En la
dinámica cíclica de la gestión educativa, que se repite curso tras curso, hay
un tramo entre los meses de enero y mayo en que se procede a ajustar el número
de unidades escolares que deben funcionar en cada centro educativo, de acuerdo
a la evolución de la matrícula prevista para el curso próximo, consecuencia de
los alumnos que entran y de los que salen. Esta es una operación sencilla como
la aritmética. Fijados los criterios por la Administración (ratios
profesor/alumnos, según nivel, etapa o tipo de alumnado y enseñanza...), el
resultado viene dado sin más. Si en un Colegio de Primaria salen tres grupos
para el Instituto y sólo entran dos en Primer curso, habrá que suprimir una
unidad. De igual modo que si una Escuela rural reduce su matrícula a tres, dos
o un alumno deberá cesar de funcionar por mucho griterío demagógico que se
forme.
En el
momento en que escribo estas líneas la Administración Educativa valenciana está
enfrascada en el proceso de planificación o reajuste de unidades escolares para
el curso próximo, que convencionalmente se denomina arreglo escolar. Pero en
la Comunidad Valenciana existe en este momento un gobierno de izquierdas,
combinación del PSPV y de Compromís. La cartera de Educación la desempeña un
miembro de Compromís −partido Bloc−, lo que no empece para que en la oposición
escuela pública/concertada no se haya suscitado discrepancia alguna. Todas las
partes de la izquierda gobernante están de acuerdo en favorecer y promover la
escuela pública y en reducir la escuela privada concertada a un papel
subsidiario y complementario, según se afanaba en declarar el joven Conseller
desde el minuto uno de su nombramiento.
Intenciones
de política educativa tan explícitas suponían en el terreno práctico que, si se
llegaba a la necesidad objetiva de suprimir unidades escolares, una vez
recuperadas las ratios anteriores a los recortes de la crisis y creadas unas
condiciones de cierta holgura en las plantillas, los actuales administradores
de la educación valenciana habían de optar por meter la tijera en el campo del
sector concertado, de por sí sobredimensionado en España en relación con
Europa, e incrementado desaforadamente tanto aquí como en la Comunidad de
Madrid por los últimos gobiernos del PP.
¿Qué
hará, pues, la nueva Administración?, ¿suprimirá puestos públicos o los
reducirá en el sector concertado? La solución parece fácil, si es que en política
hay algo fácil, y esta decisión es netamente política. Los Inspectores de las
respectivas localidades, a la vista de los datos, hacen sus propuestas de
incremento o decremento de unidades y la
Dirección General correspondiente decide, una vez escuchadas las alegaciones de
los Consejos Escolares de Centro o Municipales... Y es aquí donde entra en
juego no la política, sino la mala política o política de campanario que pone
en marcha la presión de intereses demagógicos canalizados a través de los
alcaldes... Pero esta es otra cuestión. Ahora queremos saber si la Conselleria
del señor Marzà se atreverá a reducir conciertos, si ya no son necesarios por
existir vacantes en los centros públicos. De momento, las instrucciones
provisionales de enero de 2016 de las Direcciones Generales competentes que
sentaban los criterios para modificar el número de unidades, en el apartado
4.1.2., en su último párrafo se decía: «En aquellas localidades donde sea
necesario disminuir unidades se tendrá en cuenta la ratio media de la localidad
en el nivel correspondiente a los efectos de realizar propuestas de supresión
en los centros docentes privados concertados, mediante una modificación del
concierto». Tenemos noticias de que todo el apartado 4.1.2. de estas instrucciones
provisionales ha desaparecido.
Quedamos,
pues, a la espera −no sin cierta curiosidad malsana− de cómo procederá la
Administración Educativa de Compromis, sector Bloc. Que una cosa es predicar y
otra dar trigo. Querer promover el sector público de la educación es bueno,
saber hacerlo resulta tan imprescindible como difícil, dada la complejidad de
la realidad y ‘los derechos adquiridos’ rampantes. Y poder llevarlo a buen
puerto exige políticos muy experimentados y valerosos. Cuántas veces la
voluntad quiebra, se desvanece y se hace inane a los pies de la ignorancia y la
incompetencia...
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