CIUDADANOS, LA DERECHA PURA

SER MÁS PRODUCTIVOS PARA VIVIR MEJOR. Este es el subtítulo del libro-programa, El dilema de España, escrito por Luis Garicano, flamante gurú económico-ideológico del partido Ciudadanos. Sabemos lo que significa ser más productivos: trabajar más, con más eficacia y eficiencia que los demás en una competición sin fin... (siempre se puede trabajar más horas robadas al descanso o al sueño y soportar salarios tan bajos que apenas sirvan para la subsistencia biológica).

No está tan claro lo que Garicano considera una vida mejor, pues no es costumbre de los neocón descender (o ascender) a estas filosofías, si bien del texto del economista vallisoletano se desprende que la vida buena para el individuo (sólo existen individuos particulares, pontificaba la señora Thatcher) es aquella que le permite acceder en libertad a un mundo abierto y pletórico de oportunidades. «Cualquier joven parado puede, desde la habitación que ocupa en la casa de sus padres, acceder al mercado global y escribir un blog, o vender cualquier otro tipo de servicio, con tal de que sepa inglés» (Pág. 39 de El dilema de España).

El programa regeneracionista de Ciudadanos pretende que España extirpe el capitalismo populista y de amiguetes del tipo del “palco del Santiago Bernabéu” y que se lleven a cabo profundas reformas en los ámbitos de la educación y de la justicia, en las instituciones económicas (para limpiarlas de brozas interferentes y asegurar así la transparencia y bondad esencial del mercado) y en las instituciones políticas (acabando con la ocupación institucional de los partidos, democratizando el funcionamiento de éstos y mejorando la calidad de las élites). El objetivo es evitar que España derrote hacia el modelo populista venezolano o argentino y hacer que camine hacia el modelo danés. Para Garicano y para Ciudadanos ése es el dilema de España. Y la consigna: más mercado y menos estado.

No nos sorprende la indiferencia o la "naturalidad" con que los neoliberales miran (o no miran) las crecientes desigualdades entre los más ricos y los más pobres, cada día más numerosos. El economista francés Thomas Piketty, sin embargo, en el mejor libro de economía del año y quizás de la década (Paul Krugman dixit), ha analizado la relación capital/ingreso, la distribución de la riqueza y de los salarios y, en fin, la magnitud de las desigualdades y su evolución desde el siglo XVIII hasta 2010. Las conclusiones son demoledoras y la perspectiva para todo el siglo XXI nada halagüeña. Piketty termina su monumental obra con estas palabras: «Quienes tienen mucho nunca se olvidan de defender sus intereses». Negarse a usar cifras rara vez favorece a los más pobres.

Antes de votar hay que echar cuentas. El libro-programa del economista de cabecera de Ciudadanos, que apareció en enero de 2014, es, pues, de obligada lectura o relectura hoy, en medio del estruendo de una campaña electoral en que la doctrina neocón de la derecha pura aparece volcada, vía pactos electorales, a regenerar al corrupto Partido Popular.

Un PP doblemente impuro. En un sentido, por la composición heterogénea de sus fundadores y adheridos: en él conviven franquistas auténticos, neofranquistas, católicos integristas, socialcristianos, liberales, liberales autoritarios, excomunistas reconvertidos en cínico-liberales, populistas... En otro sentido, la impureza le viene al PP por la corrupción que extiende sus metástasis desde la cabeza al dedo meñique del pie.

No creemos que sea riguroso el diagnóstico que Garicano hace de España, con ser ciertas muchas de las cosas que denuncia: la encrucijada de España no está entre Venezuela o Argentina y Dinamarca. Más cierto es el dilema en el que se hallará Ciudadanos tras las elecciones, si nos hemos de fiar de las encuestas: su naturaleza de derecha socioeconómica pura le inclinará a pactar con el PP, mientras que su pretensión depuradora debería impedirle  mezclarse con un partido podrido hasta las entretelas. Es que el agua clara y pura mezclada con agua sucia acaba corrompida de inmediato.  Y esto sí que es un conflicto o un dilema, señor Garicano.

TAXONOMÍA DE LA CORRUPCIÓN

Es letal para la formación de las opiniones y actitudes públicas y para la moral ciudadana la referencia incesante al fenómeno de la corrupción como concepto-saco en el que se meten sin distinción conductas socialmente reprochables de calado diferente, que van desde el ámbito del delito propiamente dicho hasta los difusos límites de la ética y aún de la estética, pasando por las graves incompetencias y negligencias en la gestión de los recursos públicos.

Vivimos tiempos de pensamiento reflejo, instantáneo, icónico, es decir, de no-pensamiento, de falta de reflexión y exceso de reacciones emocionales. Da igual el que ha robado para él, el que lo ha hecho para el Partido en exclusiva o el que de la comisión se ha quedado un diezmo para su bolsillo; el que ha adjudicado contratos y,  a posteriori, sin él saberlo, la empresa adjudicataria ha recibido la visita del hombre del maletín del Partido, o el que a conciencia ha adjudicado la obra obedeciendo órdenes o indicaciones; el que prevaliéndose de su posición pública asesora a empresas que contratan con las Administraciones Públicas y el que simplemente comete alguna irregularidad o prevaricación administrativa que no beneficia al autor ni, a sabiendas, a ninguna otra persona próxima o desconocida; el que en la gestión de la cosa pública se aprovecha personalmente y el que, por negligencia o incompetencia in eligendo o in vigilando posibilita que sus subordinados malversen, prevariquen o cometan apropiaciones indebidas... Todo da igual. Todos los casos y todos los supuestos van a parar al mismo saco de la corrupción: los condenados por delito y los sospechosos, reales o mediáticos, los que presentan indicios materiales de haber delinquido y los que sencillamente sufren la insidia y la calumnia del rival político.

Que las cosas sean así se debe no sólo a la debilidad del pensamiento vigente en los ciudadanos conductistas de nuestro tiempo, sino también a la ausencia de una definición precisa de la corrupción. Y no es por falta de literatura sobre el tema. La misma Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción no ha llegado a ofrecer una definición homologable del término. Se suele definir, en fórmula sintética, como el uso del poder público para beneficio privado o como usurpación privada de lo que corresponde al dominio público, pero luego viene la casuística infinita de una sociedad compleja e interrelacionada mercantilmente por la globalización.

Por ceñirnos a la corrupción política, me referiré al caso de Carlos Fabra, que ilustra esta ausencia de definición unívoca de la corrupción. Fue condenado por varios delitos fiscales y el interesado se apresuró a manifestar que, al ser exonerado de los delitos de tráfico de influencias y cohecho, su caso no entraba dentro del campo de la corrupción. El ocupar un cargo público ─Presidente de la Diputación─ no determinaba el carácter corrupto de su conducta fiscal, pues el delito fiscal está al alcance de cualquier ciudadano particular y él lo cometió como tal ciudadano particular. Otra cosa es que descendiendo del plano formal al real, no haya nadie del común de la gente que no considere a Carlos Fabra digno de ocupar uno de los puestos más señeros dentro del retablo abigarrado de la corrupción rampante en España.

Tampoco hay tertuliano que se precie o dirigente del PP con la guía de campaña en ristre que no incluya, en el contexto del debate político interpartidario, los nombres de Chaves y Griñán junto al de  Bárcenas y otros tantos del mismo tenor, lo cual es de una injusticia abrasiva, pues en ninguna cabeza decente cabe pensar que los ex-presidentes de la Junta de Andalucía se llevasen un euro del fraude de los ERES. Cuestión diferente es la de responsabilidades políticas.

La urgencia de una taxonomía de la corrupción supone ordenar, clasificar y jerarquizar las conductas de cada caso, lo que nos llevará a distinguir y aplicar las sanciones penales, civiles o políticas pertinentes.

Nos ocuparemos aquí de las responsabilidades políticas, dejando para los jueces las penales, aunque si se generalizase la doctrina de la jueza Alaya la responsabilidad política se confundiría con la penal. Pues bien, la responsabilidad política deriva de una mala gestión de la cosa pública del dirigente de la organización, bien por acción directa (o inacción) o por error in eligendo o in vigilando de sus subordinados. Es evidente que la mala gestión es un asunto de grados y va desde la ineficacia hasta la catástrofe, pasando por la ineficiencia o el estrago social masivo. No es lo mismo no haber conseguido los objetivos prometidos a los electores, conseguirlos a coste excesivo, derrochando recursos, o haber conducido a la sociedad gobernada a una situación de catástrofe, de ruina y corrupción generalizada.

Si en una Comunidad Autónoma como la andaluza se produce un fraude generalizado  en la gestión de los Eres, por más que los Presidentes de la Junta, señores Chaves y Griñán no fuesen conscientes del mismo y mucho menos se beneficiasen en un solo euro ─y, en consecuencia, no hayan incurrido en responsabilidad penal─,  sí que son responsables políticos de la gestión dañina de los dineros públicos y deben pagar por ello. Griñán ya dimitió como Presidente y actualmente, como Chaves, ocupa un cargo público de representación, no de gestión. Los dos dejarán la vida pública en cuestión de meses.

Francisco Camps, Paquito para los amigos, sin perjuicio de que las investigaciones penales en marcha lo acaben de atrapar, de momento es responsable de, por una parte, haber dirigido al PPCV  hacia las simas más profundas de la corrupción y, por otra, haber llevado a toda la sociedad valenciana a la bancarrota económica y moral. Cuando se  piensa en por quién hemos estado conducidos estos años, uno se palpa la ropa para asegurarse de estar vivo. ¿Qué hace este hombre en un Consejo Consultivo cobrando del dinero público?

Esperanza Aguirre, en Madrid, es otro caso de aquelarre donde se mezclan desfachatez, cinismo y desvergüenza. Pero ella no tiene ninguna responsabilidad política por la corrupción masiva crecida a su sombra, nos dice la aristócrata. De hecho es candidata a la alcaldía de Madrid con posibilidad, ayudada por la firma blanca de Ciudadanos, de empuñar el bastón de mando de la ciudad del chotis.

Todo lo cual nos pone ante el problema del pago o impago de las responsabilidades políticas. La forma más cabal de pago sería la de la dimisión del afectado. Una vez evaluado el desastre de su gestión, la retirada al ostracismo de la vida privada procedería como un hecho natural. De no darse la dimisión ─que es lo que suele pasar─ debiera producirse el cese del incompetente por la autoridad superior. Pero si la autoridad superior es otro incompetente o se impone en la organización el espíritu corporativo, el impago de la responsabilidad está garantizado, que es lo que campa en las organizaciones partidarias. ¿Qué queda, pues?  No hay otra que el recurso del ajuste de cuentas de los electores. Que no funciona, o funciona muy defectuosa e injustamente. Como la educación. Así de defectuosa es nuestra democracia. Por eso el Partido Popular erradicó la educación ciudadana de las aulas.