EL ABORTO Y EL CHOQUE DE CIVILIZACIONES

No es fácil en la aprobación de las leyes importantes evitar la personalización, por más que los Anteproyectos sean aprobados colegiadamente por los gobiernos.  Así ha ocurrido con la  ley de  educación, LOMCE, denominada Ley Wert, y así va a suceder con la ley del aborto, conocida ya como Ley Gallardón; y si la ley de seguridad ciudadana no toma el nombre del ministro del Interior es por su apellido demasiado común… En el caso de la Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada (el título se las trae, sobre todo en la segunda parte del enunciado), la personalización la busca el propio ministro de Justicia al declarar que la exclusión de las malformaciones del feto como supuesto para la interrupción de un embarazo está motivada en una “convicción personal”.

Las convicciones personales son en principio respetables y las conductas coherentes con ellas merecen reconocimiento. Pero cuando una persona actúa en el campo de lo público y trata de gobernar al resto de los ciudadanos ─en este caso, el cuerpo de la mitad de la población, las mujeres─ desde una moral particular ubicada extramuros de la ciudadela de los valores comunes de la ciudadanía, esa persona se convierte en un peligro social.

No nos llamamos a engaño. El señor Gallardón no está solo: detrás de él está la jerarquía eclesiástica, un entramado de asociaciones del catolicismo fundamentalista, minorías etnocéntricas y el mismo presidente del gobierno, que deja hacer como si el “asunto” no fuese con él. Gallardón y Rajoy, Rajoy y Gallardón, dos personalidades políticas mendaces, hipócritas e impostoras, que tras un camuflaje de moderación y retórica leguleya esconden un integrismo derechista en el fondo inhumano.

Si nos fuese familiar la imagen del ministro de Justicia, del presidente de la Conferencia Episcopal y de las asociaciones defensoras de la vida y antiabortistas encabezando manifestaciones, protagonizando encierros, clamando a favor de los desheredados de la tierra, de los que tienen hambre y sed, de los sin techo, y, aún más, haciendo escraches contra los usurpadores de la mayor parte de los bienes del planeta, entones sí nos creeríamos que su defensa de la vida, la del concebido y la del nacido, iba en serio. No es así. Todo es una descomunal impostura.

Las motivaciones verdaderas, conscientes o inconscientes, de los movimientos compulsivos antiabortistas habrá que buscarlos por otros derroteros.  A finales del siglo pasado, Samuel Huntinghon sostuvo la tesis, con importante eco mediático, de que, superadas las guerras entre naciones y pueblos, los conflictos ideológicos entre comunismo, fascismo, nazismo, la Guerra Fría  y el triunfo de la democracia liberal, en el futuro los conflictos surgirán en los límites de ruptura de las civilizaciones; es el llamado “choque de civilizaciones”. Hablaba Huntinghon de la civilización occidental, con sus dos variantes (europea y estadounidense), la confuciana, japonesa, islámica, hindú, eslava, etc. Con NS Naipoul concedía a la civilización occidental el carácter de universalidad y la consideraba  la más conveniente a todos los hombres. El choque más probable aparecía entre las civilizaciones occidental e islámica y el terrorismo yihadista de los últimos tiempos no ha hecho más que convencer a los convencidos de una profecía que se autocumple, pasando por alto el esquematismo y falta de rigor científico de la tesis de Huntinghon.

Por otra parte, en el mundo occidental existe  un clamor de los líderes religiosos  contra la secularización o descristianización de la sociedad. Se abomina del relativismo moral y Rouco Varela  acaba de hacerlo del alcohol, las drogas y el sexo salvaje (sic). La descristianización de Europa es una denuncia que viene de lejos y los ideólogos culpables han recibido ya cumplida estigmatización de malditismo. Carlos Marx, que rebajó el cielo trascendente a la terrenalidad inmanente y alertó al pueblo de la función opiácea de la religión; Freud, que describió el sentido neurótico del fenómeno religioso; Nietzsche, que responsabilizó a la moral esclava del cristianismo de reprimir las energías más nobles y vigorosas del ser humano y de entristecer la civilización occidental.

Hay otros hechos además que preocupan a la minoría blanca, religiosa y bienpensante. Los escenarios demográficos no aseguran la continuidad de la clientela de  las iglesias. Si los movimientos migratorios siguen y se acrecientan, como es lo previsible, si magrebíes, saharianos, subsaharianos, indios, pakistaníes y chinos invaden las metrópolis europeas, si el aborto se liberaliza entre los autóctonos y la tasa de natalidad no alcanza la tasa de reposición, es cuestión de tiempo que se invierta la relación cuantitativa entre la población blanca-cristiana-nativa y la población oscura-no cristiana-advenida. En Cataluña, donde existen comarcas altamente pobladas por familias magrebíes muy fecundas, hace tiempo que los dirigentes nacionalistas vienen echando cuentas y lucubrando para preservar la pureza de la sangre y del aire que emana del Monasterio de Ripoll.

Acaso, pues, no sea el puro amor a la vida lo que mueve a los antiabortistas  en general. Hay razones que explican mejor el porqué es “moral”  incrementar la prole cristiana: la clientela disminuye y sin clientes no hay burocracia que subsista, sea civil o religiosa. Se necesitan angelitos para el cielo que les espera…, este perro mundo.

CESANTÍA Y LIBRE DESIGNACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS

El presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda ha evocado la cesantía  propia del turnismo de la Restauración (léase al respecto la magnífica novela ‘Miau’ de Pérez Galdós) para describir la limpieza étnica que el Ministro de Hacienda está llevando a cabo en la Agencia Estatal Tributaria. Ha aprovechado la ocasión también para hacer pública una reivindicación vieja del Cuerpo de Inspectores: la reducción drástica del  número de puestos que se cubren por el sistema de la libre designación.

Excluidos los puestos del personal eventual para asesores y asimilados, que no pueden exceder de un número determinado y cuya cobertura no requiere más requisito que la confianza del que tiene la capacidad de designar, el resto de la relación de puestos de trabajo de las Administraciones Públicas se cubre por el sistema de concurso o el de libre designación. El concurso evalúa los méritos objetivos y la Comisión Evaluadora propone el nombramiento del funcionario o funcionarios de mayor puntuación. La Administración viene obligada a nombrar a los funcionarios propuestos, que a partir de ese momento son inamovibles, salvo en las circunstancias y supuestos establecidos reglamentariamente. La inamovilidad de estos funcionarios no es un privilegio, sino la garantía de la independencia e imparcialidad de la Administración Pública, bien protegido constitucionalmente.

El otro sistema de cobertura de los puestos es “la libre designación con convocatoria pública, consistente en la apreciación discrecional por el órgano competente de la idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto” (artículo 80 del Estatuto del Empleado Público). Y en el punto 4 del mismo articulo se dice: “Los titulares de los puestos de libre designación con convocatoria pública podrán ser cesados discrecionalmente…”

Dos cuestiones queremos destacar en la libre designación. Se refiere la primera a la relación cuantitativa entre puestos de concurso y puestos de libre designación. El mismo Estatuto obliga a las distintas Administraciones a establecer los criterios para determinar los puestos de libre designación en atención a su especial responsabilidad y confianza. Los políticos del gobierno de turno tienden a incrementar los puestos de libre designación reduciendo los de concurso, en contra de la profesionalización de las Administraciones. Podría asentarse este principio: a más puestos de libre designación menos neutralidad, menos independencia y menos profesionalización.

La segunda cuestión alude al concepto jurídico de la discrecionalidad, en base al cual se hacen los nombramientos y los ceses del sistema de libre designación. No deja de sorprenderme el que, incluso licenciados en derecho, entiendan de forma vulgar el término discrecional como sinónimo de arbitrario. Sin embargo, la discrecionalidad no significa ausencia de derecho, sino que debe atenerse a lo que Tomás R Fernández llama test de la razonabilidad.  La arbitrariedad es antijurídica y de ella nos defiende la propia Constitución en su art. 9.3.

A mi entender, el cese de los funcionarios en puestos de libre designación no puede hacerse sin motivación, so pena de incurrir en arbitrariedad por parte del órgano que decide el cese. La jurisdicción contenciosa tendría mucho que decir en muchos casos en que, sin más motivo que la excusa de la pérdida de confianza (política) se remueve de sus puestos a funcionarios competentes y honestos.

El presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda, recogiendo el sentir mayoritario del Cuerpo, se queja de que en la AET la práctica totalidad de los puestos reservados a los Inspectores son de libre designación. A partir del puesto de entrada, que es el de Jefe de Unidad, todos los demás son de libre designación. Esta situación es la que ha permitido cesar fulminantemente a una Inspectora que sostuvo una sanción de 450 millones de euros contra los 15 que ha impuesto el gobierno.

Esta es la situación que nos aboca a la cesantía de los funcionarios del siglo XIX.

EL FISCO VUELVE A MANOS DEL SOBERANO

El tambor mediático redobla en estos días por las desgracias que asolan a la Agencia Estatal Tributaria. ¿Qué pasa en este organismo público tan crucial? Aparecen hechos sospechosos de injerencia  gubernamental: al margen de la amnistía fiscal  ─que tiene la marca de ser pro Bárcenas─ están las fincas “erróneamente” atribuidas a la infanta Cristina, el caso Noos, la convalidación de facturas previamente rechazadas  y ─la gota que ha colmado el vaso del escándalo─  ahora el expediente sancionador de la empresa Cemex, que se ha llevado por delante a la Inspectora de Hacienda actuaria, junto con otros ceses y dimisiones de altos cargos de la Agencia.

No hay injerencias políticas, dice el ministro del ramo. Pero los ceses y dimisiones son innegables, están en el BOE. Por causa de reestructuraciones derivadas del cambio reciente del Director General de la AEAT, explica la Vicepresidenta del Gobierno. Porque la cúpula de la Agencia era un nido de “socialistas”, se sincera el señor Montoro.

Los Inspectores de Hacienda en general, y especialmente los adscritos al Departamento de grandes empresas, instruyen expedientes sancionadores de una enorme complejidad contable, financiera y jurídica, de la que la razón técnica no siempre es capaz de dar una explicación unívoca e incontrovertible. Criterios dispares se contraponen en el proceso contradictorio y, al final, por el cauce reglamentario ─en la Administración rige el principio de jerarquía─ acaba por imponerse el acuerdo de propuesta de resolución sancionadora, con los recursos correspondientes en vía administrativa previos a la jurisdicción contenciosa. Sin embargo, es este carácter poliédrico y controvertible  de los expedientes fiscales el que da pie precisamente a la entrada de la razón política, que como credencial presenta la ética de la responsabilidad frente a la ética de los principios. ¿Habrá sido, pues, la imposición de la ética de la responsabilidad sobre la ética de los principios la causante de la escandalosa minoración de la sanción a la empresa Cemex?

Aceptemos, por tanto, que las discrepancias en la aplicación de criterios y en las propuestas de resolución de los expedientes fiscales no tienen carácter excepcional. Lo excepcional es que las lógicas controversias terminen en ceses fulminantes y en dimisiones solidarias de los Inspectores actuarios. Esto es lo inquietante y de ahí la alarma social. Pues, ¿quiénes son los Inspectores de Hacienda?, ¿acaso este Cuerpo Superior de la Administración está dominado por “rojos” y pro-socialistas proclives a poner zancadillas a los gobiernos de derechas?

Los Inspectores de Hacienda son reclutados mediante una oposición muy rigurosa que exige amplios conocimientos jurídicos, económicos, fiscales y contables. No hay sistema selectivo que garantice el posterior rendimiento profesional, pero este tipo de concurrencia competitiva asegura de entrada unas cualidades personales altamente meritorias: capacidad de estudio, fuerza de voluntad, constancia, disciplina, autocontrol,  carácter, tolerancia a la frustración, etc.  Sociológicamente, es de evidencia palmaria, los Inspectores de Hacienda no son extraídos de las clases trabajadoras, no son individuos que movidos por un resentimiento de clase intenten hacer la revolución social desde la Agencia Tributaria.

Pero los Inspectores, Subinspectores y demás trabajadores de la AEAT sí son funcionarios competentes, disciplinados y honestos. Dudo mucho ─y conozco muy bien la idiosincrasia de las Administraciones Públicas, tras más de 45 años de empleado público─ , dudo mucho, digo, que exista un sector de funcionarios, con todas las excepciones del caso que se quiera, que cumpla más fielmente con los deberes, principios éticos y de conducta señalados en el articulo 52 y siguientes del Estatuto del Empleado Público: objetividad, integridad,  neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, discreción…

Como fruto de la profesionalidad y buen hacer del funcionariado de la AEAT, ésta, a pesar de su cometido “temible” para el contribuyente, gozaba de una excelente imagen pública. Los obligados tributarios teníamos la convicción de que la máquina burocrática no hacía distingos, no discriminaba, no admitía recomendaciones ni peticiones de favores, al margen de que las leyes tributarias nos pareciesen más o menos justas y equitativas. Mas esa no era responsabilidad de los funcionarios; estos nos proporcionaban certidumbre de una aplicación objetiva e imparcial por su parte.

El caso Cemex está a punto de arrasar con valores tan esenciales para la democracia como es el de una Función Pública  profesional e independiente de la política partidista. Otra institución básica de Estado a punto de ser devorada por las fauces de un gobierno empeñado  en la misión “marxista” de la desaparición del Estado, que no nos lleva al perfecto estado socialista, por cierto, superada la dictadura del proletariado, sino que nos retrotrae a tiempos pasados…

En el derecho romano, y también en las leyes castellanas del medioevo, el fisco integraba los bienes privados del emperador o soberano. El erario público se refería a los bienes del pueblo. Con el tiempo, y conforme el pueblo conquistó la titularidad de la soberanía, el fisco y el erario público se fundieron constituyendo la hacienda pública, depósito de los bienes comunes. Hoy, en España, parece que el fisco haya vuelto a manos del soberano, que no es rey o emperador, sino el partido gobernante que ha hecho de la AEAT una propiedad privada, al servicio de intereses privados. Y contra esto están los funcionarios honestos, sea cual sea su inclinación política.

PISA, REFORMAS EDUCATIVAS Y OTRAS ESTULTICIAS

En la presentación del último Informe Pisa se oye al ministro de Educación apostar porque en 2016 los presentadores del Informe tendrán ocasión entonces de congratularse de los progresos obtenidos, gracias ─se sobreentiende─ a su ley “para la mejora de la calidad educativa” (LOMCE). Sonríe el ministro como sugiriendo la suerte de su sucesor o sucesores que recogerán el fruto de su siembra…

Que un ministro de Educación, tenido por erudito y sabihondo, pretenda convencer a sus conciudadanos de que una ley, que en tres años no habrá dado apenas pasos, si es que alguno da, tendrá una influencia taumatúrgica en los resultados escolares, como si del bálsamo de Fierabrás se tratase, es un propósito tan descabellado que de su autor solo procede pensar que nos toma por estúpidos o que él lo es.

Está visto que PISA, en manos de los malos políticos, vale igual para un roto que para un descosido. Se ha convertido en un instrumento de manipulación de la opinión pública que se maneja de forma burda y grosera intelectualmente.

¿Quién que conozca el abecé del fenómeno educativo cree que una ley, una reforma educativa, con dos o tres años de vigencia influye para bien o para mal en los resultados académicos? Las reformas educativas que o no amplían el tramo de la educación básica obligatoria o no inciden en el estatuto jurídico de los profesores (acceso a los Centros de Formación, contenidos y estructura de la formación inicial (rasgos curriculares, organización de las prácticas, requisitos del personal docente de los Centros formadores del profesorado), sistemas de acceso a la enseñanza, carrera docente, retribuciones, perfeccionamiento profesional en ejercicio, etc., estas reformas, decimos, empaquetadas en flamantes Leyes Orgánicas, más allá del ruido mediático provocado por la recepción crítica de sectores de la comunidad educativa que se consideran perjudicados, apenas altera el quehacer pedagógico de profesores y alumnos en las aulas. En general, solo los equipos directivos leen la nueva normativa con la ayuda de la Inspección educativa, rebajada a simple órgano de intermediación administrativa, mientras el profesorado a pie de obra vive en perturbación permanente ante la catarata de modificaciones, que en el fondo no son otra cosa que innovaciones terminológicas, jergas recayentes sobre las ya existentes, envejecidas éstas antes de haberse estrenado en la práctica.

Recientemente, entre nosotros, a raíz de PISA, que evalúa “competencias”, se ha puesto de moda el imperativo de enseñar por competencias. Permítaseme la siguiente anécdota: al final de una charla sobre el tema impartida por uno de esos expertos pedagogos, predicadores de la buena nueva, que puntualmente surgen ad-hoc, la directora de un CEFIRE, con no poco agobio afirmó más que preguntó: “Entonces, con esto de las competencias, ¿tenemos ahora que empezar de nuevo, no?” Sin embargo, el buen profesor siempre ha dirigido su actividad docente a que sus alumnos fuesen capaces de utilizar lo aprendido en la vida práctica. J. Dewey ya nos dejó el conocido principio del  “learning by doing”. Es cierto que los profesores de corte tradicional han seguido la rutina didáctica de: motivar, exponer, explicar, ejercitar y, al final, aplicar lo aprendido.  Pero también es verdad que los buenos maestros han invertido la secuencia y han iniciado el proceso por el final, es decir, por el planteamiento de una situación problemática práctica de la vida cotidiana que hay que resolver, y a partir de aquí han trabajado para que los alumnos adquiriesen los conocimientos, las capacidades, las destrezas y técnicas para ser competentes en la solución del problema.

Si el programa de evaluación PISA supusiese sólo la modificación del enfoque didáctico que acabamos de indicar  (enseñar por competencias), poca objeción cabría hacerle. Sin embargo, en PISA subyace otro fondo ideológico que conviene desvelar.

En primer lugar, la “empresa” responsable de PISA se llama Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), cuyo objetivo es la promoción de políticas diseñadas para:

-    “Alcanzar el empleo y el crecimiento económico sostenible más alto y un nivel de vida creciente en los países miembros, a la vez que se mantenga la estabilidad financiera, contribuyéndose de ese modo al desarrollo de la economía mundial.

-   Contribuir a la expansión económica sólidamente fundamentada en el proceso de desarrollo, tanto en los países miembros como en los países que no lo son.

-  Contribuir a la expansión del comercio internacional de modo multilateral y no discriminatorio de acuerdo con las obligaciones internacionales.”

Pues bien, en el seno de una organización como ésta de sentido tan economicista es donde nace el Proyecto Internacional para la Producción de Indicadores de Rendimiento de los Alumnos (PISA). Los marcos conceptuales de la evaluación del Proyecto PISA  describen “qué se evalúa” y “cómo han sido elaboradas” las pruebas  por equipos de expertos para la lectura, las matemáticas y las ciencias. Las demás áreas del currículo no entran, no interesan al aparato productivo. Esta visión reductora proyecta un hombre unidimensional dirigido en exclusiva a la producción y al consumo. Los ideólogos de la OCDE se suelen preguntar: ¿Hasta qué punto los jóvenes están preparados para enfrentarse a los “retos del futuro”? La pregunta debiera ser: ¿Hasta qué punto los jóvenes están preparados para decidir y determinar qué retos del futuro merecen la pena desde el punto de vista humano? Porque el hombre es algo más que un ser para la economía. Más bien la economía se debe al servicio del hombre.

En efecto, ciñéndonos a la inteligencia ni siquiera es ésta una entidad unívoca. Ya a principios del siglo pasado Spearman formuló la teoría bifactorial de la inteligencia, según la cual se daba un factor G  (general) y un factor S (específico: verbal, numérico, visual…). Y más tarde  (1938), Thurstone, utilizando el análisis factorial, describió diversas dimensiones de la inteligencia: fluidez verbal, comprensión verbal, espacial, perceptivo, lógico, numérico, memoria… No hace mucho (1983) Howard Gardner planteó su teoría de las inteligencias múltiples: lingüístico-verbal, lógico-matemática, espacial, musical, corporal-kinestésica, intrapersonal, interpersonal, naturalista. 

Esto que dicen los científicos de la psicología forma parte del saber empírico de la gente común.  Nadie es inteligente total. Ni siquiera los genios lo son para todo y en todo. Tampoco hay incapaces absolutos. En cada hombre siempre hay algún talento a descubrir y a alentar por los buenos maestros. Pero para PISA solo existe la lengua, las matemáticas y las ciencias. Ni los músicos ni los filósofos importan. Par producir y consumir incluso estorban, distraen.

En segundo lugar, y en un plano más técnico que ideológico, la clasificación jerárquica de los países participantes en la evaluación por el número de puntos obtenidos no es para tomársela como si estuviese grabada en roca. El saber (información, conocimiento, sabiduría) es bastante refractario a la medición. La traducción del saber de un alumno a una dimensión cuantitativa (número de puntos) presenta problemas epistemológicos de envergadura que las sofisticaciones estadísticas no resuelven. Por otra parte, los países objeto de comparación son tan diversos por el volumen de población, la homogeneidad o heterogeneidad de ésta, su tradición ilustrada o reaccionaria, su nivel socioeconómico, etc. que requieren una lectura de sus resultados en clave relativista y autoreferenciada.

Todo lo hasta aquí dicho nos conduce a dos conclusiones:

Primera. El fenómeno PISA necesita ser desmitificado y los resultados de las evaluaciones trianuales han de ser leídos en su contexto, siendo siempre datos muy relativos, nada absolutos.

Segunda. Se debe hacer oídos sordos a las estulticias que los malos políticos ─analfabetos funcionales muchos de ellos en temas de educación─ suelen decir al interpretar los resultados de PISA. Porque oír que el paro en España se debe a la maldad de la LOGSE, por ejemplo, no hay tímpano humano que lo soporte. Cuando miles de jóvenes sobradamente preparados tienen que exiliarse, ¿cómo se puede vomitar tamaña majadería? Pues con todo el descaro del mundo lo han hecho, entre otros políticos del PP, la señora Cospedal y la señora Esperanza Aguirre, dos lumbreras.

EL MIEDO, ESA EMOCIÓN FURTIVA

Después de la sentencia recaída sobre Carlos Fabra, dos consecuencias a modo de corolarios se han planteado en forma de interpelación pública: porqué sigue de Secretario General de la Cámara de Comercio y, en cuanto tal, como vocal del Consejo de Administración de Port Castelló, y, en segundo término, qué administración o institución paga a los escoltas que hoy por hoy continúan acompañándolo a todas partes.

¿Debería el señor Fabra cesar en su cargo de Secretario General de la Cámara? Veamos. Las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación son corporaciones de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar. Tienen por objeto defender y promover los intereses de los comerciantes y empresarios agrupados en ellas y, a fin de cuentas, son órganos consultivos y de colaboración de las Administraciones Públicas. Se financian con las cuotas de los adscritos y también de subvenciones de la Unión Europea.  El Secretario General es seleccionado mediante convocatoria pública, su estatuto es de régimen laboral, vela por la legalidad de los acuerdos de los distintos órganos, en los que tiene voz, pero no voto. Si no fuera por su carácter laboral, diríamos  que es un cuasi-funcionario; en todo caso se acerca bastante a la función de un empleado público. Por  otra parte, este secretario no es un secretario cualquiera. Es el factótum, el todopoderoso  dispensador de favores, aquél que dio existencia  a todos los que le rodean o al menos permitió que existiesen. Desde la Presidente al último empleado de la Cámara, de una forma u otra todos están obligados al ex-Presidente de la Diputación.

Claro que debería cesar en su puesto el Secretario General. La imagen del empresariado de la Cámara lo exige. Nadie moverá un dedo. Acaso algunos de los beneficiados ─así es la condición humana─  se sientan incómodos y hasta resentidos contra el que, desde su podio de poder, los humilló, los empequeñeció, los obligó a la genuflexión o, simplemente, les recuerda su tiempo de menesterosidad. Y, si hablamos de responsables del gobierno valenciano, la conclusión es la misma. Qué puede decir la Consellera de Infraestructuras, señora Bonig,  sino indocumentadas excusas. Y el otro Fabra, el M.H. President de la Generalitat, cachorro de la misma camada, qué  “puede” hacer. Nada.

La segunda cuestión se refería al enigma de los escoltas: ¿Quién les retribuye su salario? Una tras otra Administraciones e Instituciones han negado ser ellas las pagadoras.  La prensa y el resto de medios de comunicación en su afán indagatorio han deducido que  el condenado no podía correr con ese gasto, pues, según propia confesión, carecía de dinero para pagar la multa de Hacienda. Conclusión precipitada, por cierto: el dinero es maleable y sus circuitos poco transparentes; se puede tener dinero para algunas cosas y no tenerlo para otras. Hay otra hipótesis posible: que los escoltas trabajen gratis et amore, movidos por el carisma del líder. A veces la devoción y el fervor que provocan algunos seres superiores son tales que su proximidad, su roce, el formar parte de su mismo paisaje supone gratificación suficiente para los servidores. En fin, sea lo que sea, el tiempo acabará corriendo el velo del secreto.

Para mí, sin embargo, este asunto de los escoltas tiene otra perspectiva más radical, más interesante desde el punto de vista humano: porqué, para qué necesita el señor Fabra (don Carlos) llevar un par de escoltas a todas partes;  a qué o a quiénes tiene miedo, si ETA ya no mata.

El condenado declaró en rueda de prensa que no temía entrar en la cárcel y hace bien, pues yo también creo que no irá a ese lugar tan impropio de su estirpe. Explicó su valentía en base a un hecho: él hace muchos años que se afeita, como un machote. Ah, pero el miedo es una emoción subrepticia y furtiva que en ocasiones nos ocupa sin nosotros saberlo. Como el agua, aprovecha la mínima porosidad para penetrarnos y humedecer nuestros huesos. A lo peor es lo que le ocurre a nuestro carismático líder: que después de tantos años  protegido y blindado por guardaespaldas ─piel de su piel, carne de su carne─ tiene pánico a salir solo a la calle, una especie de agorafobia  extraña en un hombre hecho a vivir en olor de multitudes.

¿Veremos los castellonenses algún día a don Carlos Fabra deambulando por las calles de Castellón como un ciudadano más,  sin escoltas que lo protejan de no se sabe qué peligro? Ya se sabe, la gran mayoría de la gente lo quiere, lo adora y le está agradecida por tantas buenas obras hechas y, en síntesis, por haber puesto a la provincia en el mapa del mundo. Solo ante el peligro lo queremos ver. 

CONDENADO FABRA, GRACIAS SEAN DADAS

Condenado Fabra, procede expresar público agradecimiento a todos aquellos que de una u otra forma han hecho posible la justicia, aunque sea en grado mínimo. No se trata de regodearse en el mal ajeno (ni la desgracia ni la cárcel nos gustan para nadie), sino de reconocer el mérito a quienes, con no pocos riesgos laborales, sociales y personales, han tenido la valentía de enfrentarse a conductas corrosivas del “pacto social”, del consenso sobre el que descansa la convivencia democrática. El respeto a las reglas del juego es garantía de la paz social y el que se las salta infringiendo los códigos civiles, penales o de la moralidad básica debe ser identificado y sancionado. Cuando a la captación abusiva o delictiva de rentas públicas por parte de individuos antisociales no sigue el reproche social o de la justicia penal es de esperar que surjan ciudadanos tentados a la insumisión o la insurrección…, ante las que la represiva Ley de la Seguridad Ciudadana  que acaba de aprobar el Consejo de Ministros no servirá  de cura.

Hoy hay que recordar con agradecimiento a la juez de Nules,  Isabel Belinchón, que fue la primera en abrir diligencias penales contra el entonces Presidente de la Diputación de Castellón. Lástima que un inoportuno traslado forzoso la obligase a dejar el juzgado de Nules. A buen seguro que el procedimiento no se habría alargado tanto.

Especial reconocimiento merece el joven juez Jacobo Pin, sin cuya competencia, honradez y profesionalidad jamás el sumario hubiera llegado a juicio. Las presiones soportadas y las tentaciones vencidas nos las podemos imaginar. Quizá nunca se sepan en detalle. Hasta ahora conocemos del amparo que se vio obligado a recabar del CGPJ ante el marcaje procesal de la Audiencia Provincial, presidida por quien, según propia confesión, mantenía una relación cordial y afable con el entonces inculpado.

Muy reconfortados nos sentimos los que pagamos impuestos al escuchar en el juicio oral la deposición de los dos Inspectores de Hacienda que actuaron como peritos de la Fiscalía. Cuán de agradecer es la claridad, contundencia y convicción técnica  de estos funcionarios públicos y qué importancia tiene el acceso a la función pública por sistemas regidos por la publicidad, el mérito y la capacidad, principios constitucionales sistemáticamente abolidos en el cacicazgo de la provincia de Castellón.

En segundo lugar, estamos obligados con los medios de comunicación social y los periodistas que en primicia o de segunda mano dieron noticia pública del caso Fabra desde el inicio hasta la producción de la sentencia. Dénse por aludidos todos los participantes en la “campaña mediatico-política” que ha amargado la vida al defraudador de Hacienda. Los periodistas se equivocan bastante; trabajan a ritmo frenético; a veces no contrastan las fuentes; en ocasiones escriben de oído sobre temas complejos; y cualquiera que haya tenido responsabilidades en la gestión pública sabe que entre lo que a veces aparece en los periódicos y las radios y la realidad vivida hay pocas coincidencias… Y, sin embargo, sin prensa libre no hay democracia. Este es un principio primero que no necesita demostración. ¿Podemos imaginar qué habría sido del caso Fabra sin el seguimiento de la prensa?

En tercer término, debemos felicitarnos los ciudadanos de a pié que, en la medida de nuestras posibilidades, de viva voz o por escrito rechazamos y despreciamos la conducta del señor Fabra, y en ningún momento fuimos conniventes o formamos parte del coro de aduladores y beneficiarios del reparto de favores y prebendas.

Finalmente ─y en contra de lo que hoy se acostumbra─ corresponde reconocer a los políticos de la izquierda de Castellón que tuvieron ánimo suficiente para enfrentarse al todopoderoso Presidente de la Diputación. El que esta labor formara parte de sus obligaciones (control de la Oposición sobre el poder gobernante) no disminuye su mérito. Imagínese la sala de Plenos de la Diputación: en el centro, presidiendo, el MIURA, flanqueado por dos mansos, rodeado del resto de la ganadería y aclamado por una clac enardecida… No era fácil poner alguna banderilla en el lomo del morlaco. Ximo Puig, primero, y luego Francesc Colomer, como jefes de la Oposición, sufrieron en sus carnes sus arremetidas. La joven diputada de EU, Marina Albiol, también ha dado muestras de coraje personal y político.

Es ésta asimismo ocasión para lamentarnos por todas aquellas personas del mundo de la judicatura, de la prensa, de la sociedad civil y de la política que o miraron para una parte, o guardaron silencio, o fueron conniventes, o colaboradores necesarios o compradores de los favores del cacique provincial. Todos respiran el mismo aire corrupto. Todos ellos llevan la marca provincial de la vergüenza y el desprestigio.

Punto y aparte requieren los comerciantes y empresarios agrupados en la Cámara de Comercio, que van a seguir pagando 90.000 euros a un condenado a cuatro años de cárcel por otros tantos delitos contra la Hacienda Pública. Si el valor de la  “confianza” es clave en el éxito de la empresa capitalista, el comercio y la empresa de Castellón tienen un negro futuro sobradamente merecido.

FINALIDADES Y CALIDADES DE LA EDUCACIÓN (III)

 

De unos años a esta parte la palabra calidad se ha hecho omnipresente en el discurso de la educación. A. Marchesi (Controversias en la educación española, 2000) la tilda de “palabra mágica”. Dice además que “Curiosa o sorprendentemente, en las dos leyes básicas que han tenido un extenso desarrollo, aprobadas respectivamente en 1970 y 1984, la Ley General de Educación (LGE) y la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), no se habla en ningún momento de la calidad de la enseñanza”. Pero este dato es falso; en la Exposición de Motivos de la LGE de 1970 se puede leer: “Se pretende también mejorar el rendimiento y calidad del sistema educativo”.

No hay que llamarse a engaño. Toda reforma educativa ─lo diga explícitamente o no, utilice el vocablo calidad o no─  persigue una mejor educación, una educación de calidad, como ahora se dice. Hay una observación significativa: El Partido Popular ha aupado la mágica palabra al mismo título de sus leyes (Ley Orgánica de la Calidad de la Educación, LOCE, Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Educación, LOMCE), mientras que las leyes socialistas se han venido nombrando de forma temática o genérica (Ley Orgánica del Derecho a la Educación, LODE, Ley Orgánica General del Sistema Educativo, LOGSE, Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Educativos, LOPEGCE,  o, simplemente, Ley Orgánica de la Educación, LOE. La cuestión es saber de qué tipo de educación estamos hablando. Para evitar esta definición el partido de las derechas españolas se abandera con la idea de la calidad, concepto éste que cree indiscutible, pues nadie razonablemente osará oponerse al propósito de mejorar la calidad educativa. Las leyes del Partido Popular traen un nombre, un título, redundante y superfluo que pone énfasis en un señuelo que presenta como unívoco, la calidad, cuando está muy lejos de serlo.

La calidad para la LOMCE consiste en: debilitar el tramo de la educación básica y común introduciendo prematuros itinerarios; reestructurar el currículo centralizando las decisiones sobre contenidos de materias y asignaturas; eliminar la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos; fortalecer la presencia de la religión católica en las aulas obedeciendo a la Conferencia Episcopal; reducir las competencias de la comunidad educativa en la dirección y gobierno de los centros, etc. Es evidente que estos objetivos tienen más que ver con la ideología de la histórica derecha reaccionaria que con la socorrida calidad.

El término calidad se ha incorporado expansivamente al discurso educativo desde el mundo de la empresa privada, así que no parecerá mal método que en éste su campo originario sea donde busquemos una aceptable definición. ¿Cuándo predicamos de un bien o un servicio que tiene calidad? Sencillamente, cuando cumple a la perfección las finalidades de su ser. El ser de un frigorífico viene determinado por su finalidad: mantener alimentos y bebidas frescos, en buen estado de conservación, consumir poca energía, tener larga duración, precio competitivo, etc. El aparato que mejor cumpla estas expectativas será considerado como de mayor calidad… En esta terreno de la producción de bienes y servicios en general, gustos subjetivos al margen, no es difícil llegar a consensos de juicio a través de metodologías científico-técnicas.

La educación es un bien o servicio que de igual manera determina su ser por la finalidad a la que se ordena. Y aquí surge el conflicto: el Partido Popular y el Partido Socialista atribuyen a la educación finalidades diferentes. El uno utiliza la educación como instrumento de perpetuación de las desigualdades sociales y el otro pretende, con poco éxito por cierto, que la educación contribuya a la creación de una sociedad más igualitaria que permita a todos ser más libres. Es la idea que desarrollamos en el artículo anterior (II). De modo que a dos finalidades educativas diferentes corresponden dos ideas de calidad también diferentes.

Sin embargo, esto no siempre ha estado claro. No sólo en los gobiernos del PP, también siendo el PSOE responsable del Ministerio de Educación, en los últimos tiempos, los llamados “sistemas de gestión de la calidad educativa” ─auténtica basura pseudotécnica─ han invadido la escuela privada y por contagio la pública, produciendo residuos ideológicos y burocráticos altamente contaminantes. Es por ello que no podemos evitar la satisfacción al leer en los textos de la Conferencia Política del Partido Socialista estas palabras: “Un sistema de calidad es aquel en que todo el alumnado, en toda su diversidad y complejidad, encuentra respuesta a sus necesidades y tiene las mismas oportunidades de desarrollar sus capacidades”.  Según este criterio, un centro privado que expulsa al alumno que no puede seguir el paso ligero hacia la “excelencia” tiene muy poca calidad.

Se me permitirá que a modo de Anexo incluya aquí el articulo  titulado LA  CALIDAD DE LA EDUCACION: UNA CUESTION IDEOLOGICA, publicado en la revista Fulls d`inspecció, Núm.4. Desembre 2004.   

En asuntos tan humanos como es el de la educación pocas cosas son las que con el paso del tiempo cambian en realidad. Pero como los pedagogos y psicopedagogos están ahí, de cuando en cuando, cada vez más frecuentemente, montan grandes exposiciones de nueva cacharrería semántica, verdaderas revoluciones terminológicas, para vender los productos de siempre. Educación personalizada, educación comprensiva, educación de calidad (y sus correspondientes comparsas en forma de metastásica selva de siglas) son conceptualizaciones que sirven o han servido de reclamo al “cliente” en sucesivos momentos.

Decimos cliente por ponernos a la page de la última moda triunfante en el mercado: la calidad de la educación. En efecto, el nuevo vocablo-mito es el de la calidad y tanto lo es que incluso la última reforma legal –ahora empantanada por el nuevo gobierno- con no poca ostentación banal dio en titularse Ley de la Calidad.

Gestionar la calidad es el nuevo imperativo de los tiempos educativos, el nuevo grito de guerra. Gestionar la calidad (sic),  ¡La evaluación de la calida!, ¡A la calidad por la evaluación, ¡El liderazgo y la calidad! Diríase que palabra tan masivamente repetida designa un concepto bien perfilado e inequívoco, y, de hecho, parece que hubiera un consenso general tácito sobre su significado. Todo lo contrario. No hay concepto más equívoco y polisémico que éste de la calidad. Y aquí precisamente radica la batalla ideológica que la escuela pública está perdiendo. Veamos.

En la frontera de los años 70 (del siglo pasado) la llamada crisis fiscal del Estado de Bienestar trae aparejada la necesidad de echar cuentas, de medir, evaluar y comprobar resultados en función de los recursos públicos invertidos. Y se llega a la conclusión ─ya bajo el paraguas ideológico del “fin de la historia”─  de que la gestión pública es rígida, lenta, despilfarradora, ineficaz e ineficiente. Así las cosas, las socialdemocracias, encogidas y a la defensiva, se disponen a salvar los trastos, aunque con no mucho entusiasmo, montando estrategias para auditar y evaluar las políticas públicas y para ensayar modelos de gestión privada. No es suficiente. Los neoliberales rampantes no persiguen sólo la privatización de la gestión pública, su objetivo   va más allá: privatizar todas las necesidades y relaciones humanas y remitir su satisfacción y desarrollo al libre juego del mercado, único árbitro neutral al que “moralmente” los individuos particulares han de someterse. No se nos escapa en este punto que los valores y elementos constituyentes de lo público (cooperación, solidaridad, igualdad intrínseca de los participantes, racionalidad dialógica como método de comunicación y el acceso abierto a todos) han quedado aniquilados  y sustituidos por el individualismo, la competitividad desaforada, la segregación, la jerarquía como fuente de verdad y la accesibilidad restringida (privada) en función del estatus socioeconómico.

Si la educación fuese mera socialización (adquisición de pautas de conducta a través de las distintas unidades, especialmente en España, oficiales) y no acción intencionada orientada por una escala de valores y una visión global del hombre, la calidad de la educación bien podría ser objeto consensuado, algo medible y apreciado por igual en todo momento y en cualquier lugar. Pero la realidad es que no hay educación sin un sistema de valores subyacente. Y es este sistema de valores el que determina el tipo de indicadores de la mayor o menor calidad de los “productos”.

El problema surge al tener que fijar la vigencia e un determinado sistema de valores porque, superado el modelo cristiano y la visión unitaria del hombre y del mundo, el estado moderno reclama dos principios incompatibles entre sí: el de la neutralidad ante las distintas cosmovisiones y el de la responsabilidad  de promover, organizar y financiar la educación de los futuros ciudadanos. Y no vale la tolerancia como fin educativo para superar esta contradicción  entre neutralidad estatal y educación asentada en un sistema de valores preferido; es necesario un paradigma educativo positivo desde el que se pueda ser tolerante con el pluralismo axiológico inherente a las sociedades contemporáneas.

Pues bien, es en el espacio configurado por los elementos constituyentes de lo público ya aludidos antes ( igualdad intrínseca de los participantes, razonamiento como método de comunicación, accesibilidad y apertura a todos ) donde ha de fraguarse y modelarse , con la participación de toda la comunidad, el ideal educativo que ha de servir para deducir los indicadores de calidad… Por el contrario, lo que se está produciendo en los últimos tiempos, especialmente en España, es una inversión de este desideratum. Las finalidades, los objetivos y estrategias de medición de calidad de los productos de la empresa capitalista, so pretexto de la eficacia y la eficiencia exigidas por la crisis fiscal de las socialdemocracias, se extienden al sector de la educación a través del paso fácil que le ofrece la escuela privada (incluida, claro, la concertada). Y puestos ya en este terreno empresarial, se cita, se reta a la escuela pública a competir en y por la calidad, trofeo unívoco que está al alcance de todos. ¿Nos extrañaremos de que, confundidos los fines, no se advierta y denuncie la trampa ideológica que suponen ciertos medios o modelos de valorar la calidad, léase ISO9001:2000, EFQM, etc.?

Ya lo hemos sugerido. El tema viene de lejos. A finales de los 60 la filosofía de la acountability exportó desde la economía a la educación modelos de gestión y evaluación tales como el PPBS, Kenecevich, PC, el de la libre competencia de Friedman, el estructural de Hirschman… Los profesionales de la educación pública de entonces no hicimos de estos productos rutilantes del mercado nada que fuera más allá de la obligada recepción bibliográfica. Es de esperar que los jóvenes profesionales de ahora no estén tan desideologizados que acaben “enredados” en esa Red de Centros de Calidad como pajaritos ingenuos en una jaula, privados, “privatii”…”

                                                                                                            Diciembre de 2004.

EL FRACASO HISTORICO DE UNA EDUCACION BASICA Y COMUN EN LA ESPAÑA MODERNA (II)

La historia de la educación en la España de los dos últimos siglos es una incesante guerra ideológica entre las fuerzas progresistas y las conservadoras o retardatarias.

En la última parte del siglo XVIII y hasta 1808 tiene lugar una serie de transformaciones demográficas y en las estructuras productivas y sociales  que implican el paso de la sociedad estamental a la sociedad de clases de la industrialización capitalista. ‘La riqueza de las naciones’, de Adam Smith, tiene fecha de 1776.

Durante el Antiguo Régimen la educación es monopolizada por la Iglesia; la nobleza encomienda la educación elemental a preceptistas y leccionistas; los Ayuntamientos apenas disponen de escuelas mientras la Iglesia regenta una red de escuelas monásticas, y los escasos maestros se agrupan gremialmente en la Hermandad de San Casiano malviviendo miserablemente. Por otra parte, la educación secundaria apenas tiene entidad, reduciéndose a una antesala preparatoria para acceder a la Universidad, en manos de la Iglesia y detentadora de un poder autónomo respecto al poder regio ciertamente.

Cuando llegan los ilustrados traen de Francia una fe ciega en la educación como palanca del progreso y encuentran en Carlos III disposición bastante para, dentro de la misión modernizadora general, emprender en el campo educativo las reformas necesarias para sacar a España del estado de postración en que se encuentra. Es de necesidad perentoria erradicar la ignorancia, las malas costumbres y las supercherías. En este sentido la Iglesia es un estorbo y los ilustrados consiguen la expulsión de los jesuitas ─que controlan la enseñanza secundaria─ y  promocionan la creación de instituciones educativas de carácter privado (Reales estudios de San Isidoro, Academias de ingenieros, matemáticos, marinos, físicos, etc.). Esta estrategia pretende dos objetivos: expropiar a la Iglesia de su dominio absoluto sobre la educación (en especial de la Universidad) y, en segundo término, introducir las ciencias y técnicas experimentales frente a los estudios escolásticos degenerados en logomaquias vacuas y estériles.

Y aquí surge el reaccionarismo español que, en contra de la tesis de Menéndez y Pelayo, no conectaba con el pensamiento de los siglos XVI y XVII, sino que era también una importación francesa a través del abate Nonnotte. Nuestros reaccionarios lo tenían claro: la educación era muy importante, escribía el padre Zeballos; por eso no debía dejarse en manos de cualquiera, sino bajo la responsabilidad de maestros “de doctrina incorrupta” para poner freno a las experimentaciones y modernidades que trae el diablo para socavar las bases de la sociedad establecida.

El año 1808 es el principio de otra época. Nace el sentimiento nacional moderno, la sociedad estamental va quedando atrás y emerge una nueva sociedad inspirada en los ideales de libertad, igualdad y propiedad privada. Se tiende a la centralización, al fomento de la agricultura, la industria y el comercio y se defiende la propiedad libre e individual y los viejos mitos de DIOS, PATRIA y REY son sustituidos por el principio de soberanía nacional. Los liberales españoles recogen la herencia de los ilustrados y hay una proclamación sonora de fe en la instrucción pública y la igualdad ante “las luces” para lograr la igualdad y la libertad ciudadanas efectivas. Condorcet en su ‘Memoria sobre la naturaleza y objeto de la Instrucción Pública’ dejó escritas unas palabras que ilustran insuperablemente este ideario educativo: “Cuando la ley ha hecho a todos los hombres iguales, la única distinción que los separa es la que nace de su educación… El hijo del rico no será de la misma clase que el hijo del pobre si no los acerca alguna instrucción… Existirá, pues, una distinción real que no estará al alcance del poder de las leyes el destruir, y que, estableciendo una separación verdadera entre los que tienen las luces y los que son privados de ellas, la convertirá en un instrumento de poder para los unos y no en un medio de felicidad para los otros”.

Éste es, pues, el espíritu educativo que inspira nuestra Constitución de 1812, que en su artículo 366, del Título IX, dice: “En todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la religión católica…” El artículo 368 determina que el Plan General de Enseñanza será uniforme en todo el reino.

Aprobada la Constitución, el poeta Manuel José Quintana redacta el informe previo a la redacción de una Ley General de Instrucción Pública, que sólo en 1821 alcanzó el rango de norma legal. Para el ideario de la burguesía liberal la educación ha de ser: igual para todos, uniforme, gratuita, pública y libre. El Informe Quintana, que tanto debe al de Condorcet, llama la atención que en lo tocante a la libertad se aparte del modelo. Condorcet entendía la libertad como libertad de enseñanza de los maestros, que luego se denominó libertad de cátedra, mientras que Quintana la amplió al derecho de creación de centros escolares por la iniciativa privada.

No hace falta seguir aquí los avatares todos de nuestro siglo XIX y primer tercio del XX para comprobar que las alternancias de gobiernos absolutistas, liberal progresistas, conservadores, moderados, apostólicos… y las modificaciones incontables de los planes de estudios no consiguieron implantar un sistema capaz de ofrecer un educación general, básica, común, pública, gratuita y laica  que sirviese de argamasa nacional. Es el gran fracaso de la burguesía liberal que no supo o no quiso o no pudo. Tras las dos dictaduras, la de Primo de Ribera y la franquista, con el breve intermedio fallido de la II República, todo estaba por hacer. Visto en perspectiva, un estado sin recursos e incapaz de recaudarlos, estaba condenado a seguir entregando las instituciones educativas a la Iglesia, reduciéndose los programas educativos del progresismo a simple utopía o huera palabrería.      

Ya en democracia, el partido socialista tuvo que afrontar los problemas de la educación no resueltos por la burguesía liberal progresista, que los países de nuestro entorno cultural tenían liquidados años ha. Pero en la ardua tarea de asentar una educación general, básica y común hasta los 16 años, pública, gratuita, compensatoria y laica se ha encontrado y se encuentra con la oposición del Partido Popular y todas las fuerzas reaccionarias que agrupa, herederos activos de las ideas del padre Zeballos y del  primer reaccionarismo español: la educación es muy importante, sí, y por eso mismo hay que controlarla (objetivo para el que la Iglesia siempre está presta) y dirigirla hacia la satisfacción de las necesidades del aparato productivo y la conservación de una sociedad jerarquizada y desigual.

La LOMCE responde perfectamente a esta idea de la educación y la calidad que se invoca, concepto ideológico en estado puro, se predica cuando hay éxito en el objetivo clasificador y segregador. La educación que defiende el partido socialista conecta con el espíritu y la letra de la cita arriba transcrita de Condorcet: por ella se puede alcanzar la auténtica igualdad, que es la que nos permite ser libres. Sin ella no hay democracia.

Las propuestas de la Conferencia del partido socialista en educación deben marcar un punto y aparte, deberían ser reflexionadas por la comunidad educativa y merecen pasar por el crisol de su puesta en marcha en la próxima legislatura.

EL RENOVADO PROYECTO EDUCATIVO DEL PARTIDO SOCIALISTA (I)

Uno de los problemas de los partidos políticos de izquierdas  ─desafección ciudadana al margen─  consiste en la dificultad de hacer llegar a la sociedad lo que pretenden hacer (programa), lo que hacen, bien en el gobierno o bien en la oposición, y las circunstancias que determinaron los objetivos y limitaron los resultados obtenidos,  generalmente frustrantes.

En los mass media privados, que son empresas, la presencia de la derecha es hegemónica en última instancia, como parece obvio, en tanto que la izquierda se lamenta y se flagela contemplando impotente cómo se cumple la paradoja moderna de que cuanta más información hay circulando y disponible, más desinformación y más embotamiento se detecta en los ciudadanos. Debemos abrirnos a la sociedad, debemos esforzarnos más en transmitir nuestro mensaje…, expresiones de este tenor las he venido oyendo y leyendo de boca y letra de dirigentes, cuadros medios y bajos y militancia en general del PSOE hasta la saciedad. Pero ésta sigue siendo una cuestión que espera ser resuelta, como espera Sísifo éxito en su empeño de subir la piedra a la cima de la montaña. Es cuestión de paciencia ─la cultura se adquiere a fuego lento─, de que poco a poco los españoles nos vayamos recuperando de siglos de analfabetismo e incuria mental, del dogmatismo católico asfixiante de toda iniciativa científica o creativa, de la deseducación cívica…

El partido socialista acaba de celebrar una Conferencia Política en la que ha renovado su ideario socialdemócrata y actualizado su programa político, tras una larga temporada de reflexión sobre las causa del desastre electoral de 2011 y sobre las demandas de una sociedad deprimida y enfurecida contra los causantes del desastre, los bancos, los corruptos, en definitiva, los políticos.

Sin embargo, ante la amenazante entrada en vigor de una ley como la LOMCE ─segregadora, contraria a la escuela pública, displicente con el profesorado, mercantilizadota, instructivista, adoctrinadora, indiferente a la formación cívico-política─ resulta muy conveniente leer y reflexionar las propuestas que el  principal partido de la oposición ha hecho públicas. Es buena ocasión ésta para negar el eslogan de que “el PP y el PSOE la misma m. es”. Lo que propone el partido socialista en materia educativa nada tiene que ver con el ideario y los objetivos de la LOMCE. Más bien los postulados y propósitos aprobados en la Conferencia Política socialista suponen una enmienda a la totalidad de la Ley educativa de los populares.

El concepto de educación y de la calidad de un sistema educativo, la escuela pública frente a la escuela privada concertada, la ampliación de la escolaridad desde el primer ciclo de la educación infantil, la afirmación de la educación laica, la formación inicial de los profesores (el MIR docente) , la evaluación al servicio de la clasificación y de la competitividad, la dirección y gobierno de los centros, etc. son temas cruciales sobre los que la Conferencia se pronuncia claramente (piénsese en la enunciada denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979 a propósito de la laicidad) y de los que nos ocuparemos monográficamente en comentarios posteriores.

No se puede negar que entre el PP (partido en el que está toda la derecha, desde la más o menos centrada hasta la extrema) y el PSOE (desde el centro a la izquierda relativamente radical) existe una zona de solapamiento, pero de ahí a concluir reductoramente que ambos partidos, como todos políticos, son iguales es una falsedad que favorece a los intereses de los poderosos y que, por ende, al PP no sólo no le molesta, sino que está muy a favor de su propagación. Si la mayoría de los trabajadores, empobrecida y decepcionada con “los suyos”, se retira de la política por ser una mala política, la minoría voraz y envalentonada todavía hará una política peor. Es la misma advertencia que el gran Antonio Machado hacía a los jóvenes en su Juan de Mairena.

EL CIERRE DE LA TVV Y LA UNIDAD DE LOS TRABAJADORES

No seré yo quien arroje a la cara de los trabajadores de la TVV aquellas palabras de Martin Niemöller, equivocadamente atribuidas a Bertolt Brecht: “Primero se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío no protesté; después se llevaron a los comunistas y como yo no era comunista no protesté…”. Obreros, intelectuales y hasta curas sucumbieron unos tras otros ante el poder totalitario. Cuando éste se llevó al último, al indiferente, no quedaba nadie para protestar. Nadie se salvó.

Ya digo, lejos de mí recriminar a quienes ahora tienen encima la losa del paro no haberse unido antes y rebelado contra los abusos, la manipulación y la corrupción pura y dura implantados en la televisión valenciana desde el mismo momento del acceso al poder del PP en 1995. Tampoco es momento de hacer clasificaciones de los trabajadores por el modo de acceso, grado de implicación en la gestión o actitud ante el mobbing sufrido por algunos compañeros.

Por unas horas aquello de “el pueblo unido jamás será vencido” pareció hacerse realidad. Tomada la TVV, los trabajadores empezaron a emitir libremente y a vomitar sapos y culebras contra los amos de la empresa. La revolución en marcha. Vértigo ante una pantalla  que mostraba con toda crudeza  las miserias hasta ahora silenciadas.

Este lock-out o cierre patronal va a tener consecuencias no calculadas por el Presidente Alberto Fabra. Va a convertirse en un tema-río de caudal inagotable que seguramente arrastrará toda la escoria producida por el PP durante casi 20 años. Menos seguridad hay sobre cuál sea el futuro de la unidad de los trabajadores de la TVV.

La identidad de los trabajadores en general y lo que en lenguaje sindical suponía la unidad de acción de la clase trabajadora hoy, en estos tiempos de postmodernidad, parece una utopía desvanecida.

El fenómeno del desempleo en el mundo ha inducido numerosos estudios en los que, a partir de la revolución tecnológica y de la información, se ha teorizado y dado carta de naturaleza a la modificación de las estructuras productivas, la diversificación de las ocupaciones, la necesidad de flexibilizar los mercados de trabajo, la fragmentación de éste y la imposibilidad de construir identidades y sujetos sociales entre trabajadores tan heterogéneos. Incluso se ha decretado la desaparición de la clase obrera, hecho del que trae su causa la crisis de la socialdemocracia  y el auge de las políticas neoliberales.

En mi opinión, sin embargo, las clases sociales no han desaparecido. Lo han hecho en sus tradicionales demarcaciones. Actualmente las fronteras son difusas y las autopercepciones engañosas, pero la sentencia de Sancho Panza sigue vigente: “Dos linajes sólo hay en el mundo, decía una agüela mía, el de tener y el de no tener”. En efecto, si salimos del esquematismo y profundizamos un poco, lo que percibimos es que en el gran reparto de la renta mundial hay unos, los menos, que reciben mucho más de lo que equitativamente les corresponde y existe una mayoría a la que le llega menos de lo justo, de acuerdo a una escala graduada que va de más a menos, desde la posibilidad de supervivir hasta la imposibilidad de hacerlo.

Conviene, por tanto, antes de resignarse a la proclamada imposibilidad de construir identidades entre los trabajadores, contar en primer término con objetivaciones estadísticas de la distribución de los trabajadores por sectores y ocupaciones, sobre salarios, condiciones de trabajo, etc. Porque pudiera ocurrir que la realidad objetiva igualase a más trabajadores de los que la heterogeneidad externa muestra, y que asalariados, autónomos, fijos, discontinuos, manuales, de cuello azul o de cuello blanco, legales e ilegales…, todos ellos disueltos en lo que se ha dado en llamar “trabajo líquido”, estuviesen más cerca de lo pensado de encontrar configuraciones novedosas de identidad propiciadoras de acciones en común contra la insoportable explotación de un sistema despersonalizado.

Si no se hace nada cuando no somos directamente afectados, ocurre lo que de forma descarnada ha dicho el prestigioso periodista Miguel Ángel Aguilar a propósito de la conducta de los trabajadores de la TVV: se pierde primero la dignidad para salvar el puesto de trabajo y al final se pierde también el puesto de trabajo.

EL ENGAÑOSO CASO DEL MINISTRO WERT

  

El juego de la política exige la personalización. Las controversias, los enfrentamientos ideológicos no se producen en el vacío, necesitan encarnarse en personas a las que responsabilizar de las acciones, sobre todo de los errores. Véase, si no, la última metedura de pata del ya tristemente famoso ministro de educación: se ceba en él toda la ira de los estudiantes del programa Erasmus, los ataques de la oposición que unánimemente piden su dimisión y el reproche general. Hasta, se dice, sus propios compañeros del partido lo han dejado a los pies de los caballos, hartos ya de tantas pifias y dislates.

Los hechos, sin embargo, al margen de la representación política, se empeñan en ser de otra manera. Ante el escándalo de la retirada de fondos a los estudiantes del Erasmus, que haya sido el ministro el que a iniciativa propia acudiera a la Moncloa a pedir árnica presupuestaria o que fuese el Presidente del gobierno quien le instase a desdecirse de lo ya hecho firme en el Boletín Oficial es algo de poca trascendencia. Al fin y al cabo los recortes presupuestarios en educación no son cosa del señor Wert, sino del gobierno colegiado que preside el señor Rajoy. ¿Alguien cree de veras que los conmilitones del PP están en contra de la política educativa del ministro?

¿Acaso la LOMCE es una ley que se le ha ocurrido al señor Wert en un sueño adolescente y que, sólo ante el peligro, crecido, enardecido por efecto de la crítica de toda la comunidad educativa, la ha sacado adelante sin la connivencia de todo el partido popular? Todos los elementos de la contrarreforma de la ley del PP corresponden con las posiciones ideológicas de la derecha española más ultramontana desde los ilustrados hasta hoy: privatización, enseñanzas medias seleccionadoras del alumnado de cara a la Universidad y no ampliadoras de los estudios primarios para toda la población y, por medio, siempre la Iglesia a su servicio, exigiendo su derecho a inspeccionar todos los centros, como en la Ley Moyano en base al Concordato de 1851, o como hoy, haciendo valer los Acuerdos de 1979 para imponer su presencia en las instituciones educativas. No es la educación para la derecha actual el único camino para que los hombres puedan ser libres como querían los liberales progresistas del siglo XIX, sino un instrumento para la selección y la clasificación de los individuos de acuerdo a las necesidades del aparato productivo.

Con el señor Wert o sin él la ley educativa del PP quedará ahí, a no ser que en las próximas elecciones el poder cambie de manos…, lo cual tampoco debe confiarnos demasiado, pues, si bien todos los partidos parlamentarios (lo de UPyD es caso aparte) están en contra, no todos lo están por los mismos motivos; a los convergentes catalanes les importa la recentralización, pero al PSOE le afecta más el sentido clasista de la ley, por poner un ejemplo.

Fuera de la simbología de la representación que es la política, no entiendo cómo la oposición se distrae pidiendo la dimisión del ministro Wert por aplicar un recorte impuesto por el programa de reducciones del gasto en educación propugnado por el gobierno del señor Rajoy. La LOMCE, que sólo por mor de la personalización, podemos llamar Ley Wert, es lo que importa; herencia envenenada que llegará a los centros añadiendo confusión al desconcierto existente, caos al caos. Seguramente todo calculado para que quien pueda se busque la vida en la escuela privada y quien no pueda… Quien no pueda qué nos importa.

INCOMPETENCA Y DESPARPAJO

Siempre leo con gusto a Javier Marías y en especial su última página de El País Semanal. Seguramente por coincidencia ideológica con sus tesis y sobre todo por la maestría en el manejo de la lengua. En su reciente artículo “¿Por qué nada sirve nunca de nada?” (3-11-2013) sostenía Marías que a todo político, presidente, ministro, alcalde, consejero o concejal se le debe suponer la posesión del “conocimiento y el criterio para desempeñar su cargo y que no necesita de ningún asesor, no digamos 262” (que son los que tiene el Ayuntamiento de Barcelona).

En términos generales parece inobjetable que quien acepta un cargo en la Administración ha de poseer una formación general y técnica en grado de excelencia para desempeñarlo. La cuestión de los asesores ─en estas fechas tan enfatizada en la prensa y las televisiones─  no es, sin embargo, tan esquemática. Dada la complejidad de los problemas que el mundo actual plantea en todos los campos de la actividad política, es comprensible que un presidente de gobierno o un ministro dispongan de un número limitado de personal eventual de su máxima confianza para algunos asuntos específicos no atendibles por el organigrama funcionarial.

Lo que ocurre desgraciadamente en España es que las necesidades de la clientela partidaria, ávida por capturar las rentas de las victorias electorales, han inducido a la generación de puestos remunerados en las Administraciones, al margen de los propiamente funcionariales. Conforme el personal numerario disminuye al ritmo de las jubilaciones por una parte, por otra los huecos son rellenados con la masa bastarda de asesores y apesebrados varios. Es un camino que retorna directamente a la cesantía de la Restauración. Así avanzamos: el señor Alberto Fabra ha aumentado un 60% el número de asesores respecto a la corte de los milagros de su antecesor, según cuenta la prensa.

Pero J. Marías nos ha suscitado a propósito de los asesores la cuestión de la incompetencia de los altos cargos de gobiernos y administraciones que tantos asesores necesitan. Y ahí sí que duele. Es precisamente la voracidad de la clientela partidaria la que, no satisfecha con la ración de las asesorías, ha llevado a la generación de Direcciones Generales y puestos asimilados superfluos destinados a personas mediocres o claramente indocumentadas, con el único aval del carnet del partido.

Este problema se hace tanto más grave cuanto más abajo se desciende en el nivel de las administraciones. Me refiero a las administraciones autonómicas y locales. Servirá de ejemplo el caso de la educación en la Comunidad Valenciana. Desde antes del Decreto de las Transferencias en Educación, de julio de 1983, he conocido profesionalmente a todos los Consellers y Conselleras y al parejo staff de secretarios autonómicos, directores generales, jefes de gabinete, etc. La mayoría, salvo alguna excepción, tenía algo en común: un desconocimiento ilimitado de la complejidad del sistema escolar y una ansiedad mal disimulada por salir del trance lo antes posible y verse aupado a otro cargo de menos conflicto y más relumbre. Pregúntesele al señor Pons, actual vicesecretario de la dirección del PP, qué hizo, qué huella dejó en su paso por la Conselleria de Educación.

Hace unos días la actual Consellera sacaba pecho porque en las últimas pruebas  de evaluación diagnóstica se habían notado mejorías en todas las áreas y etapas y se habían hecho descubrimientos tan sorprendentes como que los alumnos que más leen son los que mejor leen. Atribuye la Consellera tanta bienaventuranza al Plan de choque contra el fracaso escolar que se puso en marcha apenas hace dos cursos y a los contratos-programa (otra fantasmagoría más) de reciente invención. Recuerdo, ya en los momentos postreros de mi vida profesional como Inspector, la mañana en que la Directora General de la entonces llamada Dirección General de Educación hizo la presentación del dicho Plan de choque. Inolvidable. ¡Qué desparpajo! ¡Qué vacua palabrería! ¡Qué insondable ignorancia!

En educación no funcionan los planes de choque ni las pócimas crecepelo, a no ser que se pretenda someter a todo el profesorado a un electroshock masivo que le haga de la noche a la mañana experto en la administración de la ciencia infusa. La educación es una actividad parsimoniosa, entretenida, continua, persistente, pacienzuda, sistemática y de resultados no inmediatos. Si no se posee este conocimiento básico, que se adquiere con la experiencia y el estudio, se puede decir sin sonrojo que un Plan de choque contra el fracaso escolar ─plagado de lugares comunes, incoherencias y peticiones de principio─ es el responsable del milagro y la directora general que lo propagó (que hizo la propaganda de él) apuntarse el tanto político.

Cuando a la falta de conocimiento y criterio se le resisten los hechos se echa mano de las palabras vacías y del descaro adquirido en los avatares de la politiquería. Cuando la incompetencia se camufla tras la desinhibición y el desparpajo en los responsables de la gestión pública, el desastre está asegurado. En ese desastre estamos instalados en la Comunidad Valenciana.

PARO, ENFERMEDAD Y MUERTE

Los medios de comunicación acaban de hacerse eco de un informe de la OMS según el cual el paro tiene unas gravísimas consecuencias de carácter patológico, que en el caso de España con un 52% de desempleo juvenil amenaza con una inminente emergencia sanitaria.

No debe sorprendernos esta relación paro-enfermedad y, dadas las cifras de desempleados ─ese ejército de reserva de que dispone la economía global─ tampoco han de parecernos infundadas las previsiones catastróficas de la OMS. En efecto, de los daños sanitarios ocasionados por la falta de trabajo tienen diaria noticia los médicos de cabecera y las consultas de psicólogos y psiquiatras, mientras el ciudadano común los experimenta en sus propias carnes o en las de sus familiares y conocidos.

Pero todavía se sorprende uno menos al recordar al joven Marx de los Manuscritos económico-filosóficos. Desarrollando la tesis del carácter enajenante del trabajo en la Economía Política capitalista (el trabajo se extraña y enajena en la producción/capital), Marx escribe: “El trabajador tiene, sin embargo, la desgracia de ser un capital viviente y, por tanto, menesteroso, que en el momento en que no trabaja pierde sus intereses y con ello su existencia”. Más adelante, en el Segundo Manuscrito, prosigue el pensamiento marxiano: el obrero es tanto más pobre cuanto más mercancía produce; el propio trabajador se convierte en una mercancía, más barata cuantas más mercancías produce. El trabajo no sólo produce mercancía, sino que se produce a sí mismo y al obrero como mercancía. La Economía Política no conoce al trabajador parado, al obrero que se encuentra fuera de la relación laboral. Si delinque, se ocupará de él el policía, el juez o el carcelero; si cae enfermo, le afectará relativamente al médico; si muere, al enterrador. Para la Economía Política las necesidades del trabajador se reducen a la necesidad de mantenerlo mientras trabaja de manera que no se extinga  “la raza de los trabajadores”.

En las sociedades capitalistas el trabajo nos asigna identidades: una profesión, un oficio, un rol, un status. Nos integramos socialmente en el sistema mediante el trabajo. El empleo es el principal mecanismo de inclusión en las sociedades de mercado. Así pues, quien se queda sin trabajo o no accede a un primer empleo queda excluido del mercado, de la ciudadanía. No tiene existencia, es hombre muerto. Somos porque trabajamos y si no trabajamos no somos.

A propósito del objetivo de preparación para la empleabilidad que propugna la LOMCE, en un reciente artículo traje a colación dos representativos análisis sobre el trabajo en la sociedad actual: el de André Gorz en su Metamorfosis del trabajo y el de Jeremy Rifkin en El fin del trabajo. El planteamiento radical, anticapitalista, de A. Gorz, que tomaba la perspectiva de una utopía en que el tiempo de trabajo se convertía en tiempo liberado apto para la convivencialidad fraternal, la creatividad y la estética, en la práctica no ha tenido éxito alguno. Y en cuanto a Rifkin, cuyo diagnóstico de la realidad del desempleo producido por la revolución tecnológica puede ser bastante certero, tropieza en sus soluciones con las contradicciones de un sistema, el capitalista, que no puede funcionar sin la apropiación acumulativa del trabajo humano.

Las masas crecientes de desempleados que se extienden como un magma viscoso por el planeta global… ¿se dejarán morir de inanición lentamente?, ¿aceptarán resignadamente trampear y malvivir bajo las sombras de la economía sumergida?, ¿se hundirán en silencio en el pordioseo, la caridad de la beneficencia y la miseria física y moral? ¿O, por el contrario, los jóvenes sobre todo derivarán hacia la violencia individual o pandillera en una especie de guerrilla regida por la ley de la selva? ¿O acaso habrá lugar para un renacimiento de la lucha de clases a dimensión planetaria? Degeneró, fracasó el comunismo, pero ello no hace bueno al capitalismo y sus emperadores, en cuya mochila no hay menos crímenes contra la Humanidad. La historia no ha terminado, aunque el Imperio vigila, observa, espía y controla para que nada ni nadie se mueva. Es la vieja cuestión: cómo hacer que los detentadores de la fuerza y el poder acepten repartir equitativamente los bienes de la tierra.