LOS DESAFÍOS DE PEDRO SÁNCHEZ

Si la vida de por sí está regida en buena medida por el azar, contra el que poco pueden los más esforzados afanes planificadores, cuando se trata de la política y, específicamente, del nacimiento, formación, porvenir, auge o declive de los liderazgos, entonces toda previsión es un ejercicio de astrología. Individuos inicialmente brillantes y prometedores, al poco, no superan la trayectoria de las estrellas fugaces y, por contra, personajes anodinos, sin ningún carisma innato, con el paso de los años logran construirse una personalidad política duradera, persistente, vitalicia, flotante como un corcho, al pairo sobre las aguas revueltas o tormentosas, al estilo de un Mariano Rajoy paradigmático.

Pedro Sánchez hace apenas dos años era un joven diputado del que nadie imaginaba que el 20-D de 2015 iba a ser el candidato a la Presidencia del Gobierno por el PSOE y que semanas más tarde recibiría el encargo del Rey de intentar formar gobierno. El hecho es que sobre Pedro Sánchez en este momento de la historia de España y del Partido Socialista penden interrogantes  trascendentales:  ¿Conseguirá ser Presidente tras superar el dédalo pluridilemático en que se debaten encerrados los líderes partidarios? En caso negativo, ¿podrá conservar el liderazgo en el partido? En caso positivo, y contando con el ciclotímico Pablo Iglesias y/o con el neoliberal Albert Rivera de partenaires, acabará asentándose como líder y gobernante fiable? En todo caso, y sea cual sea el signo de los anteriores futuribles, el PSOE y Pedro Sánchez se enfrentan a unos retos en los está en juego no sólo el futuro del personaje político −que aparentemente sería secundario−, sino el de la centenaria organización socialista.

Cargar con la herencia. La gran e histórica tarea de modernización de España gestionada por el PSOE −el electorado es olvidadizo y las generaciones se renuevan− ha sido enterrada bajo los escombros de la crisis, la gestión de Zapatero y las políticas social-liberales de Boyer, Solchaga, Solbes, Salgado..., como antecedentes. Rubalcaba, brillante cabeza, gran político, una vez instalada la idea de que PP y PSOE son lo mismo, ya nada pudo hacer. No era cuestión de líder. La masa electoral socialista venía progresivamente enflaqueciendo a cuenta de los jóvenes, los urbanitas y los grupos sociales con superiores niveles académicos.

Por otra parte, Pedro Sánchez se encontró con un organización anquilosada y rígida, pero por eso mismo resistente, según la ley de hierro de las burocracias. Una burocracia la del PSOE en gran medida resignada a perder elecciones a cambio de conservar los pesebres de alcaldías, concejalías, diputaciones, puestos en los Parlamentos nacionales y autonómicos y asesorías... Una burocracia con sus baronías y señoriazgos crecidos y empoderados ante el liderazgo de Pedro Sánchez, al que consideraron interino en la plaza a la que, no sé por qué, estaba destinada Susana Díaz.

También tuvo que lidiar Pedro Sánchez con la competencia agresiva de los partidos emergentes, con la de Podemos en especial, populista y socialdemócrata al mismo tiempo, faltón y pretendido melífluo compañero de viaje después. Los resultados electorales del 20-D no fueron buenos, pero tampoco los peores de la historia del PSOE, a no ser que se cuente con que la historia empezó en 1977 (en 1933 el Partido Socialista obtuvo 59 diputados de los 473 del Congreso).

 Los desafíos. Cualquiera que sea la salida del embrollo político que vivimos, con la paciencia de la ciudadanía a punto del agotamiento, el PSOE debe afrontar los siguientes objetivos:

- Recuperar al electorado más dinámico: jóvenes, capas urbanas y ciudadanos mejor formados.

- Fragmentada la clase trabajadora y en crisis los sindicatos de clase −soportes fundamentales de la socialdemocracia auténtica−, la incorporación de los numerosos autónomos, hasta hace dos días trabajadores por cuenta ajena, a las estrategias políticas y electorales del PSOE  es imprescindible.

- Aumentar el número de militantes y simpatizantes, previa reforma radical de la burocracia partidaria, teniendo en cuenta las posibilidades de comunicación instantánea que ofrecen las nuevas tecnologías.

- Mantener un discurso socialdemócrata modélico, trasladando la convicción a las clases bajas de antes y a las advenidas por las políticas crueles de la crisis de que, en las sociedades abiertas del mundo occidental, lo que no consigan con el Partido Socialista no sueñen con obtenerlo con las declaraciones de amor del populismo posmarxista del milagrero Pablo Iglesias o de cualquier otro charlatán de feria.

Los anteriores objetivos están ahí ante el PSOE, firmes y tozudos, cualquiera que fuere la salida del laberinto (gobierno, siempre problemático, o nuevas elecciones). La tarea −soy muy consciente−  conlleva planes estratégicos de gran envergadura y amplio alcance, respecto a cuya implementación soy pesimista o realista escarmentado.

    En todo caso, tengo la profunda convicción de que si no se afrontan con determinación los desafíos referenciados, los tiempos del PSOE tienen una fecha de caducidad señalada en el reloj biológico de los remanentes viejos socialistas, familiares y allegados. Por más esfuerzos que haga Pedro Sánchez −que los está haciendo con creces−,  no servirán para dar el salto del raquítico 20% de electores fieles y conservar la hegemonía de la izquierda. La biología inexorablemente nos extinguirá y ningún añejo bálsamo de Fierabrás andaluz podrá evitarlo, más bien acelerará el fin del dinosaurio.

SOBRE FUNCIONARIOS, NO GENERALIZAR

Llegamos a la conclusión en un anterior comentario  de que la pandemia de corrupción que nos anega no sobrepasó la esfera de la política, manteniéndose la Administración profesional incontaminada a grandes rasgos (córrase un tupido velo sobre connivencias, colaboraciones necesarias, miradas distraídas, pasividades o indiferencias...)

 Aceptada la tesis de la incorruptibilidad de nuestros funcionarios, tanto más meritoria cuanto la enfermedad fue viral y la cercanía al político íntima, habríamos de felicitarnos por tener los funcionarios que tenemos, sobre todo en estos meses en que estamos huérfanos de gobierno y toda la intendencia del país descansa sobre los empleados públicos, firmes e impertérritos en sus puestos, si mover los párpados, mientras el inefable Pablo Manuel Iglesias tiene que ser reconvenido por su asesoría de imagen para que no parpadee más de setenta veces por minuto en los platós (cosas de la autenticidad de la nueva política).

Sin embargo, cualquiera que tenga alguna experiencia como miembro de las Administraciones Públicas o como cliente (el lenguaje del mercado lo penetra todo) ha podido comprobar desgraciadamente que son manifiestamente mejorables cuando no desastrosas. Conviene distinguir, siempre para razonar bien hay que distinguir. Nada más lejos de la verdad que aquellas sentencias que queriendo decir todo acaban no diciendo nada... Los funcionarios son esto, los médicos son aquello, los músicos son pacíficos...

El Partido Socialista no más llegar al poder aprobó en 1984 la llamada Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, que supuso, con todas las deficiencias que se quiera, una reordenación drástica y racionalización de la selvática maraña de cuerpos, grupos, escalas técnicas subescalas, etc. A partir de esta Ley Orgánica, otras reformas siguieron, desde la LRJ-PAC, del 92, hasta el Estatuto Básico del Empleado Público, de 2007, de forma que en lo tocante a la Administración Central puede decirse que funciona con niveles aceptables de eficiencia, en no pequeña medida porque el acceso al empleo público se hace respetando las exigencias constitucionales de mérito, capacidad y publicidad.

Otro cantar es el que se oye en las Administraciones Autonómicas y Locales. Conozco muy bien la Administración valenciana desde su fase embrionaria, desde el momento cero en que, por ejemplo, dos Directores Generales de la Conselleria de Cultura y Educación ocupábamos un mismo despacho (en diciembre de 1982, compartí despacho con Toni Asunción, cuya reciente muerte lamento profundamente).  Cuando abandonamos el gobierno en 1995 los socialistas dejamos una razonable Administración  y unas bases firmes para garantizar el acceso meritocrático a la misma. La llegada del Partido Popular, que traía el hambre de casi tres lustros de abstinencia de poder, fue como la invasión de Atila y los hunos. Ni uno de los principios constitutivos de la administración weberiana se salvó. Y allí fue Troya, el apoteosis del spoil system.

Pero donde la burocracia es la ejemplificación perfecta del mundo kafkiano es en la Administración Local. He sido funcionario de la Administración Central y de la Autonómica, no de la Local, pero los contactos como administrado y las informaciones de terceros me han llevado a la convicción de que en demasiados ayuntamientos todo transcurre al albur del caos perfecto de una burocracia estúpida. ¿Tendrán algo que ver en este estado de cosas los procedimientos selectivos de los empleados municipales, que suelen saltarse a la torera mérito, capacidad, igualdad,  publicidad, transparencia, imparcialidad, profesionalidad, independencia, confidencialidad y objetividad, todos ellos principios irrenunciables para constituir una Administración moderna y eficiente? En los ayuntamientos, secretarios, interventores y tesoreros pertenecen a Cuerpos Nacionales cuya habilitación la obtienen por una oposición que garantiza una competencia de base, pero de ahí para abajo, técnicos de administración general (TAG), administrativos, auxiliares, subalternos, policías, funcionarios de cuerpos especiales, arquitectos, ingenieros y oficios varios han ingresado en cada Ayuntamiento por procedimientos sospechosos, a veces flagrantemente fraudulentos. Cada Partido intenta meter a su clientela y el resultado que heredan los nuevos equipos de gobierno es una Administración Local sobredimensionada, desestructurada, sin line and staff distinguibles, carente de jefes que ejerzan la jerarquía (por la que cobran), con sistemas retributivos (hablo de pluses y productividades) arbitrarios...

Desespero por conocer algún día a un concejal de izquierdas (de la derecha sé muy bien lo que espero) que llegue a un Ayuntamiento con cuatro ideas claras sobre la Administración Local y esté dispuesto a intentar ponerlas en práctica. ¿Será posible que veamos el día en que para obtener una licencia de actividad para una tienda de chuches no transcurran dos años? ¿Será posible que el mismo requerimiento de un nuevo papel no te lo hagan tres  funcionarios diferentes, como si se tratase de tres personajes de Kafka redivivos?  Mientras así no suceda, la corrupción subsistirá como la carcoma pertinaz, que al final acaba con el mobiliario.

LOS FUNCIONARIOS EN TIEMPOS TURBULENTOS

Decir de alguien «ese es un funcionario» en tono más o menos despectivo es tanto como dar por sentado que el aludido es un mediocre, un hombre sin ambición, un rutinario, sin iniciativa, un conformista, un ser grisáceo que ha renunciado a cualquier relevancia en el paisaje social. Claro que no siempre es así. En tiempos de crisis económicas y millones de desempleados a los funcionarios se les observa con indisimulada envidia como privilegiados que tienen asegurado de por vida el puesto de trabajo y el sustento vital.

Es obvio que estos prejuicios sociales sobre el funcionariado son de brocha gorda, poco matizados, pues hay funcionarios y funcionarios y no es lo mismo un auxiliar administrativo que un abogado del estado, un celador de un centro sanitario público que un cirujano cardiovascular, jefe de servicio y a la vez catedrático de la Facultad de Medicina. Pero no son distinciones de esta guisa las que tienen pertinencia con lo que nos preocupa ahora: ¿Qué pasa, qué papel juegan los funcionarios cuando no hay gobierno o este es provisional como en España ahora?

Se suele argüir: no pasa nada, funcionan las Instituciones, el entramado jurídico, el Estado, en fin, sigue. En efecto, la definición más elemental que aprendimos de Estado se resume así: «El Estado es la organización juridíco-política de la sociedad». Organización que persiste, que no decae mientras el órgano ejecutivo (el Gobierno) solo conserva competencias limitadas en los periodos provisionales durante los procesos electorales. Se cita a menudo los casos de países como los de Bélgica e Italia que han seguido su curso tranquilamente en ausencia de gobiernos regulares durante meses e incluso años, circunstancia que ha llevado a concluir con jocosidad cínica que acaso viviríamos mejor sin gobierno, para regocijo de ácratas y anarquistas confesos...

Son los funcionarios quienes personalizan las Instituciones del Estado en tiempos de inestabilidad, provisionalidad o turbulencia. Si los niños acuden a los colegios y encuentran a sus maestros; si los enfermos son atendidos en los hospitales por los médicos; si los incendios son apagados por los bomberos; si  la seguridad del tráfico está vigilada por la guardia civil; si los aparatos de la Protección Civil permanecen alerta; si la integridad de nuestras fronteras está garantizada por el Ejército... España puede seguir funcionando a pesar de que tengamos un no-gobierno encabezado por un corcho flotando sobre aguas estancadas y corruptas.

Aguas corruptas. Era imposible eludir el asunto de la corrupción. Siendo los funcionarios la encarnación material del Estado, siendo los funcionarios –los de alto nivel– los que han estado en contacto con los políticos, ¿han podido salir incólumes del contagio de la corrupción extendida entre nosotros como una pandemia mortal de necesidad? ¿La corrupción se ha detenido en la frontera de la política sin llegar a traspasar el campo de la administración profesional? ¿Se  corrompió el Director General o el Concejal de Urbanismo y permaneció limpio el Jefe de Servicio o el Interventor o el Arquitecto municipal o el Técnico urbanista?

En el imaginario de la opinión pública española parece que está asentada la convicción de que, afortunadamente y por milagroso que sea, en general la corrupción quedó afincada en el campo de la política y que los funcionarios se libraron de ella.  Ojalá sea así por el bien del Estado, pues este tiene los días contados desde el momento en que sus funcionarios  se dejan corromper. El día en que un guardia civil de tráfico te quitare una multa al mostrarle un billete de veinte euros, todo estaría perdido.

Trascendental este tema de los funcionarios, sobre el que otro día habremos de volver, para hacer hincapié, para empezar, en los procesos de su selección, momento original en que el germen de la corrupción puede incubarse. Encarar tal perspectiva encenderá muchas luces sobre la idiosincrasia del funcionariado español.

EL ARREGLO ESCOLAR ante la pugna escuela pública/concertada.

En la dinámica cíclica de la gestión educativa, que se repite curso tras curso, hay un tramo entre los meses de enero y mayo en que se procede a ajustar el número de unidades escolares que deben funcionar en cada centro educativo, de acuerdo a la evolución de la matrícula prevista para el curso próximo, consecuencia de los alumnos que entran y de los que salen. Esta es una operación sencilla como la aritmética. Fijados los criterios por la Administración (ratios profesor/alumnos, según nivel, etapa o tipo de alumnado y enseñanza...), el resultado viene dado sin más. Si en un Colegio de Primaria salen tres grupos para el Instituto y sólo entran dos en Primer curso, habrá que suprimir una unidad. De igual modo que si una Escuela rural reduce su matrícula a tres, dos o un alumno deberá cesar de funcionar por mucho griterío demagógico que se forme.

En el momento en que escribo estas líneas la Administración Educativa valenciana está enfrascada en el proceso de planificación o reajuste de unidades escolares para el curso próximo, que convencionalmente se denomina arreglo escolar. Pero en la Comunidad Valenciana existe en este momento un gobierno de izquierdas, combinación del PSPV y de Compromís. La cartera de Educación la desempeña un miembro de Compromís −partido Bloc−, lo que no empece para que en la oposición escuela pública/concertada no se haya suscitado discrepancia alguna. Todas las partes de la izquierda gobernante están de acuerdo en favorecer y promover la escuela pública y en reducir la escuela privada concertada a un papel subsidiario y complementario, según se afanaba en declarar el joven Conseller desde el minuto uno de su nombramiento.

Intenciones de política educativa tan explícitas suponían en el terreno práctico que, si se llegaba a la necesidad objetiva de suprimir unidades escolares, una vez recuperadas las ratios anteriores a los recortes de la crisis y creadas unas condiciones de cierta holgura en las plantillas, los actuales administradores de la educación valenciana habían de optar por meter la tijera en el campo del sector concertado, de por sí sobredimensionado en España en relación con Europa, e incrementado desaforadamente tanto aquí como en la Comunidad de Madrid por los últimos gobiernos del PP.

¿Qué hará, pues, la nueva Administración?, ¿suprimirá puestos públicos o los reducirá en el sector concertado? La solución parece fácil, si es que en política hay algo fácil, y esta decisión es netamente política. Los Inspectores de las respectivas localidades, a la vista de los datos, hacen sus propuestas de incremento o decremento de unidades y  la Dirección General correspondiente decide, una vez escuchadas las alegaciones de los Consejos Escolares de Centro o Municipales... Y es aquí donde entra en juego no la política, sino la mala política o política de campanario que pone en marcha la presión de intereses demagógicos canalizados a través de los alcaldes... Pero esta es otra cuestión. Ahora queremos saber si la Conselleria del señor Marzà se atreverá a reducir conciertos, si ya no son necesarios por existir vacantes en los centros públicos. De momento, las instrucciones provisionales de enero de 2016 de las Direcciones Generales competentes que sentaban los criterios para modificar el número de unidades, en el apartado 4.1.2., en su último párrafo se decía: «En aquellas localidades donde sea necesario disminuir unidades se tendrá en cuenta la ratio media de la localidad en el nivel correspondiente a los efectos de realizar propuestas de supresión en los centros docentes privados concertados, mediante una modificación del concierto». Tenemos noticias de que todo el apartado 4.1.2. de estas instrucciones provisionales ha desaparecido.

Quedamos, pues, a la espera −no sin cierta curiosidad malsana− de cómo procederá la Administración Educativa de Compromis, sector Bloc. Que una cosa es predicar y otra dar trigo. Querer promover el sector público de la educación es bueno, saber hacerlo resulta tan imprescindible como difícil, dada la complejidad de la realidad y ‘los derechos adquiridos’ rampantes. Y poder llevarlo a buen puerto exige políticos muy experimentados y valerosos. Cuántas veces la voluntad quiebra, se desvanece y se hace inane a los pies de la ignorancia y la incompetencia...