ESPAÑA, ESCENARIO 2016

Con no poca pesadumbre vengo constatando en las últimas semanas que la mayor parte de los elementos configuradores del Escenario-España-2016 están ya predispuestos y definidos. Si el factor más determinante para nuestro inmediato futuro se ciñe a cual sea el partido ganador de las Elecciones del 20-D y cuales hayan de ser los inevitables pactos postelectorales, dado que la mayoría absoluta carece de probabilidad alguna,  al día de hoy la incógnita está ya despejada, ateniéndonos a los datos de las actuales encuestas. Los distintos estudios demoscópicos han asentado en el imaginario social esta realidad: el PP volverá a ganar las elecciones, el segundo lugar se lo disputarán el PSOE y Ciudadanos, atrás quedará Podemos –que tanto preocupaba– y a la cola, a bastante distancia, IU-Unidad Popular. Resumiendo: la suma de las derechas, como llama certeramente Pedro Sánchez al PP y C´s alcanzarán la mayoría absoluta y conseguirán más escaños que PSOE, Podemos e EU juntos.

Está, sin embargo, la vieja cuestión de la sociología electoral: las encuestas detectan la intención del voto o la inducen, averiguan lo que piensan los ciudadanos o persuaden, condicionan e incluso manipulan su voluntad. Es inútil que demos vueltas a si predomina el efecto Mateo o el efecto Lucas, que los sociómetras contraponen. ¿Cambia más el elector para apuntarse a caballo ganador o lo hace a favor del que aparece como perdedor por mor de una compasión compensadora? Mientras la estadística más sofisticada no nos lo clarifique, conviene atenerse a hechos que son de evidencia palmaria: las empresas que encargan las encuestas suelen ser empresas de comunicación con intereses económicos e ideológicos de general conocimiento (ABC, EL Mundo, La Razón, El País –quién te ha visto y quién te ve− , La Sexta, La Cuatro, Onda Cero, la Cope...); los resultados de las encuestas favorecen a unos partidos u otros en función de la proximidad política de éstos a la empresa de comunicación que encarga el estudio demoscópico. Se trata de una constatada regularidad que explica las importantes discrepancias que se dan entre unas y otras encuestas. Parece, pues, que la primera batalla que un partido competidor electoral ha de ganar es la demoscópica, que realmente es una disputa comunicacional, a la que la izquierda acude con mermadas armas. En el mismo momento que escribo estas líneas el CIS acaba de publicar los resultados de su última macroencuesta y, en efecto, mientras el PSOE se hunde las dos derechas (PP y Ciudadanos) alcanzan sobradamente la mayoría absoluta. Seguirá gobernando Rajoy con apoyo puntual de Albert Rivera.  

Bajo el presupuesto que antecede, quizá empiece a vislumbrarse una explicación a esta pregunta: ¿cómo es posible que el PP se mantenga como ganador en las Elecciones del 20-D  con la gestión que ha hecho de la crisis económica, el independentismo catalán y la corrupción, cuando cualquiera de estos tres problemas por sí solo bastaría para desahuciar a un Gobierno para las próximas elecciones?  ¿Qué ha ocurrido para que la demoscopia preelectoral se aparte de la lógica?

En primer lugar, uno debe estar a lo que George Lakoff  tilda de gran error o trampa en la que suelen caer los progresistas: pensar que la razón es algo completamente consciente, verbalizado, lógico, universal y libre de emociones; pensar que los electores son ‘racionales’ y deciden su voto en función de las propuestas de los partidos y de sus intereses materiales. No es así. Los electores actúan determinados por marcos cognitivo-afectivo-valorativos (frames) que se troquelan en el cerebro desde la primera infancia y en los que la repetición juega un papel decisivo.

Respecto a la depresión económica y sus consecuencias (empobrecimiento de clases medias y bajas, paro que realmente no mejora, desprotección social, pérdida absoluta de derechos de los trabajadores, exclusión social, etc.), el PP ha logrado inocular en la mente colectiva la verdad de que la crisis ha terminado, que hemos salido del agujero en que nos dejó el PSOE y que nos hemos salvado en definitiva. ¿Quién  se va a resistir a esta verdad si se nos repite machaconamente a través de todas las terminales mediáticas del partido gobernante? Los supervivientes del desastre ¿por qué van a dejar de votar al PP, si están vivos? Y los masacrados y desahuciados han perdido, entre otros esenciales atributos humanos,  la voz y la palabra y no votan.

Pero, con ser grave la crisis económica, no es comparable con el problema del independentismo catalán. El señor Rajoy ha incrementado exponencialmente los independentistas que encontró al hacerse cargo del gobierno de España. Su inactividad y su falta de capacidad política han producido una declaración formal de  independencia de Cataluña (aunque de momento solo sea ‘intencional’). Es todo un hito histórico que hay que cargar al debe del Presidente del Gobierno. Cualquier otro gobernante progresista (Felipe González o Rodríguez Zapatero) que hubiese llevado a España al callejón sin salida de Cataluña estaría ya ardiendo en la pira de la plaza pública. El señor Rajoy no. El señor Rajoy ha puesto pie en pared, ha frenado la independencia catalana y ya el tiempo dirá lo que pasa con esa mitad de los catalanes inflamados por la ilusión independentista...

Es cansino abundar en el castigo que el partido gobernante merecería por la corrupción que lo ha ocupado de un extremo a otro y de la superficie al fondo mismo de la organización. Pues no. Pelillos a la mar. En todos los partidos hay casos de corrupción y, además, los corruptos son casos particulares, el Partido como tal permanece limpio e incorrupto, nos repiten hasta la saciedad los voceros de la derecha. Y la gente ha tragado y está digiriendo el gran sapo de la corrupción, perdonándole la vida al señor Rajoy, que volverá a gobernar esta España de nuestros pecados.

Cierto es que las cosas van a ser así no por causa de milagrería, sino de factores causales que las explican. En primer lugar, la coyuntura económica exterior (precio del petróleo, intervenciones del BCE, etc.) ha permitido la afloración de datos macroeconómicos que han servido de pilón argumental para fijar la convicción social de que la crisis está superada. En segundo término, las Elecciones Autonómicas y Locales, en las que el PP perdió importantes parcelas de poder,  han tenido un efecto de descompresión. Digamos que, pagada una penitencia relativa, el electorado alcanzó una suficiente satisfacción vindicativa y, por otra parte, la memoria es débil porque hay necesidad de olvidar algunas insoportables cosas. En tercer lugar, la independencia de Cataluña, tal como se han sucedido los últimos acontecimientos críticos (resolución independentista, sentencia del TC, bloqueo de la formación del gobierno de la Generalitat...) da la impresión de que está atascada y con el motor incapaz de ponerse de nuevo en marcha, de forma que el 20-D nos traerá unas Navidades felices y tranquilas: la firmeza serena del señor Rajoy ha resultado la mejor estrategia para asegurar la unidad de España. En cuarto lugar, la Operación Ciudadanos está perfilándose como una obra maestra de ingeniería política de efecto doble: ha desviado la pulsión de cambio desde Podemos hacia el señuelo de un centro político (ni izquierdas ni derechas), que desembocará en el cauce de la derecha popular; y ha recogido bastantes votos despistados del terreno del centro izquierda del PSOE, aventados por el aire de lo nuevo frente a lo viejo. Finalmente, el terrorismo yihadista, significado en los atentados de París y el estado prebélico de Bruselas, ha creado un clima de temor e inseguridad que favorece las posiciones conservadoras y de cierre de filas alrededor del Pastor responsable de la manada (como decía Ignacio de Loyola, en tiempos de tribulación no hacer mudanza).

Cuando reemprendo la redacción de este escrito −después de días de desidia y pesimismo−, la celebración del ‘Debate Decisivo’  entre P. Sánchez, P. Iglesias, A. Rivera y Sáenz de Santamaría ha tenido lugar y las claves de interpretación del resultado (ganadores/perdedores) abundan en la tesis de que mediáticamente el pescado está vendido: ningún hermeneuta de la derecha ha visto los mojados sobacos del líder de Podemos, mientras recomendaba estúpidamente a sus contrincantes «no os pongáis nerviosos, no os pongáis nerviosos».

Así que el panorama España-2016 no puede ser más desolador: la continuidad de un Presidente que cobró salarios extra en sobres de billetes de 500 euros extraídos de la caja B del PP, nutrida con fondos de comisiones; la persistencia de una política socioecónomica castigadora de los trabajadores en paro, de los precarios y de los fijos mal pagados; el apoyo de Ciudadanos para llevar adelante algunas reformas formales a modo de cosmética de circunstancias; la agudización del problema catalán, que actuará como un foco de incesante desestabilización nacional; la frustración de las izquierdas, que, después de lamerse las heridas, tardarán mucho tiempo en recomponerse dios sabe en qué forma y sentido...

Un escenario sombrío para los progresistas. Si uno supiese rezar, habría que hacerlo para que el vaticinio no se cumpliese. Pero parece que, con permiso del Papa Francisco, Dios es también de derechas.

LA BESTIA ACECHA TRAS LA ESTUPIDEZ

Como otros españoles he venido acumulando durante los últimos cuatro años creciente preocupación por el desbordamiento independentista de Cataluña, sentimiento que fui canalizando a través de la escritura de algunos artículos en los que alternaba la acre invectiva contra la inactividad del Presidente del Gobierno, señor Rajoy, y el intento de racionalizar la historia, auge y sentido de la revuelta catalana.

En este lapso de tiempo se dio la circunstancia de la casual reanudación de mi amistad con un viejo amigo de juventud, paisano de Teruel, pero residente desde hace años en Barcelona. Comprobar que, desde aquel sesentayochismo izquierdoso que profesamos en el campus universitario madrileño, habíamos evolucionado ambos hacia una socialdemocracia serena y prudente, posición progresista máxima que razonablemente puede esperarse de personas entradas en la edad provecta, fue para mí intensamente satisfactorio. Aún más admirable resultó descubrir que aquel economista de profesión se había convertido con los años en un ser polifacético: escritor, poeta, artista plástico, investigador y defensor pertinaz  de la lengua catalana de su infancia en un pueblo de la Franja oriental de Aragón...

Con mi autorización vinculó su página web a mi correo y fui recibiendo puntualmente noticia de sus haceres y pensares. Inicialmente fui coincidiendo con él en la atribución de culpas y responsabilidades a la derecha carpetovetónica española por la desafección catalana.  Más tarde, empecé a sobresaltarme al ver cómo defendía el derecho a decidir fundado en ese razonamiento simplista de que lo democrático es dejar que la gente vote (¿hay algo más democrático que el voto?). El día en que leí en su web los emocionados versos patrióticos ante el despliegue de un mar de esteladas en el NOU CAMP se me cayeron todos los palos del sombrajo. Ahí es donde se jodió el Perú, que diría Vargas Llosa.

Uno puede comprender que las élites económicas, políticas y burocráticas de un territorio regional pretendan aprovechar una coyuntura histórica favorable para disputar el poder a la metrópolis independizándose; uno puede entender que clases medias empobrecidas y frustradas se apunten a cualquier alternativa que les aleje del origen de todos los males (España en este caso); que los jóvenes, con estudios o sin ellos, recluidos masivamente en el  paro y sin ningún horizonte vital, se enganchen al banderín de la independencia es concebible, pues nada venidero puede ser peor que lo existente −piensan ellos erróneamente− y, además, por qué perderse el romanticismo de la aventura; también es imaginable que los niños acudan a hombros de sus padres a las manifestaciones y diadas, pacíficas, festivas, eso sí, riendo, cantando, gritando inde-inde-inde-independencia... mientras las esteladas flotan alegres movidas por el aire manso de un día primaveral...

Lo que a mi inteligencia no se le alcanza es el por qué y el para qué una persona ‘jubilada’, a la que se le supone un pensamiento adulto, se convierte en independentista y en poeta de la futura nueva patria. Nosotros, que sufrimos la postguerra civil y los efectos de la Guerra Fría; nosotros, que tuvimos noticia de la ocupación de Japón, de la revolución en China, del cerco a Cuba, de la Guerra del Vietnam, de la Guerra de los Seis Días; que fuimos partícipes menores de las frustradas revoluciones de los años sesenta; que durante los años setenta asistimos impotentes a la formación de la Gran Divergencia y convivimos impávidos con operaciones encubiertas, las guerras de Irak e Irán, la trampa afgana, el fin del socialismo real, las guerras balcánicas y el terrorismo internacional; nosotros, que no pudimos votar hasta más allá de los treinta años y que, después, hubimos de soportar el golpe de estado del 23-F de 1981 y el terrorismo etarra hasta hace cuatro días; nosotros, que hemos visto desfilar tanta muerte y tanta desgracia y tanta estupidez humana !cómo podemos entender eso de la independencia de Cataluña! !Cómo, amigo mío, puedo intuir las razones y las emociones que te han hecho independentista!

Debe ser cierto que en todo hombre adulto pervive el niño que fue. Como también es verificable que el proceso cultural de hominización no es continuo, que la perfectibilidad de la especie humana  es un camino en permanente riesgo de bruscos retrocesos. De vez en cuando los hombres nos precipitamos por las simas de la bestialidad y parece que retrocedamos a las edades de la piedra, horda y el crimen. El viejo y el niño caminan juntos por la avenida de la libertad, que ha de llevarles al territorio ignoto de la independencia. El niño es ingenuo y acaso aprenderá con el tiempo. El viejo es como un niño que no ha aprendido nada.

LA EVALUACION DEL PROFESORADO O EMPEZAR LA CASA POR EL TEJADO

Están de actualidad mediática las reformas educativas que José Antonio Marina propone (buen marketing para su libro Despertad el dinosaurio y para el Libro Blanco del Profesorado que le ha encargado el Ministro de Educación en funciones). Del libro tuve ocasión de hacer una crítica irónica en mi Blog (En educación no hay milagros, señor Marina), centrada en el órdago que el autor hacía urbi et orbi comprometiéndose a, si se recupera el 5% del PIB en inversión educativa, transformar la escuela española en un sistema de altos rendimientos en el plazo de cinco años, cambio que concretaba en una serie de parámetros, unos medibles y otros manifiestamente etéreos... Al final de mi escrito alertaba yo del peligro de tocar alguna pieza equivocada del dinosaurio no fuera que al despertar el animal en el primer respingo se llevase por delante al sedicente hacedor de milagros.

Marina elige al profesorado como factor clave del cambio −posición incontrovertible, pues nada bueno puede hacerse en educación que no pase por los docentes−, pero nuestro taumaturgo particular avanzaba que cabría ir adaptando parte del salario del personal a su rendimiento, asunto que nos mete de hoz y coz en la vieja cuestión de la evaluación del profesorado. Y aquí fue Troya.

Es inexplicable que un profesor culmine sus 40 o 50 años de vida profesional sin recibir institucionalmente el más mínimo comentario o informe valorativo, dice Marina. Y añade que entre nosotros no existe ‘cultura de evaluación’. Estos son prejuicios u opiniones que en principio suscribe todo estudioso de la educación. Sin embargo, hay que precaverse de las tentaciones adanistas. La preocupación por el problema de la evaluación del profesorado no ha empezado por la irrupción del señor Marina en las televisiones. Seguramente, el  exprofesor de Instituto ha conocido bien el mundo de la Enseñanza Media, pero anda bastante despistado respecto a la realidad de la Enseñanza Básica de los años ochenta y noventa del siglo pasado. Durante aquellos años, y a raíz de la ‘modernización’ tecnocrática que intentó la Ley General de Educación, tuvo lugar una importante producción bibliográfica, de revistas y prácticas de la Inspección de Educación Básica que afrontaron la evaluación en general y la de los docentes en particular. Los profesores de EGB nunca tuvieron la impresión de estar abandonados a todo control. Por el contrario, sabían que en cualquier momento podía aparecer el Inspector de zona y entrar en sus aulas a valorar lo que en ellas se hacía.

Cierto es que los intentos de evaluar de forma sistemática y objetiva a los docentes han sido fallidos por dos razones: una, la dificultad intrínseca de valorar con equidad  la función de enseñar y formar personas; y dos, la ausencia de condiciones sistémicas y estructurales. Como Inspector he entrado en muchas aulas, pertrechado con toda clase de herramientas (cuestionarios exhaustivos, escalas de indicadores unívocos, etc.) y siempre tuve la consciencia de la dificultad de objetivar lo que realmente pasaba en aquellas aulas. Por otra parte, cómo se va a evaluar a un profesor en el contexto de un centro cuya plantilla cambia curso tras curso el 40-60% de sus integrantes, o cómo se le sigue la pista al 20% de interinos que migra cada temporada por la geografía regional, o cómo se puede entrar en un sala abarrotada con 40 alumnos que no guarda las más elementales exigencias de la proxémica...

De la necesidad de ‘echar cuentas’ (filosofía de la accountability) sobre la eficiencia del sistema escolar, tras las alegrías democratistas de la LOGSE,  tomó buena nota la Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros educativos (LOPEGCE) que inició la profesionalización de la función directiva mediante la modalidad de la ‘acreditación’ y recreó el Cuerpo de Inspectores de Educación, una de cuyas funciones era y es la de supervisar la práctica docente... La misma LOE (2006) encabezaba su artículo 106 así: «Evaluación de la función pública docente» y en cuatro puntos disponía que, en aras de la mejora de la calidad de la enseñanza, las Administraciones Educativas debían elaborar planes de evaluación del profesorado, con la participación de éste; que los planes habrían de ser públicos, con explícitos fines y criterios de valoración, etc. La misma Ley en el artículo 151 atribuye a la Inspección la supervisión de la práctica docente y de la función directiva. Ninguno de estos preceptos ha sido modificado por la LOMCE.

¿Por qué ninguna Administración Educativa ha desarrollado el artículo 106 de la LOE? Sencillamente, porque siguen vigentes las causas que han frustrado históricamente los intentos de evaluar a los docentes: la evaluación del profesorado es una operación de suma finezza y, en segundo término, las condiciones sistémicas que la han impedido hasta hoy siguen vigentes.

El profesor Marina, apremiado por una urgencia apostólica que trasciende la interinidad del gobierno del PP, nos propone novedosamente un sistema de indicadores para evaluar a los profesores: el portfolio personal, el aprovechamiento de los alumnos, la opinión de éstos, la observación del docente en la clase, las relaciones con los padres, la colaboración con el resto de los compañeros de claustro, la calidad del centro... En fin, nihil novum sub sole,  nada que no produzca una sonrisa displicente en quien conozca de verdad de qué estamos hablando.

Podemos estar a favor de la evaluación de los docentes, como del resto del funcionariado público −yo lo estoy−, pero a nadie experto en la cuestión y prudente se le ocurriría, cuando es necesario someter a todo el  sistema a importantes reajustes, empezar por manipular el mecanismo más sofisticado mientras elementos  estructurales clave de los que aquél depende permanecen disfuncionales. La casa no se empieza por el tejado.

«La ideología es a la educación lo que la mixomatosis es al conejo», suele repetir el profesor Marina. Acaso estas palabras expliquen el sentido de su actual activismo educativo, que no se concreta en un trabajo para un partido, dice defendiéndose el contratado por el gobierno del PP, sino una ofrenda que se hace a todos en general. ¿Se nos tachará de maliciosos, sin embargo, si vemos coincidencias esenciales entre lo que predica el profesor Marina y lo que escribe sobre educación el ideólogo económico de Ciudadanos, Luis Garicano? ¿Estaremos equivocados si pensamos que  el anti-ideologismo de Marina está preparando el programa educativo de un gobierno de coalición entre el PP y Ciudadanos? Vuelve la tecnocracia y el cielo se abre a los excelentes y  cierra sus puertas a los que no pueden ocupar la cima de la pirámide, que son la mayoría.

EN EDUCACIÓN NO HAY MILAGROS, SEÑOR MARINA

Suelo ver con no poco placer El Intermedio, de la Sexta-TV. La semana pasada, con motivo de la entrevista al filósofo y experto en educación, José Antonio Marina, seguí el programa con curiosidad añadida al agrado habitual. El entrevistado es un prestigioso ensayista de amplia y sugestiva obra, que en los últimos tiempos ha orientado sus preocupaciones e investigaciones hacia la educación, materia propia de su condición de catedrático de Instituto ya jubilado.

Recientemente he dejado escrita en mi blog una serie de artículos bajo el título común  ¿Es gobernable la educación en España?  Se trata de unas reflexiones sintéticas sobre las causas que hacen difícil la gestión del sistema escolar español y sobre algunas medidas correctivas que lo harían más eficiente. El nuevo libro que presentaba el señor Marina en un prime time televisivo (Despertad al Diplodocus. Una conspiración educativa para transformar la escuela y todo lo demás) era ocasión pintiparada para contrastar mis ideas, pues el profesor Marina prometía no solo mejorar el sistema educativo («despertar el diplodocus»), sino transformar la escuela actual en una institución de altos rendimientos en el plazo de cinco años, a condición de recuperar el presupuesto del 5% del PIB anterior a la crisis. Casi nada, un sistema escolar de altos rendimientos en el plazo de 5 años.  El gran Cambio, la Gran Revolución, La Educación al Poder, en expresión del propio Marina, quien concretaba sus objetivos en los siguientes términos: 1) Reducir el abandono escolar del 21,9% del año 2013 al 10% para el año 2020, según quiere la UE («dicho en términos positivos, conseguir que el 90% de los alumnos alcancen el éxito educativo»). 2) Subir 35 puntos en la clasificación PISA (lo que nos situaría al nivel de Finlandia). 3) «Aumentar el número  de alumnos excelentes y acortar la distancia entre los mejores y los peores». 4) «Favorecer que todos los niños y adolescentes –tanto los niños con dificultades de aprendizaje como los niños con altas capacidades– puedan alcanzar su máximo desarrollo personal, con independencia de su situación económica». 5) «Fomentar la adquisición de habilidades del siglo XXI, necesarias para aumentar las  posibilidades de  felicidad personal y de felicidad social...»

Entenderá el lector con qué apetencia compré y emprendí la lectura del libro en que el señor Marina iba a explicar cómo conseguir tamaño milagro (¡qué difícil es escapar al marketing!). Pues bien, para el  Objetivo 5 años se nos propone una estrategia fundada en una disciplina nueva, la Ciencia de la evolución cultural y del progreso educativo, una original teoría descriptiva de la inteligencia, la puesta en marcha de los cinco motores del cambio (la escuela, la familia, la ciudad, la empresa y el Estado)  y una convocatoria enfática a toda la sociedad para una movilización, una conspiración educativa para transformar la escuela...

La realidad es que a lo largo de las 219 páginas del libro no encuentra uno la pócima taumatúrgica que dé razón del prometido cambio en 5 años, más allá de las interesantes y hasta brillantes ideas que forman el acerbo de las Ciencias de la Educación y demás saberes humanísticos, de la enorme erudición del autor y del derroche de citas y referencias bibliográficas en  lengua inglesa...

Pero donde no he visto rastros prodigiosos he detectado alguna trampa (no hay milagro sin engaño). Por ejemplo: cuestiones como la educación al servicio de la identidad nacional, la escuela y la religión, la escuela y el mercado laboral, la educación con valores o meramente académica... las posterga de momento hasta que les dé respuesta la «nueva superciencia de la evolución cultural y del progreso educativo». Dicho a las claras: las preguntas ideológicas las dejamos al margen y seguimos adelante con nuestro plan de Demiurgo. En este mismo sentido, en otro pasaje del texto el autor se pregunta quién tomará las decisiones de lo que debe transmitirse a los alumnos, y se contesta: no los políticos, que harán ideología; ni los científicos, que poseen saberes parciales; tampoco los sacerdotes, porque serán sectarios; ni los empresarios, que solo miran al negocio; los padres carecen de perspectiva y los filósofos están distraídos en sus cosas... ¿Quién, pues? La respuesta de Marina es: la Superciencia de la Evolución Cultural y del progreso educativo, esa misma que conseguirá en 5 años que el 90% de los alumnos logre éxito académico, no sabemos si incluidos los del 20% diagnosticados con algún tipo de problema de aprendizaje o psicopatológico...

El texto del señor Marina está plagado de buenas ideas que comparto, de las que subrayo una: la primacía del profesorado en cualquier reforma educativa, su selección entre los mejores, su formación inicial, etc.  En la pág. 214 ha dejado escrito Marina: «Una parte de la retribución podría estar relacionada con la evaluación del centro entero, de manera que se fomente la implicación de todos los profesores en un proyecto educativo». Esta sugerencia no la comparto, al menos como punto de partida. Antes de llegar a planteársela, muchas piezas del diplodocus habrían de ser recambiadas, no fuera que al despertar el dichoso diplodocus en el primer respingo se llevase por delante al sedicente Demiurgo. Aunque, de momento, el señor Marina ya ha recibido el encargo de un ministro de educación en funciones de elaborar el Libro Blanco del Profesorado... Milagros en educación no existen, pero buenos vendedores de crecepelos pedagógicos abundan.

PALABRAS Y HECHOS EN EL INDEPENDENTISMO CATALAN

El refranero castellano está plagado de ejemplos que nos advierten de la inconveniencia de confundir las palabras y los hechos, el decir con el hacer: del dicho al hecho hay un buen trecho, no es lo mismo predicar que dar trigo, hechos son amores y no buenas razones, perro ladrador, poco mordedor… El saber popular recomienda distinguir el verbum del factum en un doble sentido: moral, en tanto que las promesas verbales rara vez alcanzan realidad en la praxis (las palabras se las lleva el viento); y ontológico, pues se asigna a las palabras una entidad degradada que no aguanta el contraste con el ser real (existen los actos, los dichos rozan la categoría del no-ser). La vieja lógica en la que se basa nuestro refranero mantiene un dualismo  que separa hechos/palabras en dos mundos independientes. Sin embargo, Ludwig Wittgenstein hace ya unos años inició su Tractatus Lógico-Fhilosofhicus con esta iluminadora afirmación: «el mundo es todo lo que acaece».  Así que las palabras son hechos y éstos, significaciones que alimentan dialécticamente el mismo discurso de lo real.

El Gobierno del Partido Popular, en el asunto de la independencia de Cataluña, ha ejemplificado certeramente esa posición de desprecio a las palabras. Durante los últimos cuatro años el nacionalismo catalán ha ido incrementando su dominio del lenguaje. Teníamos acostumbrado el oído al vocablo autonomía, al de autogobierno, al de profundización en la primera y el segundo; se fue subiendo el tono y se pronunciaron más altisonantes proclamas como las de exigencia de un concierto, el derecho a decidir, la petición de un referéndum vinculante, de unas elecciones plebiscitarias después... y, al final, la independencia. El señor Rajoy observó impasible esta avalancha de anuncios y pregones pensando que las palabras eran solo palabras. De modo que la independencia, como la primavera, ha venido y nadie sabe cómo ha sido.

Las banderas, los gritos, los eslóganes, los lemas, las consignas, las manifestaciones, las diadas, la panoplia de voces contagiadas de entusiasmo no eran pajaritas de papel de corto vuelo destinadas a ser barridas por el viento, sino palomas cargadas con el mensaje de la independencia, de una independencia verificable al terminar la migración en la frontera del nuevo país republicano soñado. Y mientras la avalancha del discurso nacionalista avanzaba transformándose día a día en independentista, el Gobierno del señor Rajoy no hizo más, ya en los momentos apremiantes, que oponer el lenguaje jurídico.

La norma jurídica, a diferencia de la mera recomendación moral, se distingue por su carácter coactivo. Cierto es que la coactividad  puede predicarse de diversos modos, pero en última instancia es física. Cuando  el discurso jurídico agote su sentido  ¿en qué forma material lo hará?  Es el debate de estos días que ocupa a tertulianos, políticos y juristas.

Cómo hemos llegado hasta aquí es una pregunta inevitable. La respuesta más común es responsabilizar, en primer término, al Partido Popular por sus actitudes y políticas poco comprensivas de la diversidad territorial que en no pocas ocasiones han resultado  provocadoras e irritantes hacia Cataluña; y, en segundo término y de modo más específico e inmediato, la responsabilidad se atribuye al actual Presidente del Gobierno, que contempló el alud de nieve pensando que la nieve (la palabra) no era dañina.

El error reviste una gravedad tan grande que solo por él debería estar inhabilitado el señor Rajoy para toda responsabilidad pública. El desastre a que nos ha abocado el Presidente del Partido Popular es de tal envergadura que a momentos me asalta la sospecha de que tanta torpeza no es posible, que detrás de la apariencia existe un plan oculto, maquiavélico, pero racional, fundado en el principio leninista cuanto peor, mejor:  puesto que el nacionalismo no se conformará con  ninguna concesión que se le haga, se deja calentar la caldera hasta la explosión. Después del incendio, habrá que recoger los escombros en medio de la tranquilidad que suelen dar las cenizas...

¿ES GOBERNABLE LA EDUCACIÓN EN ESPAÑA? (y XI)

Que la administración y el control en las instituciones educativas públicas no alcanza niveles aceptables de calidad es opinión social generalizada. Digámoslo de otra forma: la escuela pública no ofrece en los últimos tiempos una buena imagen. En asunto tan nuclear y trascendente como la educación es lógico que se conciten prejuicios, opiniones, estereotipos y convicciones que no tienen más fundamento que la experiencia personal de quien los formula, el contagio social y, en última instancia, el sentido común, del que, como decía Balmes, todo el mundo se considera bien servido. ¿Puede sostenerse, entonces, que la educación en España está mal administrada y que carece de los controles mínimos exigidos por una organización tan ingente en recursos personales y económicos y  responsabilidades sociales?

La pregunta tiene otras respuestas, si no es suficiente el argumento ya adelantado de la opinión pública. El fracaso escolar convencional (reducido porcentaje de graduados, abandono prematuro de las aulas, repeticiones de curso...) y el fracaso escolar real (inadecuación del bagaje académico a las exigencias del mercado laboral)  son evidencias aritméticas instaladas en el imaginario colectivo de los españoles. Podemos expresarlo en otros términos: la escuela pública española no satisface las necesidades del sistema productivo jerarquizando “racionalmente” las cohortes de nuevos estudiantes (que es la pretensión sustancial de la LOMCE) ni mucho menos forma ciudadanos capaces de entender e interpretar los complejos códigos del mundo global y de inmunizarse contra la manipulación cósmica que los inhabilita para una democracia real, que sería el pensamiento ideológico de la izquierda. Hay, finalmente,  un tercer argumento, que no pretende ser de autoridad científica, pero sí empírica. Más de medio siglo de empleado público y la mayor parte de ese tiempo dedicado a la inspección educativa me ha obligado a presenciar disfunciones, ineficacias, situaciones desordenadas, dejaciones, abandonos, irresponsabilidades, ineficiencias al fin, que solo lo público puede soportar porque los recursos malbaratados no son de nadie... al ser de todos.

En buena medida el spoil sysstem  o reparto de puestos de la Administración entre la clientela que ayudó en la victoria electoral es el responsable de que en España, y especialmente en las administraciones autonómicas, no se haya formado un cuerpo de administradores públicos de competencia contrastada. Cada partido vencedor lanza sin descaro a sus fieles y allegados sobre los pesebres públicos, que nunca son suficientes, por lo que hay que invadir el núcleo mismo de la función pública profesional parasitándolo de incompetentes e irresponsables. Hace unas semanas escuchábamos con vergüenza ajena las declaraciones que una exconsellera de Industria y Turismo de esta comunidad valenciana, imputada por varios delitos, hacía en sede judicial: ella no sabía nada de eso que se llamaba "Fitur", solo seguía las instrucciones del Presidente Francisco Camps y firmaba todo lo que le ponían delante los técnicos. Pues eso, ella no sabía nada de nada y por eso jamás debió ocupar un puesto directivo público.

En educación el problema es notoriamente más grave. Acceden a la titularidad de la Consellería, a las Direcciones Generales, Subdirecciones, Delegaciones Territoriales, Asesorías y demás puestos del organigrama −la vis expansiva no tiene límites−  personajes sin más capacidad administrativa en el mejor de los casos que el entusiasmo pedagógico y la disposición a administrar según el dictado de los funcionarios de a pie. Así se explica que nadie llegue con un proyecto grande o pequeño, con una ideílla que mejore la eficiencia en la prestación del servicio. En el año 1983  tuvimos que improvisar una administración educativa a partir de unos pocos docentes voluntariosos y dos Técnicos de Administración Civil disponibles en la Delegación Provincial de Valencia. Uno de los docentes de la D.G. de Enseñanzas Medias se me quejaba en 1995 en vísperas de ser desalojados −él, de su Jefatura de Servicio, y yo, de la Secretaría General de Presidencia− por la clientela del Partido Popular. ¡Qué pena, me decía, que la Administración desaproveche mi bagaje, con lo que he aprendido a gestionar! Al poco, en efecto, volvió a su Instituto a enseñar Ciencias Naturales.

Lógicamente, si no se da una buena dirección administrativa tampoco puede existir el control necesario en todo sistema. Cierto es que no solo hay que pensar en los típicos controles externos a cargo de un órgano técnico profesional. Existe además el control de jerarquía, que es el que realiza el directivo o jefe sobre sus subordinados, y se cuenta asimismo con el control social, que es el que hacen los distintos órganos colegiados o no colegiados de participación, consejos escolares, ampas, comunidad educativa en general. Pues bien, seamos claros: los consejos escolares están en manos del profesorado, las ampas son minorías burocratizadas que languidecen y la Inspección educativa (órgano técnico profesional) únicamente es admitida en los Centros educativos si informa, ayuda y asesora paternalistamente. Nadie puede evaluar a los profesores salvo ellos mismos. Pues, ¿quién desde fuera puede saber lo que pasa dentro de las paredes de las escuelas? Esa es la cuestión.

¿ESCOLARIZACIÓN OBLIGATORIA HASTA LOS 18 AÑOS?

La elevación del grado académico de los profesores y el aumento de los años de escolaridad obligatoria son sin duda dos factores que mejoran la educación de los pueblos. Otras variables del sistema escolar, si se activan positivamente, pueden favorecer una educación de más calidad, pero no lo hacen en relación tan predeterminada y certera. Por ejemplo,  la variable financiación, que, de no mediar una buena administración, no siempre se correlaciona en positivo con los resultados escolares. El nivel académico del profesorado y la duración de la educación institucional siempre acompañan al progreso de los ciudadanos.  A profesores más instruidos y formados corresponde una educación superior y una escolarización más amplia temporalmente  va de la mano de ciudadanos más aptos para la vida productiva y cívica. Estas son certezas dificilmente atacables. Entonces... ¿por qué el título de este escrito va en interrogante?

Al Partido Socialista se debe que la enseñanza obligatoria se extendiera hasta los 16 años al aprobar la LOGSE en 1990, culminando un larguísimo proceso histórico que partía desde la Edad Media, en que el concepto de infancia no existía, y pasaba por la Ley Moyano de 1857, según la cual los niños (digo bien, los niños, no las niñas) solo venían obligados a asistir a la escuela de los 6 a los 9 años. Al día de hoy, en un momento en que en España deben refundarse tantas cosas -entre ellas, nada menos, el pacto constitucional (léase al respecto  La reforma constitucional inviable, de J. Pérez Royo)- , vuelve el Partido Socialista a proponer  en el Borrador de su Programa para las Elecciones del 20-D  la valiente y arriesgada apuesta de una educación obligatoria hasta los 18 años.

Tal apuesta es difícil de atacar como norma general avalada por la experiencia. Sin embargo, desde la sociología crítica no han faltado llamadas de atención sobre los aspectos negativos que tiene el fenómeno de la creciente duración del tiempo dedicado por las nuevas generaciones a estudiar y prepararse para la vida, mientras la vida real se desvanece en la espera. La escuela se convierte en guardería, en ejército de mano de obra a la expectativa de destino laboral que no acaba de llegar nunca, la adolescencia se prolonga ad infinitum, la autonomía personal se hace imposible, la inmadurez se eterniza, la función disciplinante de la educación institucional se hace insoportable.

Las razones en favor del aumento de la duración de la educación, no obstante, siguen siendo poderosas: la tecnologización del sistema productivo exige competencias complejas adquiribles en largos procesos de aprendizaje; por otra parte, el enrevesado mundo de las relaciones sociales, económicas e ideológicas requiere también ciudadanos con niveles cada vez más altos de capacidad de abstracción, so pena de quedar reducidos a piezas recambiables y manipulables al servicio de la Gran Máquina. En definitiva, se trata de la necesidad imperiosa de formar capital humano, que es el elemento más determinante de la riqueza de las naciones.

La tendencia a prolongar la obligatoriedad de la educación es general en Europa. En el año 2009 casi el 90% de los jóvenes de 17 años estaba escolarizada y entre 2000 y 2009 la población de la UE-27 que cursaba estudios superiores se incrementó en un 22%. Entre 2005-2009 la duración media de la 'vida escolar' fue en la UE-27 de 17.2 años, siendo los paises de más alta 'esperanza de vida escolar' Bélgica, Finlandia, Suecia e Islandia con 20 años de promedio. En España la educación propiamente obligatoria es de 10 años (de los 6 a los 16). En general en Europa los países oscilan entre los 8 y lo 10 años. Sin embargo, Letonia, Luxemburgo. Malta y Reino Unido están en los 11 años, Portugal e Irlanda del Norte en los 12 y Países Bajos en 13. Con la reforma que propone el Partido Socialista, de 6-18 años, nos pondríamos a la cabeza de Europa en este aspecto, lo cual se conllevaría bien con la fijación de las líneas maestras para el nuevo país  que proyecta el PSOE.

La escolarización obligatoria hasta los 18 años supone un salto adelante tan trascendente que conviene asegurar cavilando mucho y haciendo bastantes números previamente: habrá que realizar proyecciones demográficas fiables en medio de la crisis económica y social (en España el grupo de niños-as de 5-9 años se incrementó en más del 16%  entre los años 2000-2010 y la previsión era que la tendencia se mantuviese hasta 2020, a diferencia del promedio de Europa); antes de nada, procederá reducir las actuales ratios alumnos/profesor incrementadas por 'los recortes', no sea que el alumnado de 17 y 18 años quiera embutirse en las mismas aulas físicas existentes, con la consiguiente masificación de los espacios, y tanto más si se tiene el objetivo de ampliar la escolarización por abajo, de cero a tres años; el mantenimiento del alumnado de 16 a 18 años, si no estamos dispuestos a regresar a las escandalosas cifras del abandono escolar de antes de la crisis, exigirá unos planteamientos curriculares y pedagógicos muy innovadores (en la realidad de las aulas, no en la literatura de los boletines oficiales), basados en la alternancia mano/cerebro, aula/empresa, en especial para el alumnado con más dificultades para el pensamiento abstracto...

El propósito del Partido Socialista es valiente y arriesgado, hemos dejado escrito más arriba. Pero la valentía y el riesgo comparten frontera con la temeridad y el fracaso y la sociedad española no está ya para más frustraciones. Tampoco puede quedar incumplida, una vez más, la promesa de la denuncia de los Acuerdos con el Vaticano y la consiguiente exclusión de la asignatura de religión católica del curriculum oficial. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.

¿ES GOBERNABLE LA EDUCACIÓN EN ESPAÑA? (X)

La gobernanza de la educación ha de contar con la participación de todos los agentes de la comunidad escolar (art. 27.7 de la CE), como ya dejamos dicho en anterior escrito. En el contexto del Estado liberal, el paradigma de la Administración, según Max Weber, se basaba en la formalidad legal, la eficacia y la jerarquía en la toma de decisiones. Posteriormente, el Estado social y democrático de Derecho introdujo un principio nuevo, el de participación. En este sentido, las Administraciones Públicas han venido creando órganos de participación para dar audiencia y acogida a las opiniones e iniciativas de los ciudadanos.

En la gestión de la actividad educativa institucional el principio participativo cobra una dimensión mucho más profunda. Si el objetivo de la educación es formar ciudadanos libres, participativos y críticos, la vivencia en la escuela de experiencias deliberativas y democráticas se hace imprescindible.

Hoy en Europa los sistemas participativos en el ámbito de la educación toman dos formas, no excluyentes entre sí, siendo el polo izquierda/derecha el que determina la hegemonía de una sobre la otra: la forma de los derechos individuales, que implica la elección de centro y modelo educativo, y la forma de los derechos colectivos, que supone la utilización de diversos órganos de participación para intervenir directamente en el gobierno, gestión y control de los centros escolares. En España coexisten en conflicto permanente las dos modalidades y son los avatares electorales los que inclinan la balanza de un lado o de otro. El seguimiento de la evolución competencial de los Consejos Escolares y de la figura del Director de los Centros es sobremanera esclarecedor.

La LOECE (UCD) limitaba la participación a las APAS (una o varias por Centro) y reservaba a la Administración educativa la elección de los Directores; la LODE  (PSOE) hablaba del «carácter o proyecto educativo propio» para los centros sostenidos con fondos públicos, ampliaba el concepto de participación (informativa, consultiva, de iniciativa, y decisoria) y atribuía al Consejo Escolar del Centro (art. 42.1.a) la competencia de elegir al Director y designar al equipo directivo propuesto, junto a la de proponer la revocación del nombramiento del Director; la LOPEGCE (PSOE) en el fondo trató de reforzar los controles y el orden en el Claustro y en el  Consejo Escolar y trajo cuatro cambios sustantivos: se crea la acreditación para poder optar a la dirección, se refuerza el papel de las AMPAs, el Consejo Escolar interviene en la elaboración y aprobación del Proyecto Educativo de Centro y, por último, se re-crea el Cuerpo de Inspectores de Educación, corrigiendo la ingenua estupidez de la Ley de 1984 que declaró los Cuerpos de Inspección a extinguir.

La LOCE (PP) recorta drásticamente las competencias del Consejo Escolar reduciéndolas a conocer, informar, proponer... El Director será seleccionado mediante concurso de méritos de entre los que estén en posesión de la certificación acreditativa. La LOE (PSOE) devuelve al Consejo Escolar las competencias de aprobar, decidir, proponer, fijar, revocar..., competencias éstas que la LOMCE (PP) acaba de derogar. Esto es un tejer y destejer y no hay manera de que la vida de los Centros transcurra estable, serena y productiva. La gobernanza se hace imposible.

Debe reconocerse, no obstante, que las dos líneas ideológicas lideradas por el Partido Socialista y el Partido Popular alcanzaron un importante grado de convergencia en la LODE en los temas nucleares de los Consejos Escolares y la Dirección de los centros, pero las cesiones no fueron suficientes para un PP  en vísperas de ganar las elecciones que le permitirían llevarse el gato entero al agua.

Pero más allá del enfrentamiento partidista, el hecho es que, según el estado actual de cosas, la participación de las familias a través de los Consejos Escolares es un fiasco; los padres y madres se asoman a las escuelas e institutos solo cuando son requeridos por los tutores; las condiciones objetivas de las familias (preparación, motivación disposición horaria)  para asistir a reuniones de Consejos o de AMPAs son escasas en el ambiente de una sociología urbana; los Consejos están subordinados a los Claustros y la figura de convidados de piedra de los padres y madres presenta pocos alicientes motivadores.

Y, sin embargo, la escuela pública ─desde cuya defensa escribimos─ no es tal si no participan todos los agentes de la comunidad escolar. El envite es frontal y sin paliativos: sin participación la escuela, en manos exclusivas de directores y claustros, será estatal, pero no público-comunitaria. No es fácil impulsar los procesos participativos ni en educación ni en los demás ámbitos de la vida social y política. Son tiempos terribles para salir del cascarón de la individualidad aplastada por la crisis y la manipulación del sistema. Pero algo hay que hacer:

Debería empezarse por la participación desde la base, creando ‘sencillos’ Consejos  en torno al Profesor-tutor, espacio donde tiene lugar la acción educativa directa de los alumnos.

Hay que devolver a los Consejos las competencias que la LOE establecía (si en los Consejos nada sustantivo se decide, poco interés van a tener las familias en formar parte de ellos)

Conviene llevar los esquemas participativos de los Centros públicos a los concertados, sostenidos también con fondos públicos.

El proceso de la profesionalización de la función directiva no impide que la vida en los Centros sea participativa.

En última instancia, como en tantos otros aspectos de la problemática educativa, la pelota está en el lado de los equipos directivos y de los profesores.  Si éstos no están por la labor, por razones de comodidad o de inseguridad, la participación no pasará de ser un entretenimiento burocrático vacío de contenido, un dispendio de energías que no favorece el buen gobierno de la educación.

VUELVEN LAS COLAS A LOS BANCOS

De mi lejana niñez de postguerra guardo muchos recuerdos sombríos. Uno de ellos es el de las ‘colas para el pan’. Una Orden Ministerial de 1939 había establecido el régimen de racionamiento para los productos básicos, con sendas Cartillas de cupones, una para la carne y otra para el resto de alimentos. Jamás lo olvidaré: era una mañana gélida, caía una rasca propia de Teruel en los inviernos de entonces; en las yemas de mis dedos sentía pinchazos de agujas de hielo; ante el ventanuco de la tahona un grupo de mujeres hacía cola; no tenían prisa, parloteando con la tahonera como si el tiempo estuviese detenido... y yo no lloraba de frío por vergüenza. Con el paso de los años, al leer el Quijote, el retrato de Maritornes  ─«moza asturiana, ancha de cara, llana de cogote, de nariz roma, del un ojo tuerta y del otro no muy sana…»─ siempre me ha evocado la imagen de aquella panadera que entretenía la cola del pan a varios grados bajo cero.

Eran tiempos de colas para todo y la gente estaba acostumbrada a esperar y esperar con la cabeza humillada. El síndrome de las colas parece que va unido a las dictaduras de un signo o de otro. En las comunistas, no existiendo la propiedad privada, las colas se hacían ante las ventanillas del Estado. En las de derechas, estando la propiedad mal repartida, las colas de la escasez se forman ante subsidiarias dependencias estatales o ante establecimientos privados de beneficencia. No sé si será de aquel trauma de la infancia  de donde trae su causa mi consolidada fobia a todo tipo de colas, sean cortas o largas, tengan como fin recibir un plato gratuito de paella festivo-comunitaria, una mesa en un restaurante o se trate de esperas obligadas para dar de alta un servicio mientras escuchas una voz impersonal que te dice intermitentemente «perdone las molestias, nuestras líneas están ocupadas»...

Durante los días de vino y rosas que vivimos en esta España nuestra parecía que la imagen de gente anodina, triste, formando disciplinada fila (pedir la vez era fórmula de educación) ante las ventanillas de las burocracias públicas y privadas constituía una estampa costumbrista de otros tiempos. Solo los grandes espectáculos de masas conllevaban naturalmente enormes colas de forofos. A la masa lo que es de la masa. Últimamente, sin embargo, vengo constatando con no poca reluctancia el resurgimiento de la castiza costumbre de hacer cola, no solo en las oficinas públicas ─que sería lo propio, dados los recortes de personal─, sino  ─lo que llama más la atención─ en los establecimientos comerciales privados. Vas a la Escuela de Idiomas y te encuentras con colas interminables curso tras curso, sin que a la Dirección del Centro o la Dirección Territorial de Educación se les ocurra nada para corregirlo; vas a un gran centro comercial donde antes los empleados se desvivían por atenderte y ahora a duras penas encuentras a uno que te oriente.

Pasaba hace unos días por la calle San Roque, de Castellón-ciudad, y me llamó la atención una especie de tumulto de gente apelotonada frente a un escaparate. Al acercarme comprobé que se trataba de clientela de una entidad bancaria. Confieso que no me sorprendió demasiado. En la mayoría de los bancos vengo observando clientes en cola ante los cajeros y dentro de las oficinas. Se han instalado aparatos electrónicos para sacar turno a la espera de que los empleados llamen por el número y la letra.

Se han suprimido decenas de sucursales de la periferia, se han tramitado numerosos expedientes de jubilación anticipada y todavía están pendientes ERES con resultado de despidos o traslados a otras oficinas de la provincia, de la región o del resto de la geografía patria. Esta es la otra cara de las colas: la de los bancarios, que aguantan sobre sus cabezas una diabólica espada de Damocles. Saben que se están gestando las listas del próximo ERE y ahí los tiene, aterrorizados, tratando de conseguir objetivos imposibles, tanto ingreso líquido, tantos seguros a contratar, tantos productos financieros a colocar.., y haciendo horas por la tarde, horas impagadas, horas meritorias, horas a las que nadie se niega por no distinguirse no sea que en ello vaya el puesto de trabajo. El director presiona a los empleados, el responsable regional a los directores de sucursal (en un abrir y cerrar de ojos de la dirección se puede pasar a la atención en caja) y los ejecutivos centrales a los regionales. Proliferan los correos electrónicos dando instrucciones, incitando, exigiendo, controlando. Nadie de abajo tiene respiro, han desaparecido los horarios de salida, la conciliación de la vida laboral y familiar, la vida humana. Voy tan presionada al trabajo cada mañana, me confesaba una empleada de una Caja, que me tengo que tomar una tila cada día.

Han vuelto las colas a los bancos, todo un síntoma de los tiempos oscuros que creíamos haber superado: los bancarios, abatidos, coaccionados y angustiados por el puesto de trabajo en riesgo y los clientes aguantando colas agradecidos porque, gracias a Dios y al gobierno del PP, nos hemos librado de las colas de un corralito. Está visto que en este país nuestro es difícil librarse de hacer cola.

¿ES GOBERNABLE LA EDUCACIÓN EN ESPAÑA? (IX)

Por mucho que se repita que el profesorado constituye el factor fundamental en la educación institucional no será suficiente, más allá de la retórica, mientras los futuros maestros y profesores de secundaria no se extraigan entre los mejores bachilleres, la formación inicial no se base en Planes de Estudio sólidos y consistentes, el ingreso en los cuerpos docentes no se produzca a través de procedimientos racionales y objetivos, el perfeccionamiento en ejercicio no se desburocratice y, en fin, el régimen jurídico docente no pivote sobre el principio de que el colectivo docente, por muy numeroso y potente que sea, debe subordinarse a la finalidad del sistema, que es una educación de calidad. Y no a la inversa.

Cualquier reforma escolar que no comience por afrontar la cuestión del profesorado está abocada al fracaso, malbaratándose los recursos utilizados. Las revisiones curriculares, la actualización de contenidos, métodos y criterios de evaluación, las propuestas organizativas más participativas, las innovaciones pedagógicas más audaces, la disposición de las tecnologías más punteras, la mejora de los edificios y del aparataje informático e, incluso, el incremento de las dotaciones financieras (y no digamos nada de la adulación ladina de los poderes públicos hacia los profesores)... de nada o de muy poco servirán si no se reforma la formación y la selección de los docentes de las escuelas e institutos. Es el ojo, la mente incisiva o roma del maestro la que hace brillar o ensombrece, afila o mella el espíritu del alumno y la que vivifica y potencia al resto de los elementos del sistema.

Por tanto, no se reforme nada en educación que no comience por el profesorado,  postulado éste que viene a secundar  aquél otro que ya enunciamos en anterior escrito: prescíndase de toda reforma global que no cuente con el acuerdo de las fuerzas politicas mayoritarias.

Hemos repasado toda la historia de la formación de los profesores y analizado los distintos Planes de Estudio, a partir de la primera Escuela Normal, la de Pablo Montesino, de 1839; la Escuela Normal Central surgida de la Ley Moyano, de 1857 y la integración de las Normales en los Institutos de Enseñanza Media. Nos hemos detenido con placer en el célebre Plan Profesional de 1931, de la II República. Nos hemos deprimido con la vuelta en 1939 a la caverna del Plan de 1914 y hemos vivido en directo (y en algún caso sufrido personalmente) la miseria de los Planes de 1945 y 1950  y la lenta recuperación de los Planes de 1967, 1971, 1992 y 1996, hasta el actual Plan perfilado en el Espacio Común Europeo de Estudios Superiores. Y hemos concluido lo que sigue:

Primero.- A las Facultades de Magisterio deben ir los mejores expedientes del Bachillerato, de forma similar a lo que ha sucedido en Medicina, donde los mejores alumnos han hecho la mejor Sanidad. Esta es una verdad apodíctica.

Segundo.- La formación científico-cultural del Bachillerato es insuficiente. Para enseñar hay que saber mucho de aquello que se enseña. La polémica entre contenidos científicos y saberes didácticos casi siempre es falaz. Normalmente de la abundancia del corazón habla la boca y un saber profundo de la matemática se comunica con facilidad, mientras que mal puede transmitirse lo que solo superficialmente se conoce. Por tanto, el Grado de Magisterio habría de incluir 1/3 de horas lectivas para la formación científica (Letras y Ciencias por igual).

Tercero.- Después del Grado, sería imprescindible crear una especie de ‘MIR’ para profesores, con un proceso selectivo rápido y objetivo para cubrir las plazas que las Administraciones Educativas ofertasen en función de las necesidades del sistema: un primer examen tipo test de cuestiones cognitivas de respuesta inequívoca y un año de desempeño de un aula bajo la guía de un tutor titularizado al efecto y gratificado por su cargo.

Cuarto.- El ingreso en el Cuerpo docente del Magisterio se determinaría por las notas medias obtenidas durante los estudios de Grado, el examen de ingreso en el ‘MIR’ y la nota  otorgada por la Comisión de evaluación ad hoc.

En relación con el régimen jurídico del maestro ya en ejercicio, cabe formular algunas indicaciones operativas, dada la imposibilidad de abordar el tema en sus múltiples implicaciones. En primer término, hay que modificar toda disposición que impida la constitución de equipos docentes estables: concursos de traslados permanentes, engrosamiento de una masa de interinos con ‘derecho de permanencia’, falta de autonomía de los centros para seleccionar parte de su plantilla (con todas las garantías de objetividad que se quiera), rigidices de la Administración para reorganizar sus efectivos en función de las necesidades, unidimensionalidad funcional de las especializaciones, etc. En segundo término, debe afrontarse la tarea pendiente de la evaluación del profesorado (el que lo mismo ocurre con el resto de los funcionarios no es excusa). No puede ser que un profesor, una profesora, culmine 40 o 50 años de vida profesional sin que en su hoja de servicios exista la más somera anotación de cómo ha hecho su trabajo. Esta situación beneficia y cubre a los mediocres y a los que construyeron en sus clases un monumento al tedio y la ineficacia, pero resulta lacerante e injusta para magníficos, excelentes profesores que hicieron de la ley de la maestría su quehacer diario.

Los profesores de Secundaria merecen una consideración aparte, si bien los principios generales planteados para el Magisterio les son aplicables. Obtenido el Grado, los aspirantes a  profesar en las Enseñanzas Secundarias habrían de superar un examen del mismo perfil que los maestros para acceder al ‘MIR’ de Secundaria (Máster, en la actual terminología), que duraría dos años, uno dedicado a los saberes psicopedagógicos y otro al desempeño de un aula, bajo la dirección de un tutor.

En fin, la buena gobernanza de la educación exige enfrentarse con la cuestión de los profesores, que no está resuelta ni mucho menos en la matriz de Europa. La escuela pública está en juego. Todos los funcionarios docentes la quieren y sus representantes todo lo que dicen es a favor de ella, mas la sospecha de que la escuela pública sea solo de los profesores persiste.

LOS ‘COMPAÑEROS DE VIAJE’ DEL INDEPENDENTISMO CATALÁN

A la espera del 27-S, acude a mi mente el título de uno de los últimos ensayos del maestro de historiadores, el catalán Josep Fontana, El futuro es un país extraño. Título que no se refiere a la ‘cuestión catalana’, sino a  «una reflexión sobre la crisis social de comienzos del siglo XXI» desde una perspectiva global. Pero no me negará el posible lector que el insigne historiador marxista-nacionalista inconscientemente no haya logrado una metáfora brillante y esclarecedora del panorama que se prepara en Cataluña para después de las elecciones. Porque, prima facie, el catalán va a ser un país extraño.

Para empezar, ya es chocante que la rotura del eje derecha/izquierda y su sustitución por el de independentismo/no independentismo distorsione los resultados electorales que adelantan las encuestas. Tomando los promedios de los votos que obtendría cada partido, agrupamiento o coalición, hemos calculado que las fuerzas de derechas (CDC, C’s, PP...) apenas alcanzarían los 63 escaños, mientras que las izquierdas (PSC, Catalunya Sí que es pot, ICV, ERC, la CUP...) no bajarían de los 75. En Cataluña gobernaría la izquierda, lo que parecería lógico después de las políticas antisociales del conservadurismo neoliberal y de la corrupción del partido del actual Presidente de la Generalidad y sus secuaces, con la familia Pujol a la cabeza y el 3% por estandarte nacional.

Por contra, el eje independencia/no independencia hace que en el polo secesionista se mezclen y sumen los liberal conservadores de CDC, la izquierda republicana de ERC, los socialcristianos de DC, los exsocialistas del Moviment d’Esquerres, MES, los ‘independientes’ de la Asamblea Nacional, ANC y Omnium Cultural, el ‘independiente’ Raül Romeva (que hasta el mes de mayo militaba en ICV)...  Y a toda esta tropa hay que añadir, aunque vaya en lista separada, a la gente de la candidatura de Unidad Popular, Crida Constituent (la CUP)... La suma total es una mayoría absoluta en escaños que roza la mayoría en votos.

Por otra parte, el análisis de las líneas maestras de los programas electorales nos pone ante la evidencia de dos hechos: primero, que CDC, ERC, CUP, ANC, OC  et alterii tienen como primordial e inmediato objetivo la independencia; y, segundo, que, acto seguido, CDC pretendería constituir una República burguesa neoliberal, ERC querría una República más o menos de izquierdas, la ANC y OC coincidirían en el punto de llegada con CDC, la CUP pugnaría por una República anticapitalista. Extraña situación. Culminado el hito de la independencia,  a los acompañantes del  proceso se les aparece una encrucijada de varios caminos: ¿Quién decidirá la dirección a tomar? Los votos, responderán los separatistas. Ah, pero en ese momento de la historia y en ese punto de la ruta habrá que contabilizar los votos de los partidos no independentistas de principio, lo que complicará todavía más las cosas a la hora de predecir quién se llevará el gato al agua o, por decirlo en una expresión clásica de la jerga política, quién ha sido ‘compañero de viaje’ y quién ha sido amo de la caravana, guía durante la aventura y empoderado del destino último. Es decir, quiénes han sido los tontos y quiénes los listos

La categoría política de ‘compañeros de viaje’ fue acuñada por Trotski en 1923 en referencia a aquellos defensores del comunismo que, no obstante, se resistían a ingresar en las filas del Partido. Desde entonces la conceptualización se aplicó con éxito a todos aquellos que coincidiendo total o parcialmente con las ideas de los partidos comunistas no daban el paso a la militancia de carnet, pero colaboraban con ellos desde la ciencia, la cultura, el periodismo. Durante el franquismo la nómina de ‘compañeros de viaje’ que siguieron, escoltaron e hicieron cortejo al convoy del PCE fue numerosa. Por aquellos años el PCE era una referencia épico-estética que ejercía enorme atracción en sectores emergentes de la sociedad, de la cultura y la intelectualidad. Cuando, ya en democracia, a primeros de los ochenta del siglo pasado, encalla electoralmente el PCE, y es el Parido Socialista el que toma las riendas del proyecto progresista, el gran cortejo de militantes, simpatizantes y colaboradores de los auténticos luchadores comunistas españoles se fue poco a poco raquitizando hasta hacerse insignificante. Hacer el escrutinio de la vida y milagros de aquellos ‘comunistas coyunturales’ proporciona un decepcionante saldo de aprovechados, buscavidas, trileros y taimados que sacaron raja de la luchas del Partido. Preguntarse por ─entre Marcelino Camacho y Ramón Tamames, por ejemplo─ quién fue ‘compañero de viaje’ de quién no es ocioso.

Tampoco es inocua la interrogación por el papel que está jugando (y jugará en el futuro post 27-S) cada uno de los actores en el envite por la independencia de Cataluña. En este momento, a escasas horas de celebrarse las Elecciones, solo hipotéticamente puede responderse.  En el paisaje después de la batalla será necesario hacer inventario de los vencedores y de los vencidos En esta enorme patraña que supone el happening independentista habrá que averiguar lo que ha sido de los diversos componentes del coro, en el que hay desde ‘niños de coro’ hasta sicofantes, desde danzarines hasta cantores a varias voces. Lo que procede afirmar hoy ─historia magistra vitae─ es que Mas y lo que representa no serán los perdedores. Los ‘compañeros de viaje’ habrán sido otros, no ellos. La lucha de clases, por muy difusos que estén los contornos de los grupos sociales, existe, como debe saber el prestigioso historiador catalán, señor J. Fontana, marxista nacionalista, que nos obligó a leer las 1230 páginas de su monumental libro Por el bien del Imperio. Una Historia del mundo desde 1945 para demostrarnos que todo lo que ha ocurrido en el mundo desde 1945 ha sido «por el bien de Imperio» (americano, se entiende).

También debemos agradecer al señor Fontana la feliz metáfora que, con tristeza, aplicamos a Cataluña al inicio de este artículo: «El futuro es un país extraño».