martes, 11 de julio de 2017

LA TRAMPA CATALANA

No sabría decir si la sociedad española sufre de esquizofrenia, se despreocupa de todo lo que no forme parte de las necesidades básicas de la pirámide de Maslow o simplemente está anestesiada y da la espalda a un hecho contundente e irreversible como es la inminente declaración de la independencia de Cataluña, al modo como ocurre con el fenómeno de la muerte individual que, aun sabiéndola de cumplimiento inexorable, la arrumbamos a la indiferencia de lo irreal.
En el sondeo del CIS de junio aparece el paro, la corrupción, la economía, los políticos, la sanidad, los asuntos sociales, la educación, la calidad del empleo, el terrorismo yihadista... como los problemas más acuciantes que preocupan a los españoles, figurando el conflicto catalán en un lugar irrelevante. Y, sin embargo, el hecho de que, al día siguiente del 1-O, sea cual sea el porcentaje de participación en el Referéndum, se declare la Independencia de Cataluña con un solo voto positivo de más, es un acontecimiento de trascendencia histórica inescrutable e impredecible, dramático en todo caso. La joven democracia española ha aguantado y superado envites de alto riesgo: el golpe militar del 23-F, el terrorismo de ETA, el terrorismo yijadista, la Gran Crisis económica de 2008 (si bien sus secuelas de miserabilización en las capas sociales perdedoras permanecen como llagas vivas todavía).
En otros escritos he mariposeado intelectualmente sobre las raíces históricas, la evolución de las coyunturas críticas, los antecedentes inmediatos y las culpas y responsabilidades del conflicto catalán hasta desembocar en el denominado procés. Lo he hecho desde una posición ideológica y política que está tan lejos de los nacionalismos, siempre venenosos, antihumanistas y premodernos (se afirman en la negación del otro ciudadano) como de los integrismos castellanistas. Aquí, hoy, me quiero limitar a identificar y definir ‘trampa catalana’ tendida al PSOE por los de un lado y los de otro. 
Lo tengo dicho. El Presidente Rajoy, aunque solo fuere por la manera de conducir en el último lustro el desafío del Gobierno catalán, estaría inhabilitado por incompetencia para cualquier cargo público, dejando al margen, que ya es dejar, la inmensa corrupción de su partido. En este punto surge la duda de si la estrategia seguida (inacción desidiosa mientras la escalada semántica y de hechos materiales del independentismo alcanzaba cotas intolerables) traía su causa en la incompetencia o en el cálculo electoral. La exigencia al Partido Socialista de permanente confesión de fe sobre la unidad nacional y la defensa de la Constitución colocaba a la organización socialista ante un dilema parecido al del asno de Buridán: elegir entre perder votos en Cataluña o en el resto de España. El asno de Buridán, entre el montón de heno y el agua, de tanto dubitar murió de inanición y el PSOE ha sufrido en las carnes del PSC graves quebrantos y también en el resto de España. Nunca fue suficiente la pureza de sangre nacional del PSOE y cada intento de buscar soluciones (el último Estatut, la doctrina de Granada, el federalismo...) fue tildado de ambigüedad, tibieza e inconcreción, cuando no de connivencia con los independentistas.
En estos momentos críticos, cuando abogados del Estado y constitucionalistas debaten si el artículo 155 de la CE debe aplicarse ya pues los actos materiales preparatorios o vinculados a la consulta referendiaria son inconstitucionales (Sentencia 138/2000 del TC sobre el 9N), o debe esperarse a que el referéndum del 1-O se haya consumado, o ya debía haberse puesto en marcha antes de que el río acumulase tanta agua, como reprochan algunos, eminentes socialistas han echado su cuarto a espadas y han proclamado que procede aplicar el manido art.155. Es opinión de hace algún tiempo de A. Guerra, a la que se acaba de sumar F. González, con la matización de la gradualidad en su aplicación.

No discuto el fondo de esta posición de los prohombres socialistas del pasado, a título particular. Pero no es al PSOE a quien corresponde adelantarse y dar la solución técnico-jurídico-constitucional. Si hay que inhabilitar, multar, detener o encarcelar lo tiene que decidir el Gobierno de Rajoy. Y la Oposición ya dirá lo que tenga que decir. Al PP de Rajoy no le irá mal disfrutar de la trampa en la que se complació en meter a sus rivales políticos. Los que no somos hombres de Estado no queremos restar protagonismo al gran Rajoy, el hombre tranquilo del sentido común. El miura es suyo. A ver cómo sale de ésta, si usando la teoría de juegos o en el cómodo papel de Don Tancredo.

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