¿ES GOBERNABLE LA EDUCACIÓN EN ESPAÑA? (III)

Junto a la lucha ideológica fijada en el campo de la educación y los continuos cambios legislativos, existe una tercera causa o factor que contribuye en grado importante a dificultar un ambiente favorable al buen gobierno de las instituciones educativas. Nos referimos a la tensión conflictiva entre el Centro y la Periferia, el Gobierno de Madrid y los Gobiernos Autonómicos, el nacionalismo español y los nacionalismos independentistas. La cuestión no va de una disputa administrativa por más o menos competencias; el asunto se refiere a una pugna persistente e irrenunciable encaminada a superar hitos conducentes a la detentación de competencias exclusivas sinónimas de las de un Estado independiente.

La Constitución Española de 1978, en su art. 149.1.30ª, establece que el Estado tiene competencia exclusiva en el desarrollo de la legislación básica de su artículo 27,  a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en materia de educación. Los Estatutos de la primera generación solían ceñirse a competencias plenas o, todo más, compartidas con el Estado. Pero de entonces a hoy se ha producido un deslizamiento terminológico y semántico no casual de manera que los Estatutos vigentes expresan sus competencias educativas en términos de exclusividad, en el marco, apenas insinuado,  del art. 149.1.30ª.  El Estatuto de Cataluña de 2006 ─de tan infausto recuerdo, hoy más que nunca─ es buen ejemplo de la vis expansiva  del poder público catalán, que encuentra, justo es reconocerlo, adecuada respuesta en la vis expansiva  (o retractiva) del poder del Estado español.  

El Estatuto catalán muestra una preocupación casi neurótica por la lengua catalana y a ella dedica los artículos 6, 32, 33, 34, 35 y 50, pero además el artículo 131, titulado ‘Educación’, recoge la exclusividad competencial en ciertas enseñanzas posobligatorias, en la determinación de los contenidos educativos del Primer Ciclo de Educación Infantil, en la inspección y evaluación interna de la enseñanza, etc.  Y lo mismo ocurre en el Estatuto de la Comunidad Valenciana, que en su artículo 53 dice que es de competencia exclusiva de la Generalitat Valenciana la regulación y ordenación de la enseñanza....   

Conviene precisar que el Estado no es que dé adecuada respuesta al afán de exclusividad competencial de algunas Autonomías, es que, a su vez, utiliza desaforadamente la legislación básica como rejón que penetra sin complejos en territorio ajeno, de forma y manera que no se sabe muy bien quién fue primero, si el huevo o la gallina, tratándose como se trata de dos nacionalismos, el español y el catalán.

La revisión comparativa de las leyes educativas debidas al PSOE, por un lado, y al PP, por otro,  nos pone de relieve que mientras las primeras han contado con el consenso de otras fuerzas políticas, incluidas las nacionalistas, las infortunadas leyes del PP, la LOCE y la LOMCE, se aprobaron, sobre todo la última, en solitario y con el rechazo clamoroso de la derechas nacionalistas vasca y catalana por invadir, dicen, un terreno competencial que les es propio. Así que hétenos aquí que la educación en España padece, junto al enfrentamiento político izquierda/derecha, la distorsión de otro eje de oposición entre nacionalismos, el español y los periféricos vasco y catalán, sin olvidar otros no tan explícitos como el gallego, o larvados, minoritarios y sintomáticos como el valenciano que se alienta en el ideal Els Països Catalans.

El conflicto consiste, por ceñirnos al caso catalán ─al día de hoy a la espera de los resultados electorales del 27 de septiembre para la declaración unilateral de la independencia─ en que mientras el ex ministro Wert pretendía españolizar a los niños catalanes, el President de la Generalitat, señor Más, y su antecesor el señor Pujol, llevan décadas tratando de formar niños en el espíritu nacional catalán. La Nación necesita en términos generales un Territorio, una Lengua, una Religión, una Historia particular y una Cultura diferenciada. Sobre todo, la Lengua y la Escuela. La Escuela es el espacio de socialización por excelencia, después de la familia. Dadme la Escuela y en su fragua moldearé a los jóvenes reclutas y construiré una Nación. Dejadme el Boletín Oficial, contrataca el españolismo del PP, y aprobaré Reales Decretos con los currículos detallados de lo que los niños catalanes, como todos los niños españoles, deben aprender de geografía, de historia y de lengua castellana y ayudaré a universalizar el espíritu nacional español entre todos los hombres  y tierras de España.

Llegados al punto en que estamos ─ya hemos hecho referencia a la hoja de ruta del soberanismo catalán, que amenaza con una inminente declaración de independencia─ las posibilidades de articular el sistema escolar general con los subsistemas escolares autonómicos son nulas. La estabilidad, la coordinación y la cooperación, tan necesarias para una buena gobernanza de las instituciones educativas, brillan por su ausencia.

El Presidente del Gobierno, el señor Rajoy, intenta en las últimas semanas  amedrentar al personal  con la llegada del caos si no le votamos a él en las elecciones generales de fin de año. A él, paradigma de la estabilidad y de la seguridad, que, al margen de recortes económicos y otras pequeñas inclemencias sufridas por las clases desfavorecidas bajo su mandato ─lo que ya es dejar al margen─,  ha conducido a España a la crisis territorial más grave desde la democracia, sin mover más dedo que el indicador de la ley, ejemplificando al político más pasivo e inútil que pudiéramos imaginar. Una crisis separatista que, como la historia nos muestra, si no se hace de acuerdo entre las partes, se resuelve siempre por medios violentos. La derecha, la derecha ultraconservadora que encarna el señor Rajoy como biotipo perfecto, conoce esta lección de la historia. En términos de ultima ratio la derecha no tiene nada que perder. Por eso Rajoy está más tranquilo que nosotros.