La historia de la educación en la España de los dos últimos
siglos es una incesante guerra ideológica entre las fuerzas progresistas y las
conservadoras o retardatarias.
En la última parte del siglo
XVIII y hasta 1808 tiene lugar una serie de transformaciones demográficas y en
las estructuras productivas y sociales
que implican el paso de la sociedad estamental a la sociedad de clases
de la industrialización capitalista. ‘La
riqueza de las naciones’, de Adam Smith, tiene fecha de 1776.
Durante el Antiguo Régimen la
educación es monopolizada por la
Iglesia ; la nobleza encomienda la educación elemental a
preceptistas y leccionistas; los Ayuntamientos apenas disponen de escuelas
mientras la Iglesia
regenta una red de escuelas monásticas, y los escasos maestros se agrupan
gremialmente en la Hermandad
de San Casiano malviviendo miserablemente. Por otra parte, la educación
secundaria apenas tiene entidad, reduciéndose a una antesala preparatoria para
acceder a la Universidad ,
en manos de la Iglesia
y detentadora de un poder autónomo respecto al poder regio ciertamente.
Cuando llegan los ilustrados
traen de Francia una fe ciega en la educación como palanca del progreso y
encuentran en Carlos III disposición bastante para, dentro de la misión modernizadora
general, emprender en el campo educativo las reformas necesarias para sacar a
España del estado de postración en que se encuentra. Es de necesidad perentoria
erradicar la ignorancia, las malas costumbres y las supercherías. En este
sentido la Iglesia
es un estorbo y los ilustrados consiguen la expulsión de los jesuitas ─que
controlan la enseñanza secundaria─ y
promocionan la creación de instituciones educativas de carácter privado
(Reales estudios de San Isidoro, Academias de ingenieros, matemáticos, marinos,
físicos, etc.). Esta estrategia pretende dos objetivos: expropiar a la Iglesia de su dominio
absoluto sobre la educación (en especial de la Universidad ) y, en
segundo término, introducir las ciencias y técnicas experimentales frente a los
estudios escolásticos degenerados en logomaquias vacuas y estériles.
Y aquí surge el reaccionarismo
español que, en contra de la tesis de Menéndez y Pelayo, no conectaba con el
pensamiento de los siglos XVI y XVII, sino que era también una importación
francesa a través del abate Nonnotte. Nuestros reaccionarios lo tenían claro:
la educación era muy importante, escribía el padre Zeballos; por eso no debía
dejarse en manos de cualquiera, sino bajo la responsabilidad de maestros “de
doctrina incorrupta” para poner freno a las experimentaciones y modernidades
que trae el diablo para socavar las bases de la sociedad establecida.
El año 1808 es el principio de
otra época. Nace el sentimiento nacional moderno, la sociedad estamental va
quedando atrás y emerge una nueva sociedad inspirada en los ideales de
libertad, igualdad y propiedad privada. Se tiende a la centralización, al
fomento de la agricultura, la industria y el comercio y se defiende la
propiedad libre e individual y los viejos mitos de DIOS, PATRIA y REY son
sustituidos por el principio de soberanía nacional. Los liberales españoles
recogen la herencia de los ilustrados y hay una proclamación sonora de fe en la
instrucción pública y la igualdad ante “las luces” para lograr la igualdad y la
libertad ciudadanas efectivas. Condorcet en su ‘Memoria
sobre la naturaleza y objeto de la Instrucción Pública’ dejó escritas unas
palabras que ilustran insuperablemente este ideario educativo: “Cuando la ley
ha hecho a todos los hombres iguales, la única distinción que los separa es la
que nace de su educación… El hijo del rico no será de la misma clase que el
hijo del pobre si no los acerca alguna instrucción… Existirá, pues, una distinción
real que no estará al alcance del poder de las leyes el destruir, y que,
estableciendo una separación verdadera entre los que tienen las luces y los que
son privados de ellas, la convertirá en un instrumento de poder para los unos y
no en un medio de felicidad para los otros”.
Éste es, pues, el espíritu
educativo que inspira nuestra Constitución de 1812, que en su artículo 366, del
Título IX, dice: “En todos los pueblos de la Monarquía se
establecerán escuelas de primeras letras, en las que se enseñará a los niños a
leer, escribir y contar, y el catecismo de la religión católica…” El artículo 368
determina que el Plan General de Enseñanza será uniforme en todo el reino.
Aprobada la Constitución , el
poeta Manuel José Quintana redacta el informe previo a la redacción de una Ley
General de Instrucción Pública, que sólo en 1821 alcanzó el rango de norma
legal. Para el ideario de la burguesía liberal la educación ha de ser: igual
para todos, uniforme, gratuita, pública y libre. El Informe Quintana, que tanto
debe al de Condorcet, llama la atención que en lo tocante a la libertad se
aparte del modelo. Condorcet entendía la libertad como libertad de enseñanza de
los maestros, que luego se denominó libertad de cátedra, mientras que Quintana
la amplió al derecho de creación de centros escolares por la iniciativa
privada.
No hace falta seguir aquí los
avatares todos de nuestro siglo XIX y primer tercio del XX para comprobar que
las alternancias de gobiernos absolutistas, liberal progresistas, conservadores,
moderados, apostólicos… y las modificaciones incontables de los planes de
estudios no consiguieron implantar un sistema capaz de ofrecer un educación
general, básica, común, pública, gratuita y laica que sirviese de argamasa nacional. Es el gran
fracaso de la burguesía liberal que no supo o no quiso o no pudo. Tras las dos
dictaduras, la de Primo de Ribera y la franquista, con el breve intermedio
fallido de la II República ,
todo estaba por hacer. Visto en perspectiva, un estado sin recursos e incapaz
de recaudarlos, estaba condenado a seguir entregando las instituciones
educativas a la Iglesia ,
reduciéndose los programas educativos del progresismo a simple utopía o huera
palabrería.
Ya en democracia, el partido
socialista tuvo que afrontar los problemas de la educación no resueltos por la
burguesía liberal progresista, que los países de nuestro entorno cultural
tenían liquidados años ha. Pero en la ardua tarea de asentar una educación
general, básica y común hasta los 16 años, pública, gratuita, compensatoria y
laica se ha encontrado y se encuentra con la oposición del Partido Popular y
todas las fuerzas reaccionarias que agrupa, herederos activos de las ideas del
padre Zeballos y del primer
reaccionarismo español: la educación es muy importante, sí, y por eso mismo hay
que controlarla (objetivo para el que la Iglesia siempre está presta) y dirigirla hacia la
satisfacción de las necesidades del aparato productivo y la conservación de una
sociedad jerarquizada y desigual.
La LOMCE responde perfectamente a
esta idea de la educación y la calidad que se invoca, concepto ideológico en
estado puro, se predica cuando hay éxito en el objetivo clasificador y
segregador. La educación que defiende el partido socialista conecta con el
espíritu y la letra de la cita arriba transcrita de Condorcet: por ella se
puede alcanzar la auténtica igualdad, que es la que nos permite ser libres. Sin
ella no hay democracia.
Las propuestas de la Conferencia del
partido socialista en educación deben marcar un punto y aparte, deberían ser
reflexionadas por la comunidad educativa y merecen pasar por el crisol de su
puesta en marcha en la próxima legislatura.
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