martes, 1 de septiembre de 2015

¿ES GOBERNABLE LA EDUCACIÓN EN ESPAÑA? (V)

La participación de profesores, padres y alumnos en la gestión educativa no es una opción que se pueda tomar o rechazar, es un mandato constitucional. Otra cosa es cómo se entienda y se aplique un concepto tan impreciso como éste. Conocemos por experiencia que la cuestión no ha sido pacífica en la sociedad española. Desde los tiempos de la Transición hasta hoy mismo, a propósito de la aprobación de la LOMCE, los debates han sido incesantes e intensos.
Según el profesor Rafael Feito (Treinta años de Consejos Escolares), hay una  forma de participar a título individual, que tiene como agentes implicados al tutor y al padre o madre de familia, es de consenso fácil y es defendida por el profesorado de sesgo corporativista, la CONCAPA (Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos) y sectores de la derecha; tal modelo de escuela pivota sobre la libertad de enseñanza (Libertad de enseñanza para todos. Concapa, 1977). Esta libertad de los padres a elegir el centro que encarne sus valores, concepciones filosóficas y cosmovisiones formaría parte del derecho natural, que es anterior al Estado y a la propia Iglesia. ¡Y qué participación de los padres mejor que esta de elegir el ideario educativo apetecido...!
Existe, por contra, otra forma colectiva de participar, cuyo agente principal implicado es el Consejo Escolar, es de consenso más trabajoso, y está auspiciada por un sector progresista e innovador del profesorado, por la CEAPA (Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos) y demás partidarios de la escuela deliberativa y democrática.
Sobre esta dicotomía ha girado el enfrentamiento más esencial en materia de educación entre la izquierda y la derecha, como se concreta en las leyes educativas patrocinadas por el PSOE o el PP. La LOECE limitaba la participación en su artículo 18.1 a la mediación de las APAS, lo que el Tribunal Constitucional se encargó de anular por restrictivo. La LODE amplió y profundizó el sentido de la participación instituyendo los Consejos Escolares, en los que se integraban profesores, padres y alumnos y otros sectores sociales, como órganos colegiados con importantes competencias de decisión, aprobación, proposición, intervención en el nombramiento de los directores y revocación... Competencias éstas que el PP canceló en la LOCE sustituyéndolas por las de conocimiento, asesoría, consulta o información. Y ahora, de nuevo el PP a través de la LOMCE ha vuelto a anular las competencias decisorias que el artículo 127 de la LOE había restablecido. A mayor abundamiento de este toma y daca, sabemos que en cuanto la correlación de fuerzas parlamentarias cambie la LOMCE tendrá sus días contados.
Desde el punto de vista de la facilitación o entorpecimiento de la gestión educativa ─que es el tema que nos ocupa en esta serie de artículos─, no hay duda de que el modelo escuela privada-libertad de enseñanza-pluralismo de centros resulta más cómodo y económico. Fijémonos en la selección de los profesores en un centro concertado, por ejemplo: en la práctica, el titular elige a quien le conviene, las Administraciones educativas realizan el pago delegado, ingresan los gastos de funcionamiento y a partir de ahí los costos de transacción en la administración del personal se reducen al mínimo. Al contrario, la gestión del sector público deviene mucho más complicada, no sólo por la naturaleza estatutaria funcionarial de los docentes ─cuestión ya tratada en la anterior entrega─, sino porque, como es de evidencia palmaria, gobernar dando juego participativo profundo a todos los agentes del proceso educativo incrementa exponencialmente los costos de información y de transacción.
Si la educación pública no es (no debe ser) objeto del mercado, si los objetivos son complejos y difíciles de definir por la heterogeneidad y multiplicidad de las demandas y preferencias de las personas, si la negociación es muy ardua, si los contratos o consensos tienden al tipo de fiducia, si la información se distribuye mal y los trabajadores de la enseñanza son difícilmente incentivables, entonces las organizaciones padecen una fuerte tendencia a la jerarquización y al asentamiento de las decisiones en la cima de la jerarquía.
Contra esta a veces irresistible tendencia ha de combatir la escuela participativa y democrática. Los datos al día de hoy son poco halagüeños: la participación de los padres en los procesos electivos de los consejos escolares oscilan entre el 16% y el 10%, y los profesores, atrincherados en los Claustros  ─su bastión de poder─ suelen evitar o ningunear a los representantes de las familias en el Consejo escolar.
En el empeño irrenunciable por la escuela pública deliberativa y democrática la primera batalla que hay que librar y ganar es la ideológica contra el discurso economicista que avala una participación superficial, individual, limitada a la elección de centro (que en realidad no es más que voluntad de distinción clasista), en base al ahorro en costos de información y transacción. Ahorrar en gastos de participación para formar individuos acríticos, fácilmente integrables como piezas en la gran máquina de la producción-consumo y también fácilmente desechables y condenables a la marginalidad, si procede,  es una inversión a medio y largo plazo poco rentable socialmente...
    Los procesos participativos en la escuela no son entretenimientos lúdicos y estériles; son imprescindibles para foguear y fraguar a los futuros ciudadanos de la sociedad democrática. Aquí tiene aplicación el aserto de Mc Luham ‘el medio es el mensaje’. Y mucho más procede recordar a  Condorcet, padre fundador de la educación pública, para quien la democracia real era imposible sin una buena información, costare lo que costare. DRY, Democracia Real Ya, es lo que exigían los indignados del 15-M.

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