La segunda causa de la difícil
gobernanza de la educación en España ─que a la vez es efecto de la secular
guerra ideológica─ proviene del incesante cambio en las grandes leyes
educativas. A partir de la Constitución de 1978, el partido de Adolfo Suárez,
la UCD, con la oposición de todas las fuerzas de izquierda, aprobó la Ley Orgánica
del Estatuto de Centros Escolares, la LOECE (1980), ley que, en cuanto llegó al
poder el PSOE en 1982, sucumbió ante la Ley Orgánica del Derecho a la
Educación, la LODE (1985). Fueron años
de intensos debates y acaloradas controversias: la libertad de enseñanza (gran
mantra de la derecha), el derecho a la elección del modelo de educación y de
Centro (ideario, decían entonces los
clericales)...; escuela público-comunitaria, laica, plural ad intra, libertad
de cátedra de los profesores (se defendía desde la izquierda). ¿Quién venció en
esta gran batalla? El ministro Maravall hizo lo que pudo, pero la LODE supuso
el reconocimiento de los conciertos a los centros privados, que resolverían
problemas de escolarización, que eran muchos y acuciantes, y la palabra ‘ideario’
fue sustituida por la expresión ‘carácter propio’. Un sarcasmo. Con el tiempo
se demostró que carácter propio equivalía
a confesionalidad católica y las necesidades
de escolarización se interpretaron como conciertos para todo centro que lo
solicitase... ¿Pudo hacer otra cosa la izquierda? Cuando se plantean futuribles
sobre la Transición yo siempre me acuerdo del 23F de 1981.
En 1990 el PSOE patrocinó la Ley
Orgánica General del Sistema Escolar, la célebre LOGSE, la ley más
desaforadamente criticada por la derecha y sectores pseudoprogresistas de sesgo
corporativo, pero que amplió la escolaridad obligatoria hasta los 16 años, lo
cual no era pequeña muestra de progresismo. De esta ley se dijo de todo: desde
ser la responsable del mayor fracaso escolar de la historia (qué poca historia
se supone que sabemos los españoles) hasta de ser causante del más grande paro
y más temprano abandono escolar de Europa (como si la crisis económica, burbuja
inmobiliaria incluida, fuesen creaciones de ciencia ficción). Cinco años más
tarde, en 1995, la Ley Orgánica de la
Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes (LOPEGCE)
vino a poner ciertos límites a las alegrías idealistas de que la LOGSE sin duda
adolecía. El título es revelador: con excusa de regular la participación, se
recreó el Cuerpo de Inspectores de Educación, declarado a extinguir por la Ley
de Medidas de la Reforma de la Función Pública del año 1984 (una decisión
nefasta, propia del infantilismo y la demagogia en que la izquierda suele caer
al llegar al gobierno).
Y llegó el PP al poder. Su objetivo:
erradicar la LOGSE y cualquier vestigio de la misma. El trabajo ideológico de
desgaste estaba hecho, la demolición se preveía inminente. Sin embargo, desde
el año 1996 hasta la aprobación de la ley educativa del PP, la Ley Orgánica de
la Calidad de la Educación (LOCE), en 2002, pasó un largo tiempo de debate y
enfrentamientos sobre los temas de siempre, que la ministra del ramo, Pilar del
Castillo, trató de camuflar tras el manto mítico del concepto calidad, el más falaz e ideológico de
los constructos mentales, incorporado al mismo título de la ley. Triste destino
el de la LOCE, que no llegó a aplicarse, y vanos y penosos los esfuerzos de la
ministra Pilar del Castillo, una excomunista reconvertida al radicalismo
neoliberal...
En 2006 el PSOE ya había aprobado una
nueva ley, la Ley Orgánica de la Educación (LOE). Con buen sentido, se hizo
desaparecer del título de la ley del PP la ‘c’ de la calidad, auténtico
burladero ideológico, y se intentó salvar lo máximo posible de la LOCE, pero no
fue suficiente para que el PP, ya en el poder a finales de 2011, renunciase a
aprobar su propia ley, inspirada y
cocinada en la factoría FAES. Aprobada con toda la oposición en contra y
conjurada para derogarla en cuanto cambiase la mayoría parlamentaria, la Ley
Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE) nació muerta y
hoy, cuando escribimos esto, las doce Comunidades Autónomas que no son del PP
están ya intentando retrasar su aplicación o bloquearla para ganar tiempo antes
de hacerla desaparecer en el próximo ejercicio parlamentario.
Desde 1980 hemos producido siete grandes Leyes de
Educación, si bien una de ellas, la LODE, ha pervivido con ligeros retoques
desde 1985, pues no en balde sentó las bases de los conciertos educativos en
unas condiciones nada desfavorables para el sector privado confesional
católico. Sintéticamente, el fondo del debate derecha / izquierda gira sobre
estos ejes: educación humanística, al servicio del hombre / educación para la
producción y la economía; educación servicio público, derecho ciudadano / educación
mercancía que se compra en el mercado; educación comprensiva, compensatoria / educación
selectiva, jerarquizadora; escuela pública comunitaria / escuela privada
concertada; escuela laica / escuela confesional; educación para la ciudadanía /
educación en valores religiosos.
Mientras
no se alcance un pacto a medio camino entre los polos de las anteriores
antinomias y se desplace la guerra ideológica y política desde el ámbito de la
escuela a otros ámbitos sociales e institucionales, la educación seguirá siendo
difícilmente gobernable. Y más si el responsable político carece de formación,
experiencia y sentido de la realidad compleja que tiene en sus manos. Por
ejemplo, en esta Comunidad Valenciana en poco más de un mes el Conseller de
Educación ha abierto todos los frentes de la vieja guerra: la lengua, la
religión y los conciertos educativos. Y todo ello sin haber tomado ninguna
medida de cierto calado; todo ello por simples (simplonas, inmaduras...)
declaraciones sobre lo que piensa o lo que hará en el futuro. Como si el
electorado no conociese el programa educativo de Compromís, como si el más
elemental sentido común no aconsejase coger los huevos del gallinero antes de
alarmar gratuitamente a las gallinas... Oyendo al treintañero Conseller de
Educación es como si casi cuarenta años hubiesen transcurrido en vano.
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