Intelectualmente no sería decente haber
señalado y criticado las causas que impiden la buena gobernanza de la educación
y terminar el discurso haciendo mutis por el foro sin responder, aunque fuere
someramente, a la clásica pregunta
del qué hacer. Es por ello que
dedicaremos este escrito a proponer razonadamente algunas medidas concretas a
tomar en el ámbito de la lucha político-ideológica,
de los cambios legislativos y de las tensiones nacionalistas, dejando para
posteriores entregas las propuestas relativas al estatuto funcionarial de los
docentes, las complejidades de la participación, la mejora de la formación de
los administradores de la educación y el perfeccionamiento del control al que
debe estar sometido el sistema escolar en todos sus elementos
La primera norma que cualquier gobierno
alternativo debe autoimponerse es la de renunciar
a un cambio global de la Ley vigente, si no es con acuerdo de las fuerzas políticas
de oposición. Prohibido añadir una Ley más a las siete aprobadas durante el
periodo democrático. Los profesores no aguantarían ya una nueva organización
del currículo, modificaciones en la estructura de las asignaturas, en los
criterios de evaluación, en los materiales didácticos, en la jerga
pedagógica... Y la sociedad tampoco
estaría dispuesta a soportar debates agotados. Corolario de esta primera norma
es que cualquier reforma que quiera acometerse deberá seguir los principios de
la prudencia, la discreción, la gradualidad y la mínima perturbación de la vida
de las aulas.
En el núcleo de la controversia
ideológica está la religión católica
y, por otro lado, la libertad de
enseñanza, ambos elementos estrechamente interrelacionados, no sabiéndose
bien cuál está en función del otro, si los padres quieren elegir centro para
que sus hijos se formen en la religión y moral católicas o utilizan la religión
como pretexto para optar a un colegio selectivo, separado de la vulgaridad de lo público. Del carácter
nuclear de esta cuestión da buena cuenta el derroche de referencias volcado en
la LOMCE: la libertad de enseñanza se fija como Principio fundamental en su
artículo 1º; de nuevo la libertad de enseñanza aparece en el artículo 2º Bis
atinente al sistema escolar; se vuelve sobre la dichosa libertad de enseñanza
al modificar el artículo 4 de la LODE, que en su apartado b) proclama el
derecho de las familias a escoger centro público o privado y en el apartado c)
se insiste en el derecho a la formación religiosa y moral de los hijos.
Así las cosas, ¿qué se puede hacer?
¿Qué puede intentar un gobierno de centro izquierda, socialdemócrata, que
necesitaría el apoyo de Podemos? Antes de responder recordemos los mimitos que el líder de Podemos suele
hacer al Papa Francisco... De inmediato habría que denunciar para reformar los
Acuerdos con la Santa Sede respecto a la interpretación de la presencia de la
religión católica en la escuela, que de ningún modo puede equipararse al resto
de las asignaturas. Se acaban de publicar los primeros informes constatando en
algunos Institutos el incremento de un 150% de la demanda de religión desde que
puntúa a todos los efectos. Obtener un 10 en religión parece ser más fácil que
en Anatomía, La religión es una creencia, una fe, no un saber y debe salir del
horario lectivo. A partir de ahí, facilitar las aulas y el profesorado es
negociable.
Despejado el campo de la religión,
insistir en el debate teórico de la libertad de enseñanza (una patraña grabada
a fuego en las clases medias españolas) conduciría a la melancolía. En la
práctica, aun sin salirse del marco de la LOMCE, se puede de inmediato: anular ‘el
distrito único’ y primar en el proceso de escolarización ‘la proximidad
domiciliaria’; derogar el artículo 84.3 que afirma «no constituirá
discriminación la escolarización separada por sexos», la llamada educación diferenciada en los conciertos; no
concertar con centro alguno que no ‘resuelva problemas de escolarización’ (art.
116); controlar eficazmente las condiciones de los conciertos, del artículo 62
de la LODE retocado por la LOMCE (percepción de cantidades fraudulentas por
actividades complementarias y extraescolares, irregularidades en los procesos
de escolarización, selección y despido de los profesores, etc.). Objetivo final
ha de ser que los centros sostenidos con fondos públicos sean accesibles
realmente a todos los alumnos sin discriminación real alguna. No puede
consentirse que el titular privado de un centro haga negocio económico e
ideológico con dinero público y si ningún riesgo ni control.
Un segundo foco del conflicto es el
carácter selectivo y jerarquizador del sistema, que se manifiesta en la
implantación temprana de itinerarios curriculares diferentes y en la ordenación
de excesivas evaluaciones terminales o reválidas a modo de filtros. La LOMCE
establece (art. 21) una evaluación final de etapa de Primaria; otra reválida (art.
29 ) al término del 4º curso de ESO; determina que al Bachillerato solo accedan
los que estén en posesión del Título de Graduado en Secundaria con evaluación
final por la especialidad de Enseñanzas Académicas, no por Enseñanzas
Aplicadas; y, como no podía faltar, otra reválida al término del Bachillerato.
Desde el punto de vista de la
psicología de un cierto tipo de rendimiento bruto, no cabe despreciar el papel
que la expectativa de controles previstos puede jugar en los resultados finales. Pero en este asunto, como en todo en
la vida y especialmente en la educación, el equilibrio se convierte en la clave
fundamental. Y la LOMCE es excesiva. Da la impresión de que la finalidad última
del sistema es seleccionar a los excelentes y encomendar al resto a la buena de
Dios. Estamos ante una filosofía moralmente abominable, socialmente disruptiva
y económicamente estúpida. Procede, pues, derogar el inicio de la Formación Profesional
Básica a los 15 años y sobran las reválidas de Primaria y de Secundaria, así
como la restricción del acceso al Bachillerato por la opción de Enseñanzas
Académicas.
De las tensiones en el campo educativo
derivadas del enfrentamiento de los
nacionalismos ¿qué se puede decir a fecha de hoy (21-9-2015), en vísperas
de unas elecciones en Cataluña convocadas como plebiscito sobre la
independencia? Mientras no sabemos si el barco zozobrará o saldrá a flote no
parece sensato buscar al culpable del destrozo producido en la cocina. Pero no
puede evitarse dar un vistazo al art. 6-bis de la LOMCE, en el que se hace la
distribución de las competencias que se atribuye el Gobierno, y darse cuenta de
que el señor Wert y la FAES han querido ir a por todas en la disputa
nacionalista con Cataluña. La invasión competencial del Gobierno del PP ha sido descarada,
provocadora, penetrando a fondo el currículo, la fijación de estándares de aprendizaje,
la elaboración de las pruebas y criterios de evaluación, etc. Está claro que se
trataba de españolizar a los niños catalanes.
Pero si
el PP pensaba resolver el problema catalán controlando los libros de historia,
a la vista de los resultados habremos de concluir sumando este error a los otros
muchos que ha venido cometiendo la derecha española, obcecada por un concepto
de unidad nacional de raíz integrista y autoritaria e incapaz de comprender que
la lengua catalana, entre otros elementos identitarios del pueblo de Cataluña,
no nos divide, sino que nos enriquece. De momento estamos ante un territorio
desconocido y con un Mariano Rajoy como guía.
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