CURSO NUEVO, PROBLEMAS VIEJOS

¿Qué nos trae de nuevo el incipiente curso escolar? Lo de siempre, lo de todos los años: las quejas de los sectores de la comunidad educativa de la red pública sobre la persistencia de barracones y otras deficiencias en las infraestructuras, la disminución del número de profesores por el incremento de alumnos por aula, la reducción de líneas y aulas por efecto de la caída de la demanda y el agrupamiento de alumnos, la desorganización administrativa, la falta de tiempo para preparar las programaciones didácticas por parte de los profesores, el inicio prematuro del curso y, lo que es más relevante y significativo, el malestar generalizado del profesorado ante una reforma más de la que ha sido desafecto en su génesis y aprobación posterior.

 Los anteriores hechos, por más que suenen a tópicos gastados que curso a curso se repiten como una salmodia cansina, aguantan bien la refutación de la Administración Educativa, que contrataca con una panoplia de datos estadísticos, aun cuando algunos de ellos exigen ciertas matizaciones. Por ejemplo: mientras las aulas de las ciudades medias y grandes se masifican (imagínese el lector una clase de 30 niños de 3 años), en los llamados Colegios Rurales Agrupados (Craes) subsisten aulas con 2 y 3 alumnos, lo cual pareciera demostrar prima facie la fina sensibilidad de los responsables políticos del PP hacia la problemática del medio rural; sin embargo, la realidad habla, demagogias al margen, de desperdicio de recursos ─tan necesarios por lo demás─, de administración irresponsable y del clientelismo de la política de campanario. En cuanto a los ajustes de unidades escolares (“arreglo escolar” en la jerga administrativa al uso) que curso a curso se lleva a cabo por los servicios técnicos de la Consellería y por las respectivas Inspecciones de Educación provinciales, de acuerdo a criterios aritméticos, en última instancia son corregidos por la influencia política del alcalde del PP de turno. Son de general conocimiento los alcaldes que no permiten que se suprima una unidad escolar en su territorio por más que los criterios matemáticos oficiales lo determinen.

Al profesorado no le faltan motivos para la inquietud y la ansiedad: en las dos últimas décadas raro es el año en que una nueva reforma educativa no amenace  el comienzo de curso con remover todos los cimientos del sistema, aunque luego todo se quede en meros cambios terminológicos que se incorporan a la jerga bombástica de los psicopedagogos. Este curso, la entrada en vigor (parcialmente) de la LOMCE, aquí en Castellón, hizo que el profesorado tomase las vacaciones de verano con importantes incertidumbres: la tardía aprobación del Decreto del Currículo (el 7 de julio), la modificación de los horarios (30 sesiones de 45 minutos semanales), la posibilidad (al fin frustrada) de jornada única, las tardías convocatorias de TE y de CE, la publicación de la convocatoria de los Contratos-programa cuando ya el plazo de solicitud estaba superado, la drástica reducción de los recursos complementarios para las necesidades educativas especiales (NEE), una vez que ya la Inspección había comunicado a los centros sus disponibilidades, el retraso en la publicación de las Instrucciones del inicio de curso… En fin, todo aboga en la red pública de escuelas a favor de la desestabilización, que trasladada al ánimo de los profesionales que día a día han de vérselas con alumnos masificados, tiene efectos letales para la “mejora de la calidad educativa”, objetivo de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Menudo sarcasmo.

El panorama, resumiendo, es desolador:

Uno. Se suprimen unidades escolares y centros del sector público, mientras el privado concertado aumenta inexorablemente. Silencioso, en un clima político y social que le beneficia.

Dos. Los centros públicos que sobreviven se masifican y se hacen conflictivos.

Tres. La desestabilización jurídico-pedagógica hace mella en la moral de la tropa docente.

Cuatro. El porcentaje del PIB dedicado a educación se reduce gradualmente (del 5% al 3,9%)

Cinco. Los encargados de hacer efectiva la reforma educativa son mayoritariamente desafectos y amenazan, junto a otros elementos de la comunidad educativa, con movilizaciones y paros para los próximos meses.

Seis. Los políticos destinados a la Administración Educativa suelen mostrar una incompetencia doblemente excelsa: no saben de educación y lo ignoran todo de la técnica de la administración. Son, por tanto, unos geniales programadores del caos, que tan bien sirve a la hegemonía de la ley de la selva.

No un político, sino un gran lingüista, Lázaro Carreter, dejó escrito: “No habrá democracia mientras unos sepan expresarse satisfactoriamente y otros no; mientras unos comprendan y otros no; mientras el eslogan pueda sustituir al razonamiento articulado…”. Pues eso. ¿De qué, si no del eslogan, habría de sobrevivir el partido que ha llevado a la Comunidad Valenciana a la ruina para varias décadas?