformador educativo, con el Boletín Oficial como guadaña en ristre, se lanza sobre el intrincado campo normativo y no deja títere con cabeza. Cambia estructuras, modifica terminologías ( lo que antes era capacidad de aplicar conocimientos ahora es “competencia”; atención se llama hoy lo que ayer se denominaba educación personalizada…), reordena contenidos, impone mecanismos nuevos de evaluación, etc. Del profesorados se vocean las cuatro adulaciones de rigor (trascendencia de su misión, exigible consideración social, prestigio…) y se añaden, con categoría de ley, otros imperativos que no son m´´as que meras recomendaciones morales.
Y, sin embargo, como tenemos bien sabido, toda reforma que no empiece y termine por el profesorado es letra muerta.  La reforma del profesorado  debe ser integral y referirse a su formación inicial, sistema de selección y acceso a la función pública docente y a su estatuto profesional y régimen jurídico.

El porvenir de la escuela pública en España va a depender de estas reformas apuntadas. Sólo pueden se acometidas por gobiernos socialdemócratas y progresistas. Otra cosa es que sean capaces, en su caso, de sobreponerse a un impedimento: la resistencia corporativa y gremial de aquellos sectores de la comunidad educativa pública con cuyo concurso se accedió al poder. Si, llegado el caso, el Partido socialista no se atreviese, como en otras ocasiones, a redefinir las funciones y objetivos de la escuela pública del siglo XXI, ésta ya no tendría futuro alguno para nuestra desgracia.

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