La pregunta es retórica, pensará el posible lector: en
quien interroga seguramente hay muchos años de experiencia y reflexión sobre la
realidad de la educación española y hay asimismo una opinión pesimista preformada.
Efectivamente, así es. La pregunta nace de la frustración de haber vivido
profesionalmente incontables controversias e intentos reformadores, detrás de
los cuales no quedó más que el fondo pétreo e inmutable de un sistema escolar
inestable e ineficiente.
Sírvame de
introducción una anécdota menor referida al nuevo Conseller de Educación de la
GV. Leo en la prensa: «El STEPV tilda de insatisfactoria la reforma del currículo
LOMCE que acometerá Marzà. Pide que se palíe el recorte de Dibujo y Tecnología
y que en la línea de valenciano de ESO no se imponga más castellano». Los
profesores de Matemáticas piden más horas, y los de Filosofía, y los de Latín
(!pobres!) y los de Música... No es posible satisfacer a todos. Pues empieza
bien el señor Conseller... Si no es capaz de satisfacer a los suyos, ¿qué
solución tendrá cuando concurran competitivamente otros agentes que no sean su sindicato, la Escola Valenciana o el Belén
de la Pigà?
Ironías al
margen, la cuestión es ésta. ¿Existe un político o administrador capaz de
gestionar la educación, con unos
parámetros aceptables de racionalidad y eficiencia, dada la dialéctica bélica
escuela pública / privada concertada, el régimen estatutario del personal docente y la
complejidad jurídico-formal que rige un sistema escolar burocratizado hasta
límites inconcebibles?
Es nuestro
propósito analizar y comentar las causas de la presunta ingobernabilidad de la
educación española, tarea que, deo volente, haremos en varias entregas.
La primera y más
radical causa de la ingobernabilidad de la educación es de naturaleza
ideológica, política y, en última instancia, proselitista y electoral. A
diferencia de otros países de similar estándar civilizatorio, entre nosotros la
educación es el campo donde se libra la madre de todas las batallas entre la
derecha y la izquierda por conseguir la hegemonía política. Y la Iglesia
siempre presente, al lado de la derecha. Desde la liberal Constitución de
1812 ─en la que se imponía la enseñanza
del Catecismo en todas las escuelas de la Monarquía─, pasando por la década
ominosa ─durante la cual se ejecutó al maestro Cayetano Ripoll por no ir a misa
y no saludar al Santo Viático─ , y por el Concordato de 1851 que otorgaba a la
Iglesia la potestad de inspeccionar todas las instituciones educativas en lo
tocante a la fe católica y las buenas costumbres, continuando con el
sorprendente fenómeno de los institucionalistas que se ven forzados a crear un
entidad de derecho privado, la ILE, para garantizarse la libertad de enseñanza
(entendida como libertad de cátedra y no en el sentido falaz de libre elección
de modelo y centro educativo... hasta el día de hoy en que la LOMCE del PP
corre el riesgo de ser inaplicada por las fuerzas de la oposición recién
instaladas en Autonomías y Ayuntamientos, la Iglesia ha estado y está presente,
beligerante, en toda la historia de nuestra educación. Y no se entiende nada sin esta omnipresencia.
La dicotomía
escuela pública / privada concertada es una pugna por la hegemonía ideológica,
política y electoral. El más superficial observador sabe que la escuela privada
concertada es un granero de votos para la derecha, por razones de evidencia
palmaria. Es por lo que el PP allí donde ha gobernado, Madrid y Valencia, por
ejemplo, ha logrado corregir a favor de la enseñanza concertada la relación
cuantitativa. De 1/3 ha alcanzado y aún superado el 50% en las capitales
nombradas. La derecha se juega mucho electoralmente y la Iglesia, en tiempos de
secularización acelerada, es muy consciente de que su supervivencia, al menos
como burocracia, está en la permanencia de la religión en la escuela, en base
al Concordato de 1953 modificado por los Acuerdos sobre Enseñanza y Asuntos
Culturales de 1979.
Sic rebus
stantibus, oír al nuevo Conseller de Educación que «potenciará la escuela
pública» y relegará a la concertada a una función subsidiaria y complementaria
me produce la misma melancolía que un niño en la playa con su cubito tratando
de vaciar el mar. Potenciar, fortalecer, impulsar, promover, propiciar... son
verbos de los programas electorales. Del que ya gobierna se espera algún
detalle. Bien está negarse a suprimir puestos escolares en el sector público,
pero si la demanda no disminuye en los centros concertados (por causas tan
conocidas como irreductibles), ¿cómo se cohonestará la razón económica con la
que llaman libre elección de las
familias?
La guerra escolar no ha terminado entre nosotros y
ésta es la primera causa de la ingobernabilidad de la educación y de que cada
partido que consigue apoderarse del Boletín Oficial dicte su Ley educativa. Del
carácter efímero de las grandes leyes de educación escribiremos próximamente.
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