Condenado
Fabra, procede expresar público agradecimiento a todos aquellos que de una u
otra forma han hecho posible la justicia, aunque sea en grado mínimo. No se
trata de regodearse en el mal ajeno (ni la desgracia ni la cárcel nos gustan
para nadie), sino de reconocer el mérito a quienes, con no pocos riesgos
laborales, sociales y personales, han tenido la valentía de enfrentarse a
conductas corrosivas del “pacto social”, del consenso sobre el que descansa la
convivencia democrática. El respeto a las reglas del juego es garantía de la
paz social y el que se las salta infringiendo los códigos civiles, penales o de
la moralidad básica debe ser identificado y sancionado. Cuando a la captación
abusiva o delictiva de rentas públicas por parte de individuos antisociales no
sigue el reproche social o de la justicia penal es de esperar que surjan
ciudadanos tentados a la insumisión o la insurrección…, ante las que la
represiva Ley de la Seguridad Ciudadana
que acaba de aprobar el Consejo de Ministros no servirá de cura.
Hoy hay que
recordar con agradecimiento a la juez de Nules,
Isabel Belinchón, que fue la primera en abrir diligencias penales contra
el entonces Presidente de la Diputación de Castellón. Lástima que un inoportuno
traslado forzoso la obligase a dejar el juzgado de Nules. A buen seguro que el
procedimiento no se habría alargado tanto.
Especial
reconocimiento merece el joven juez Jacobo Pin, sin cuya competencia, honradez
y profesionalidad jamás el sumario hubiera llegado a juicio. Las presiones
soportadas y las tentaciones vencidas nos las podemos imaginar. Quizá nunca se
sepan en detalle. Hasta ahora conocemos del amparo que se vio obligado a
recabar del CGPJ ante el marcaje procesal de la Audiencia Provincial, presidida
por quien, según propia confesión, mantenía una relación cordial y afable con
el entonces inculpado.
Muy
reconfortados nos sentimos los que pagamos impuestos al escuchar en el juicio
oral la deposición de los dos Inspectores de Hacienda que actuaron como peritos
de la Fiscalía. Cuán de agradecer es la claridad, contundencia y convicción
técnica de estos funcionarios públicos y qué importancia tiene el acceso
a la función pública por sistemas regidos por la publicidad, el mérito y la
capacidad, principios constitucionales sistemáticamente abolidos en el
cacicazgo de la provincia de Castellón.
En segundo
lugar, estamos obligados con los medios de comunicación social y los
periodistas que en primicia o de segunda mano dieron noticia pública del caso Fabra desde el
inicio hasta la producción de la sentencia. Dénse por aludidos todos los
participantes en la “campaña mediatico-política” que ha amargado la vida al
defraudador de Hacienda. Los periodistas se equivocan bastante; trabajan a
ritmo frenético; a veces no contrastan las fuentes; en ocasiones escriben de
oído sobre temas complejos; y cualquiera que haya tenido responsabilidades en
la gestión pública sabe que entre lo que a veces aparece en los periódicos y
las radios y la realidad vivida hay pocas coincidencias… Y, sin embargo, sin
prensa libre no hay democracia. Este es un principio primero que no necesita
demostración. ¿Podemos imaginar qué habría sido del caso Fabra sin el
seguimiento de la prensa?
En tercer
término, debemos felicitarnos los ciudadanos de a pié que, en la medida de
nuestras posibilidades, de viva voz o por escrito rechazamos y despreciamos la
conducta del señor Fabra, y en ningún momento fuimos conniventes o formamos
parte del coro de aduladores y beneficiarios del reparto de favores y
prebendas.
Finalmente ─y
en contra de lo que hoy se acostumbra─ corresponde reconocer a los políticos de
la izquierda de Castellón que tuvieron ánimo suficiente para enfrentarse al
todopoderoso Presidente de la Diputación. El que esta labor formara parte de
sus obligaciones (control de la Oposición sobre el poder gobernante) no
disminuye su mérito. Imagínese la sala de Plenos de la Diputación: en el
centro, presidiendo, el MIURA, flanqueado por dos mansos, rodeado del resto de
la ganadería y aclamado por una clac enardecida… No era fácil poner alguna
banderilla en el lomo del morlaco. Ximo Puig, primero, y luego Francesc
Colomer, como jefes de la Oposición, sufrieron en sus carnes sus arremetidas.
La joven diputada de EU, Marina Albiol, también ha dado muestras de coraje
personal y político.
Es ésta
asimismo ocasión para lamentarnos por todas aquellas personas del mundo de la
judicatura, de la prensa, de la sociedad civil y de la política que o miraron
para una parte, o guardaron silencio, o fueron conniventes, o colaboradores
necesarios o compradores de los favores del cacique provincial. Todos respiran
el mismo aire corrupto. Todos ellos llevan la marca provincial de la vergüenza
y el desprestigio.
Punto y aparte requieren los comerciantes y empresarios agrupados en la
Cámara de Comercio, que van a seguir pagando 90.000 euros a un condenado a
cuatro años de cárcel por otros tantos delitos contra la Hacienda Pública. Si
el valor de la “confianza” es clave en
el éxito de la empresa capitalista, el comercio y la empresa de Castellón
tienen un negro futuro sobradamente merecido.
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