SOBRE FUNCIONARIOS, NO GENERALIZAR

Llegamos a la conclusión en un anterior comentario  de que la pandemia de corrupción que nos anega no sobrepasó la esfera de la política, manteniéndose la Administración profesional incontaminada a grandes rasgos (córrase un tupido velo sobre connivencias, colaboraciones necesarias, miradas distraídas, pasividades o indiferencias...)

 Aceptada la tesis de la incorruptibilidad de nuestros funcionarios, tanto más meritoria cuanto la enfermedad fue viral y la cercanía al político íntima, habríamos de felicitarnos por tener los funcionarios que tenemos, sobre todo en estos meses en que estamos huérfanos de gobierno y toda la intendencia del país descansa sobre los empleados públicos, firmes e impertérritos en sus puestos, si mover los párpados, mientras el inefable Pablo Manuel Iglesias tiene que ser reconvenido por su asesoría de imagen para que no parpadee más de setenta veces por minuto en los platós (cosas de la autenticidad de la nueva política).

Sin embargo, cualquiera que tenga alguna experiencia como miembro de las Administraciones Públicas o como cliente (el lenguaje del mercado lo penetra todo) ha podido comprobar desgraciadamente que son manifiestamente mejorables cuando no desastrosas. Conviene distinguir, siempre para razonar bien hay que distinguir. Nada más lejos de la verdad que aquellas sentencias que queriendo decir todo acaban no diciendo nada... Los funcionarios son esto, los médicos son aquello, los músicos son pacíficos...

El Partido Socialista no más llegar al poder aprobó en 1984 la llamada Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, que supuso, con todas las deficiencias que se quiera, una reordenación drástica y racionalización de la selvática maraña de cuerpos, grupos, escalas técnicas subescalas, etc. A partir de esta Ley Orgánica, otras reformas siguieron, desde la LRJ-PAC, del 92, hasta el Estatuto Básico del Empleado Público, de 2007, de forma que en lo tocante a la Administración Central puede decirse que funciona con niveles aceptables de eficiencia, en no pequeña medida porque el acceso al empleo público se hace respetando las exigencias constitucionales de mérito, capacidad y publicidad.

Otro cantar es el que se oye en las Administraciones Autonómicas y Locales. Conozco muy bien la Administración valenciana desde su fase embrionaria, desde el momento cero en que, por ejemplo, dos Directores Generales de la Conselleria de Cultura y Educación ocupábamos un mismo despacho (en diciembre de 1982, compartí despacho con Toni Asunción, cuya reciente muerte lamento profundamente).  Cuando abandonamos el gobierno en 1995 los socialistas dejamos una razonable Administración  y unas bases firmes para garantizar el acceso meritocrático a la misma. La llegada del Partido Popular, que traía el hambre de casi tres lustros de abstinencia de poder, fue como la invasión de Atila y los hunos. Ni uno de los principios constitutivos de la administración weberiana se salvó. Y allí fue Troya, el apoteosis del spoil system.

Pero donde la burocracia es la ejemplificación perfecta del mundo kafkiano es en la Administración Local. He sido funcionario de la Administración Central y de la Autonómica, no de la Local, pero los contactos como administrado y las informaciones de terceros me han llevado a la convicción de que en demasiados ayuntamientos todo transcurre al albur del caos perfecto de una burocracia estúpida. ¿Tendrán algo que ver en este estado de cosas los procedimientos selectivos de los empleados municipales, que suelen saltarse a la torera mérito, capacidad, igualdad,  publicidad, transparencia, imparcialidad, profesionalidad, independencia, confidencialidad y objetividad, todos ellos principios irrenunciables para constituir una Administración moderna y eficiente? En los ayuntamientos, secretarios, interventores y tesoreros pertenecen a Cuerpos Nacionales cuya habilitación la obtienen por una oposición que garantiza una competencia de base, pero de ahí para abajo, técnicos de administración general (TAG), administrativos, auxiliares, subalternos, policías, funcionarios de cuerpos especiales, arquitectos, ingenieros y oficios varios han ingresado en cada Ayuntamiento por procedimientos sospechosos, a veces flagrantemente fraudulentos. Cada Partido intenta meter a su clientela y el resultado que heredan los nuevos equipos de gobierno es una Administración Local sobredimensionada, desestructurada, sin line and staff distinguibles, carente de jefes que ejerzan la jerarquía (por la que cobran), con sistemas retributivos (hablo de pluses y productividades) arbitrarios...

Desespero por conocer algún día a un concejal de izquierdas (de la derecha sé muy bien lo que espero) que llegue a un Ayuntamiento con cuatro ideas claras sobre la Administración Local y esté dispuesto a intentar ponerlas en práctica. ¿Será posible que veamos el día en que para obtener una licencia de actividad para una tienda de chuches no transcurran dos años? ¿Será posible que el mismo requerimiento de un nuevo papel no te lo hagan tres  funcionarios diferentes, como si se tratase de tres personajes de Kafka redivivos?  Mientras así no suceda, la corrupción subsistirá como la carcoma pertinaz, que al final acaba con el mobiliario.