Que la
administración y el control en las instituciones educativas públicas no alcanza
niveles aceptables de calidad es opinión social generalizada. Digámoslo de otra
forma: la escuela pública no ofrece en los últimos tiempos una buena imagen. En asunto tan nuclear y
trascendente como la educación es lógico que se conciten prejuicios, opiniones,
estereotipos y convicciones que no tienen más fundamento que la experiencia
personal de quien los formula, el contagio social y, en última instancia, el
sentido común, del que, como decía Balmes, todo el mundo se considera bien
servido. ¿Puede sostenerse, entonces, que la educación en España está mal
administrada y que carece de los controles mínimos exigidos por una
organización tan ingente en recursos personales y económicos y responsabilidades sociales?
La pregunta tiene
otras respuestas, si no es suficiente el argumento ya adelantado de la opinión
pública. El fracaso escolar convencional
(reducido porcentaje de graduados, abandono prematuro de las aulas,
repeticiones de curso...) y el fracaso escolar real (inadecuación del bagaje académico a las exigencias del
mercado laboral) son evidencias
aritméticas instaladas en el imaginario colectivo de los españoles. Podemos
expresarlo en otros términos: la escuela pública española no satisface las
necesidades del sistema productivo jerarquizando “racionalmente” las cohortes
de nuevos estudiantes (que es la pretensión sustancial de la LOMCE) ni mucho
menos forma ciudadanos capaces de entender e interpretar los complejos códigos
del mundo global y de inmunizarse contra la manipulación cósmica que los
inhabilita para una democracia real, que
sería el pensamiento ideológico de la izquierda. Hay, finalmente, un tercer argumento, que no pretende ser de
autoridad científica, pero sí
empírica. Más de medio siglo de empleado público y la mayor parte de ese tiempo
dedicado a la inspección educativa me ha obligado a presenciar disfunciones,
ineficacias, situaciones desordenadas, dejaciones, abandonos,
irresponsabilidades, ineficiencias al fin, que solo lo público puede soportar
porque los recursos malbaratados no son de nadie... al ser de todos.
En buena medida
el spoil sysstem o reparto de puestos de la Administración
entre la clientela que ayudó en la victoria electoral es el responsable de que
en España, y especialmente en las administraciones autonómicas, no se haya
formado un cuerpo de administradores públicos de competencia contrastada. Cada
partido vencedor lanza sin descaro a sus fieles y allegados sobre los pesebres
públicos, que nunca son suficientes, por lo que hay que invadir el núcleo mismo
de la función pública profesional parasitándolo de incompetentes e
irresponsables. Hace unas semanas escuchábamos con vergüenza ajena las
declaraciones que una exconsellera de Industria y Turismo de esta comunidad
valenciana, imputada por varios delitos, hacía en sede judicial: ella no sabía
nada de eso que se llamaba "Fitur", solo seguía las instrucciones del
Presidente Francisco Camps y firmaba todo lo que le ponían delante los
técnicos. Pues eso, ella no sabía nada de nada y por eso jamás debió ocupar un
puesto directivo público.
En educación el
problema es notoriamente más grave. Acceden a la titularidad de la Consellería,
a las Direcciones Generales, Subdirecciones, Delegaciones Territoriales,
Asesorías y demás puestos del organigrama −la vis expansiva no tiene límites− personajes sin más capacidad administrativa
en el mejor de los casos que el entusiasmo pedagógico y la disposición a
administrar según el dictado de los funcionarios de a pie. Así se explica que
nadie llegue con un proyecto grande o pequeño, con una ideílla que mejore la
eficiencia en la prestación del servicio. En el año 1983 tuvimos que improvisar una administración
educativa a partir de unos pocos docentes voluntariosos y dos Técnicos de Administración
Civil disponibles en la Delegación Provincial de Valencia. Uno de los docentes
de la D.G. de Enseñanzas Medias se me quejaba en 1995 en vísperas de ser
desalojados −él, de su Jefatura de Servicio, y yo, de la Secretaría General de
Presidencia− por la clientela del Partido Popular. ¡Qué pena, me decía, que la
Administración desaproveche mi bagaje, con lo que he aprendido a gestionar! Al
poco, en efecto, volvió a su Instituto a enseñar Ciencias Naturales.
Lógicamente, si no se da
una buena dirección administrativa tampoco puede existir el control necesario
en todo sistema. Cierto es que no solo hay que pensar en los típicos controles externos
a cargo de un órgano técnico profesional. Existe además el control de jerarquía, que es el que realiza el directivo o jefe
sobre sus subordinados, y se cuenta asimismo con el control social, que es el que hacen los distintos órganos colegiados
o no colegiados de participación, consejos escolares, ampas, comunidad
educativa en general. Pues bien, seamos claros: los consejos escolares están en
manos del profesorado, las ampas son minorías burocratizadas que languidecen y
la Inspección educativa (órgano técnico profesional) únicamente es admitida en
los Centros educativos si informa, ayuda y asesora paternalistamente. Nadie
puede evaluar a los profesores salvo ellos mismos. Pues, ¿quién desde fuera
puede saber lo que pasa dentro de las paredes de las escuelas? Esa es la
cuestión.
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