¿ES GOBERNABLE LA EDUCACIÓN EN ESPAÑA? (y XI)

Que la administración y el control en las instituciones educativas públicas no alcanza niveles aceptables de calidad es opinión social generalizada. Digámoslo de otra forma: la escuela pública no ofrece en los últimos tiempos una buena imagen. En asunto tan nuclear y trascendente como la educación es lógico que se conciten prejuicios, opiniones, estereotipos y convicciones que no tienen más fundamento que la experiencia personal de quien los formula, el contagio social y, en última instancia, el sentido común, del que, como decía Balmes, todo el mundo se considera bien servido. ¿Puede sostenerse, entonces, que la educación en España está mal administrada y que carece de los controles mínimos exigidos por una organización tan ingente en recursos personales y económicos y  responsabilidades sociales?

La pregunta tiene otras respuestas, si no es suficiente el argumento ya adelantado de la opinión pública. El fracaso escolar convencional (reducido porcentaje de graduados, abandono prematuro de las aulas, repeticiones de curso...) y el fracaso escolar real (inadecuación del bagaje académico a las exigencias del mercado laboral)  son evidencias aritméticas instaladas en el imaginario colectivo de los españoles. Podemos expresarlo en otros términos: la escuela pública española no satisface las necesidades del sistema productivo jerarquizando “racionalmente” las cohortes de nuevos estudiantes (que es la pretensión sustancial de la LOMCE) ni mucho menos forma ciudadanos capaces de entender e interpretar los complejos códigos del mundo global y de inmunizarse contra la manipulación cósmica que los inhabilita para una democracia real, que sería el pensamiento ideológico de la izquierda. Hay, finalmente,  un tercer argumento, que no pretende ser de autoridad científica, pero sí empírica. Más de medio siglo de empleado público y la mayor parte de ese tiempo dedicado a la inspección educativa me ha obligado a presenciar disfunciones, ineficacias, situaciones desordenadas, dejaciones, abandonos, irresponsabilidades, ineficiencias al fin, que solo lo público puede soportar porque los recursos malbaratados no son de nadie... al ser de todos.

En buena medida el spoil sysstem  o reparto de puestos de la Administración entre la clientela que ayudó en la victoria electoral es el responsable de que en España, y especialmente en las administraciones autonómicas, no se haya formado un cuerpo de administradores públicos de competencia contrastada. Cada partido vencedor lanza sin descaro a sus fieles y allegados sobre los pesebres públicos, que nunca son suficientes, por lo que hay que invadir el núcleo mismo de la función pública profesional parasitándolo de incompetentes e irresponsables. Hace unas semanas escuchábamos con vergüenza ajena las declaraciones que una exconsellera de Industria y Turismo de esta comunidad valenciana, imputada por varios delitos, hacía en sede judicial: ella no sabía nada de eso que se llamaba "Fitur", solo seguía las instrucciones del Presidente Francisco Camps y firmaba todo lo que le ponían delante los técnicos. Pues eso, ella no sabía nada de nada y por eso jamás debió ocupar un puesto directivo público.

En educación el problema es notoriamente más grave. Acceden a la titularidad de la Consellería, a las Direcciones Generales, Subdirecciones, Delegaciones Territoriales, Asesorías y demás puestos del organigrama −la vis expansiva no tiene límites−  personajes sin más capacidad administrativa en el mejor de los casos que el entusiasmo pedagógico y la disposición a administrar según el dictado de los funcionarios de a pie. Así se explica que nadie llegue con un proyecto grande o pequeño, con una ideílla que mejore la eficiencia en la prestación del servicio. En el año 1983  tuvimos que improvisar una administración educativa a partir de unos pocos docentes voluntariosos y dos Técnicos de Administración Civil disponibles en la Delegación Provincial de Valencia. Uno de los docentes de la D.G. de Enseñanzas Medias se me quejaba en 1995 en vísperas de ser desalojados −él, de su Jefatura de Servicio, y yo, de la Secretaría General de Presidencia− por la clientela del Partido Popular. ¡Qué pena, me decía, que la Administración desaproveche mi bagaje, con lo que he aprendido a gestionar! Al poco, en efecto, volvió a su Instituto a enseñar Ciencias Naturales.

Lógicamente, si no se da una buena dirección administrativa tampoco puede existir el control necesario en todo sistema. Cierto es que no solo hay que pensar en los típicos controles externos a cargo de un órgano técnico profesional. Existe además el control de jerarquía, que es el que realiza el directivo o jefe sobre sus subordinados, y se cuenta asimismo con el control social, que es el que hacen los distintos órganos colegiados o no colegiados de participación, consejos escolares, ampas, comunidad educativa en general. Pues bien, seamos claros: los consejos escolares están en manos del profesorado, las ampas son minorías burocratizadas que languidecen y la Inspección educativa (órgano técnico profesional) únicamente es admitida en los Centros educativos si informa, ayuda y asesora paternalistamente. Nadie puede evaluar a los profesores salvo ellos mismos. Pues, ¿quién desde fuera puede saber lo que pasa dentro de las paredes de las escuelas? Esa es la cuestión.