De unos años a esta parte la
palabra calidad se ha hecho omnipresente en el discurso de la educación. A.
Marchesi (Controversias en la educación
española, 2000) la tilda de “palabra mágica”. Dice además que “Curiosa o
sorprendentemente, en las dos leyes básicas que han tenido un extenso
desarrollo, aprobadas respectivamente en 1970 y 1984, la
Ley Generalla
Ley Orgánicala Educación (LODE), no se
habla en ningún momento de la calidad de la enseñanza”. Pero este dato es
falso; en la Exposición
de Motivos de la LGE
de 1970 se puede leer: “Se pretende también mejorar el rendimiento y calidad
del sistema educativo”.
No hay que llamarse a engaño.
Toda reforma educativa ─lo diga explícitamente o no, utilice el vocablo calidad
o no─ persigue una mejor educación, una
educación de calidad, como ahora se dice. Hay una observación significativa: El
Partido Popular ha aupado la mágica palabra al mismo título de sus leyes (Ley
Orgánica de la Calidad
de la Educación ,
LOCE, Ley Orgánica para la
Mejora de la
Calidad de la
Educación , LOMCE), mientras que las leyes socialistas se han
venido nombrando de forma temática o genérica (Ley Orgánica del Derecho a la Educación , LODE, Ley
Orgánica General del Sistema Educativo, LOGSE, Ley Orgánica de Participación,
Evaluación y Gobierno de los Centros Educativos, LOPEGCE, o, simplemente, Ley Orgánica de la Educación , LOE. La
cuestión es saber de qué tipo de educación estamos hablando. Para evitar esta
definición el partido de las derechas españolas se abandera con la idea de la
calidad, concepto éste que cree indiscutible, pues nadie razonablemente osará
oponerse al propósito de mejorar la calidad educativa. Las leyes del Partido
Popular traen un nombre, un título, redundante y superfluo que pone énfasis en
un señuelo que presenta como unívoco, la calidad, cuando está muy lejos de
serlo.
La calidad para la LOMCE consiste en: debilitar
el tramo de la educación básica y común introduciendo prematuros itinerarios;
reestructurar el currículo centralizando las decisiones sobre contenidos de
materias y asignaturas; eliminar la Educación para la Ciudadanía y los
Derechos Humanos; fortalecer la presencia de la religión católica en las aulas
obedeciendo a la Conferencia Episcopal
El término calidad se ha
incorporado expansivamente al discurso educativo desde el mundo de la empresa
privada, así que no parecerá mal método que en éste su campo originario sea
donde busquemos una aceptable definición. ¿Cuándo predicamos de un bien o un servicio
que tiene calidad? Sencillamente, cuando cumple a la perfección las finalidades
de su ser. El ser de un frigorífico viene determinado por su finalidad:
mantener alimentos y bebidas frescos, en buen estado de conservación, consumir
poca energía, tener larga duración, precio competitivo, etc. El aparato que
mejor cumpla estas expectativas será considerado como de mayor calidad… En esta
terreno de la producción de bienes y servicios en general, gustos subjetivos al
margen, no es difícil llegar a consensos de juicio a través de metodologías
científico-técnicas.
La educación es un bien o
servicio que de igual manera determina su ser por la finalidad a la que se
ordena. Y aquí surge el conflicto: el Partido Popular y el Partido Socialista
atribuyen a la educación finalidades diferentes. El uno utiliza la educación
como instrumento de perpetuación de las desigualdades sociales y el otro
pretende, con poco éxito por cierto, que la educación contribuya a la creación
de una sociedad más igualitaria que permita a todos ser más libres. Es la idea
que desarrollamos en el artículo anterior (II). De modo que a dos finalidades
educativas diferentes corresponden dos ideas de calidad también diferentes.
Sin embargo, esto no siempre ha
estado claro. No sólo en los gobiernos del PP, también siendo el PSOE
responsable del Ministerio de Educación, en los últimos tiempos, los llamados
“sistemas de gestión de la calidad educativa” ─auténtica basura pseudotécnica─
han invadido la escuela privada y por contagio la pública, produciendo residuos
ideológicos y burocráticos altamente contaminantes. Es por ello que no podemos
evitar la satisfacción al leer en los textos de la Conferencia Política
Se me permitirá que a modo de
Anexo incluya aquí el articulo titulado LA CALIDAD
DELA
EDUCACION : UNA CUESTION IDEOLOGICA, publicado en la revista Fulls d`inspecció, Núm.4. Desembre 2004.
En asuntos tan humanos como es el
de la educación pocas cosas son las que con el paso del tiempo cambian en
realidad. Pero como los pedagogos y psicopedagogos están ahí, de cuando en
cuando, cada vez más frecuentemente, montan grandes exposiciones de nueva
cacharrería semántica, verdaderas revoluciones terminológicas, para vender los
productos de siempre. Educación personalizada, educación comprensiva, educación
de calidad (y sus correspondientes comparsas en forma de metastásica selva de
siglas) son conceptualizaciones que sirven o han servido de reclamo al
“cliente” en sucesivos momentos.
Decimos cliente por ponernos a la
page de la última moda triunfante en el mercado: la calidad de la educación. En
efecto, el nuevo vocablo-mito es el de la calidad y tanto lo es que incluso la
última reforma legal –ahora empantanada por el nuevo gobierno- con no poca
ostentación banal dio en titularse Ley de la Calidad.
Gestionar la calidad es el nuevo
imperativo de los tiempos educativos, el nuevo grito de guerra. Gestionar la
calidad (sic), ¡La evaluación de la
calida!, ¡A la calidad por la evaluación, ¡El liderazgo y la calidad! Diríase
que palabra tan masivamente repetida designa un concepto bien perfilado e
inequívoco, y, de hecho, parece que hubiera un consenso general tácito sobre su
significado. Todo lo contrario. No hay concepto más equívoco y polisémico que
éste de la calidad. Y aquí precisamente radica la batalla ideológica que la
escuela pública está perdiendo. Veamos.
En la frontera de los años 70
(del siglo pasado) la llamada crisis fiscal del Estado de Bienestar trae
aparejada la necesidad de echar cuentas, de medir, evaluar y comprobar
resultados en función de los recursos públicos invertidos. Y se llega a la
conclusión ─ya bajo el paraguas ideológico del “fin de la historia”─ de que la gestión pública es rígida, lenta,
despilfarradora, ineficaz e ineficiente. Así las cosas, las socialdemocracias,
encogidas y a la defensiva, se disponen a salvar los trastos, aunque con no
mucho entusiasmo, montando estrategias para auditar y evaluar las políticas
públicas y para ensayar modelos de gestión privada. No es suficiente. Los
neoliberales rampantes no persiguen sólo la privatización de la gestión
pública, su objetivo va más allá:
privatizar todas las necesidades y relaciones humanas y remitir su satisfacción
y desarrollo al libre juego del mercado, único árbitro neutral al que
“moralmente” los individuos particulares han de someterse. No se nos escapa en
este punto que los valores y elementos constituyentes de lo público (cooperación,
solidaridad, igualdad intrínseca de los participantes, racionalidad dialógica
como método de comunicación y el acceso abierto a todos) han quedado aniquilados y sustituidos por el individualismo, la
competitividad desaforada, la segregación, la jerarquía como fuente de verdad y
la accesibilidad restringida (privada) en función del estatus socioeconómico.
Si la educación fuese mera
socialización (adquisición de pautas de conducta a través de las distintas
unidades, especialmente en España, oficiales) y no acción intencionada
orientada por una escala de valores y una visión global del hombre, la calidad
de la educación bien podría ser objeto consensuado, algo medible y apreciado
por igual en todo momento y en cualquier lugar. Pero la realidad es que no hay
educación sin un sistema de valores subyacente. Y es este sistema de valores el
que determina el tipo de indicadores de la mayor o menor calidad de los
“productos”.
El problema surge al tener que
fijar la vigencia e un determinado sistema de valores porque, superado el
modelo cristiano y la visión unitaria del hombre y del mundo, el estado moderno
reclama dos principios incompatibles entre sí: el de la neutralidad ante las
distintas cosmovisiones y el de la responsabilidad de promover, organizar y financiar la
educación de los futuros ciudadanos. Y no vale la tolerancia como fin educativo
para superar esta contradicción entre
neutralidad estatal y educación asentada en un sistema de valores preferido; es
necesario un paradigma educativo positivo desde el que se pueda ser tolerante
con el pluralismo axiológico inherente a las sociedades contemporáneas.
Pues bien, es en el espacio
configurado por los elementos constituyentes de lo público ya aludidos antes (
igualdad intrínseca de los participantes, razonamiento como método de
comunicación, accesibilidad y apertura a todos ) donde ha de fraguarse y
modelarse , con la participación de toda la comunidad, el ideal educativo que
ha de servir para deducir los indicadores de calidad… Por el contrario, lo que
se está produciendo en los últimos tiempos, especialmente en España, es una
inversión de este desideratum. Las finalidades, los objetivos y estrategias de
medición de calidad de los productos de la empresa capitalista, so pretexto de
la eficacia y la eficiencia exigidas por la crisis fiscal de las
socialdemocracias, se extienden al sector de la educación a través del paso
fácil que le ofrece la escuela privada (incluida, claro, la concertada). Y
puestos ya en este terreno empresarial, se cita, se reta a la escuela pública a
competir en y por la calidad, trofeo unívoco que está al alcance de todos. ¿Nos
extrañaremos de que, confundidos los fines, no se advierta y denuncie la trampa
ideológica que suponen ciertos medios o modelos de valorar la calidad, léase
ISO9001:2000, EFQM, etc.?
Ya lo hemos sugerido. El tema
viene de lejos. A finales de los 60 la filosofía de la acountability exportó desde la economía a la educación modelos de
gestión y evaluación tales como el PPBS, Kenecevich, PC, el de la libre
competencia de Friedman, el estructural de Hirschman… Los profesionales de la
educación pública de entonces no hicimos de estos productos rutilantes del
mercado nada que fuera más allá de la obligada recepción bibliográfica. Es de
esperar que los jóvenes profesionales de ahora no estén tan desideologizados
que acaben “enredados” en esa Red de Centros de Calidad como pajaritos ingenuos
en una jaula, privados, “privatii”…”
Diciembre
de 2004.
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